- Al agravio de la muerte de mujeres en el estado se le suma la presunción de una ley que en 3 años mantiene sin castigo a autores intelectuales y materiales de estos crímenes
- El duartismo tiene como feminicidio simbólico el asesinato de la reportera Regina Martínez.
- Organizaciones feministas piden la alerta por violencia de género en Veracruz, la postura institucional es minimizar los hechos a pesar de la escalada de desapariciones y asesinatos.
Antonio Mundaca
CIUDAD ISLA, VER.- La realidad veracruzana sepulta las cifras de los festivales y la celebración del día internacional de la mujer. Número más, números menos, Veracruz es un estado donde muchas mujeres mueren de forma violenta y sus asesinatos quedan impunes. La maquinaria institucional usa la propaganda a modo con lugares comunes “compromiso social”, “mercado próspero para mujeres”, “reconocimiento a mujeres porque contribuyen al desarrollo de Veracruz”, “perspectiva de género”, “proyectos productivos para la igualdad”. Número más, números menos, las cifras de 178 desapariciones y 49 feminicidios reconocidos por el gobernador Javier Duarte, languidece frente a los datos que por cientos cuentan la historia de mujeres muertas en malas condiciones sociales por la culpa de un estado cínico y rebasado por la inseguridad y la soberbia.
De poco ha servido ser el séptimo estado en tipificar como delito el feminicidio por el Congreso Local desde el 22 de agosto del 2011, a casi tres años de la iniciativa presentada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa para mitigar la escalada de críticas por la estela de asesinatos que por una década impactaron la opinión pública durante los gobiernos de Miguel Alemán y Fidel Herrera y en el arranque de su gobierno se dispararan los casos en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida desde el gobierno federal los asesinatos van en aumento.
Cifras endémicas de mujeres asesinadas por razones de género o desaparecidas en la entidad se multiplican por decenas cada mes, han denunciado sistemáticamente organizaciones civiles. A sabido a poco un banco de ADN de cuerpos de mujeres víctimas, que en su momento fue vendido como una esperanza únicamente compartida con el Distrito Federal (DF) para que los familiares de mujeres desaparecidas pudieran encontrar a sus hijas, esposas, madres, en la larga lista de crímenes que durante tres años han abollado la iniciativa de ley duartista.
Desde la arrogancia gubernamental, Javier Duarte sólo reconoce las cifras oficiales realizadas por las dependencias bajo su mando. Envuelto en la institucionalidad de la estadística dura, desdeña las historias de los anónimos, los cuerpos que sin rastro y sin rostro no entran en el dictamen que incluya: una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier relación de hecho o amistad, una relación laboral, escolar o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad y la victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Y evita el debate con asociaciones civiles que promueven ampliar legalmente el término de feminicidio en el contexto del narcotráfico.
33 meses después de que el 16 de junio de 2011, Duarte presentara la iniciativa para especializar al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y obligara al Poder Judicial para contar con jueces y magistrados especializados en violencia de género, las organizaciones Desaparecidos de Veracruz y Colectivos por la paz Xalapa cuentan por miles las mujeres desaparecidas y datos de la Secretaria de Seguridad Pública Federal al 2013 ubican a Veracruz como un estado donde los responsables del asesinato de mujeres están vinculados a enfrentamientos de grupos del crimen organizado, ejecuciones y posibles nexos con redes de trata de blancas.
Regina: feminicidio en la frente del Duartismo
En tres años y nueve meses el gobierno veracruzano reconoce únicamente 49 feminicidios. Encerrado en la burbuja de la negación afirma que han disminuido, porque en el 2010 la coordinación de la investigación sobre Violencia Feminicida en el estado de Veracruz dio como cifra 300 casos.
“La fuente más confiable en torno a la incidencia de muertes violentas en las mujeres son las estadísticas del INEGI. En el último registro de estadísticas vitales del INEGI, en 2009 en Veracruz se registraron 101 casos de muertes de niñas y mujeres con presunción de homicidios, colocando a nuestro estado en el lugar número 15 en el conjunto de las entidades federativas”. Dijo a la reportera de Proceso, Regina Martínez, en la víspera de la aprobación de la reforma cuando los cambios legales fueron turnados para su dictamen y análisis a las comisiones de Equidad, Género y Familia, de Procuración de Justicia, de Derechos Humanos y de Justicia y Puntos Constitucionales.
En una lamentable ironía, Regina Martínez se convirtió en un símbolo del feminicidio en la frente del duartismo. El 5 de mayo del 2012 a escasos meses del homicidio de la reportera, el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres (Cidem) precisó que por la forma en cómo se había cometido el crimen según las investigaciones del gobierno veracruzano era un asesinato de género al estar presenta la misoginia.
“No era necesarita tanta crueldad”, dijo Marcela Turati en su texto “Tú y yo coincidimos en la noche terrible” publicado en el portal nuestra aparente rendición. La PGJE reconoció que su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y asfixia. El 23 de junio del 2012 se dio a conocer que la autopsia practicada al cuerpo de Regina Martínez Pérez, reveló la marca de una mordida en el cuello de la víctima, según la investigación ministerial 363/2012 se indica que con esta prueba pericial se estableció que se trató de un crimen pasional “o de motivaciones pasionales”. Con la intención de ubicar su asesinato fuera del ámbito de reportera el gobierno del estado filtró la versión del crimen pasional y eso lo tipifica como feminicidio según la regulación de este delito en América Latina y el Caribe y el Código Penal Federal, en su capítulo V, Artículo 325. Donde afirma que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Bajo la circunstancia del inciso II. “A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida “.
Olvidaron Ciudad Isla
Bajo el sol radiante de la Cuenca del Papaloapan, Ciudad Isla y Rodríguez Clara emergen en el estado con un alto índice de ejecuciones durante el sexenio de Fidel Herrera y Javier Duarte, del número incierto de asesinatos, el de mujeres convirtió a estos municipios en un foco de inseguridad visible más allá de las fronteras veracruzanas cuando salieron a la luz pública desapariciones que acabaron en homicidios con características particulares.
La respuesta fue el arribo a Ciudad Isla y alrededores de cuatro tanquetas artilladas del Ejército Mexicano el 29 de octubre del 2009 con el objetivo de brindar seguridad a la población, ante la ineficiencia de las autoridades locales para esclarecer los homicidios. El operativo se extendió a Playa Vicente y Rodríguez Clara. El ejército quedaría asentado en la zona varios años, enmarcado en el operativo “Veracruz Seguro” que fue bandera del Calderonismo hecha propia por Duarte de Ochoa en el inicio de su sexenio.
Los feminicidios en la ex comunidad de Tesochoacán tienen una raíz profunda. Según reportaje realizado por Luis Velázquez Rivera los asesinatos comenzaron en el año 2007; Mireya Domínguez Salas, de 19 años el 1 de abril del 2007. El 10 de mayo del año Balcázar Maldonado. Bertha Yanet Chávez Solís, de 13 años de edad, el 16 de diciembre del 2008. El 22 de abril del año 2009, Paula Ramírez de 34 años; Pascuala Sánchez, el 23 de junio de 2009. Yesica Reyes Pimentel, de 19 años; Juana Lueto Mendoza, de 16 años de edad, el 16 de octubre del 2009. Todas con huesas de tortura, desnudas, arrojadas a arroyos sin vida, apuñadas narró Velazquez Rivera en el Reportaje titulado “Impunes ocho feminicidios en Isla-Rodríguez Clara,Veracruz” publicado en Blog Expediente el 26 de diciembre del 2011.
El 21 de octubre de 2009, Nohemí Quirasco Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado sostuvo que el asunto de las mujeres asesinadas se manejaba políticamente, “no hay un patrón común entre las féminas para determinar un asesino serial o feminicidio”. Minimizó.
Pero el olvido de las muertas de Isla no oculta el problema. Evidencia los grados de cinismo institucional. El 18 de noviembre del 2013 fueron asesinadas una madre y su hija originarias de Matías Romero. El 3 de diciembre del año pasado con señales de tortura y violencia sexual, fue encontrado el cadáver de una mujer joven en un terreno de uso agrícola en el municipio de Hueyapan de Ocampo, municipio vecino de Rodríguez Clara en la región de los Tuxtlas. El 1 de noviembre del 2013, fue encontrado el cadáver de una mujer de 25 años de edad, sobre la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa a la altura del puente de la Tacoteno, tenía un disparo en la sien y signos de violencia sexual. También en el sur Mireya Rendón Huerta de 22 años, fue asesinada en el municipio de Altotonga el 3 de enero del 2014.
Los hechos no cambiaron con Duarte de Ochoa y las versiones de las dependencias de su gobierno tampoco. “Hay 3 mil 200 desaparecidas en nueve estados. Sólo en Veracruz han reconocido que existen 6 mil desaparecidas. Los demás estados no quieren dar cifras. Los feminicidios están ligados a las desaparecidas, porque probablemente algunas de ellas ya han sido asesinadas” indicó a finales del 2013 María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCF).
El 25 de noviembre, Felipe Amadeo Flores Espinoza, en su última comparecencia ante diputados del Congreso local como Procurador General de Justicia del Estado desestimó los datos de los colectivos feministas y de defensa de la mujer. “Solo se reconocen 49 feminicidios, eran casi 5 mil y al final de esta depuración se tuvieron 700”. El nuevo titular de la PGJE, Luis Ángel Bravo Contreras no ha hecho pronunciamientos sobre el tema.
Alerta de violencia que no interesa
La ley contra los feminicidios que pretendía dar de 40 a 70 años de cárcel por este delito quedó en el tintero de la efervescencia mediática. Hasta finales del 2013 no existían un número exacto de víctimas del delito tipificado y menos el número de casos a los que se le diera seguimiento penal. El principal obstáculo sostuvo Mayela García Ramirez, integrante del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación de la Mujer (CIDEM) es que las cifras eran minimizadas no sólo en el número de víctimas sino de desapariciones.
A pesar de que diversas asociaciones civiles han denunciado el incremento de crímenes y los han documentado durante tres años el gobierno veracruzano se ha negado a aplicar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitó desde noviembre del 2012 que Veracruz emitiera dicha alerta ante la cifra de 180 mujeres asesinadas entre enero y noviembre de ese año de acuerdo con datos de la PGJE. La alerta no se dio.
El 18 de julio del año pasado la subprocuradora de Atención a Delitos de Violencia contra las Mujeres, Consuelo Lagunas Jiménez, defendía la posición oficial basándose en siete hipótesis para la tipificación del delito, dentro de las cuales las que se contemplaba el parentesco, relaciones sentimentales, que el cuerpo haya sido expuesto al público, que haya recibido lesiones infamantes o degradantes o que haya sufrido algún tipo de atentado sexual.
“Tenemos la instrucción del Procurador – entonces Amadeo Flores- de aplicar una revisión física cada una de las indagatorias para que estemos en posibilidades de precisar el dato y determinar con exactitud el número de feminicidios de acuerdo con el tipo penal previsto en nuestra codificación”, precisó la funcionaria.
Contrario a la postura del gobierno de Duarte, García Ramírez denunció el 21 de octubre del 2013 que las autoridades veracruzanas no se habían vinculado con asociaciones que podrían brindar protección a mujeres en riesgo, como Alerta de Violencia de Género (AVG) contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
En medio del debate de los requisitos para ser declarado feminicidio u homicidio los crímenes contra mujeres, según un informe del Centro e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) hecho público el años pasado, Veracruz es la entidad con mayor índice de mujeres desaparecidas con 19 por cada 100 mil habitantes, seguido de Quintana Roo y Chihuahua, con 17, Nuevo León 16. Grupos de derechos humanos atribuyen la desaparición de mujeres al tráfico y trata de personas para ser atraídas por células del crimen organizado o explotadas sexualmente. Como ejemplo cita los hechos ocurridos el 20 de septiembre del 2011 donde de 35 cadáveres masacrados y expuesto de manera masiva en la zona dorada de Boca del Río, 12 eran de mujeres
