- Sin responsables consignados, sin los nombres de los miembros del patronato que han financiado la construcción o dictámenes periciales revelados, y sin los documentos que demuestren las cantidades detalladas de las indemnizaciones y con declaraciones de las víctimas de haber recibido amenazas, la Iglesia apuesta al cerco informativo y niega el acceso a la información a documentos oficiales que transparenten el proyecto millonario.
Texto: Karen Rojas Kauffmann /
Tuxtepec, Oax.- Hace un año, faltando 15 minutos para las cuatro de la tarde, el techo de la nueva catedral de Tuxtepec se desplomó. El saldo fue de cuatro trabajadores de la construcción muertos, 27 empleados lesionados, y todo un pueblo movilizado, unido por la impotencia que da la incertidumbre ante el dolor de la desgracia.
Luego la búsqueda urgente de los cuerpos, que tras la caída de la cimbra de La Barca quedaron sepultados, y con ellos, la verdad sobre las condiciones mínimas de seguridad con las que trabajaban, los salarios raquíticos que recibían, el trato inhumano y prepotente que ejercían las autoridades eclesiásticas, y los seis años que laboraron sin prestaciones de ley.
Con la muerte de Roberto Joaquín Cabrera, de 44 años de edad; Gabriel Dionisio Esteva, de 58; Randy Dionisio Roque, de 29; y Roberto Campos Lara, de 45 años, la diócesis tuxtepecana signó una marca de podredumbre y envilecimiento nunca vista hasta ahora, por autoridad eclesiástica alguna en la región de la Cuenca del Papaloapan, y que a un año del siniestro sigue abriendo una pústula profunda en la conciencia moral, social y política del pueblo.
Sin responsables consignados, sin los nombres de los miembros del patronato o dictámenes periciales revelados, y sin los documentos que demuestren las cantidades detalladas de las indemnizaciones –que según la diócesis fue de tres millones-, las autoridades municipales en turno contribuyeron a ocultar la cloaca de corrupción que desde los dos cotos de poder –el político y el eclesiástico- se gestaban, a pesar de que el entonces Vicefiscal de la Cuenca del Papaloapan, José Matus Cruz, presumiera que los dictámenes periciales –que son los documentos que presentan las conclusiones minuciosas a las que llegaron los peritos, y que son necesarios para que el juez presente su resolutiva-, serían dados a conocer públicamente, y con la debida pertinencia.
Pero a un año de los hechos nadie se ha hecho verdaderamente responsable, aunque el primero de septiembre de 2016, la diócesis tuxtepecana a través de su apoderado legal, el abogado José Alberto González Escamilla, quien fuera asesinado el 31 de diciembre de 2016, en su domicilio en la Colonia El Trigal, informara, casi seis meses después del accidente, que se habían realizado pagos por casi tres millones de pesos, cumpliendo así con la obligación obrero patronal y el pago de reparación del daño, aunque, aseguró, no era imputable a la diócesis. Sin embargo, 4 de los veintisiete lesionados que hasta ese momento permanecían hospitalizados, no habían podido ser indemnizados por carecer del alta de seguridad social que les impedía llevar a cabo el trámite correspondiente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Seis años sin prestaciones de ley
Ricardo Dionisio Vázquez, quien perdió a su padre Gabriel Dionisio Esteva y a su hermano Gabriel Dionisio en el derrumbe, afirmó una semana después del accidente, que nadie había querido hacerse responsable de los hechos. “No quieren dar la cara, nos quedamos sin un peso, mi papá era el pilar de la familia, yo también trabajé ahí y me salí porque nos pagaban una miseria, lo más que pagaban eran 1.800 pesos y entrábamos a las seis de la mañana y salíamos a las 8 de la noche. Trabajamos seis años sin seguro, sin prestaciones, sin días libres”, explicó tras el asesinato culposo de sus familiares.
En reiteradas ocasiones –antes y después de la caída de la cimbra- los empleados de la construcción denunciaron ante sus patrones y las autoridades municipales, que no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), revelaron que incluso, el sacerdote encargado de la obra prefería despedirlos que pagar la prestación correspondiente de ley.
A un año de distancia, el Obispo de Tuxtepec, José Alberto González Juárez, aseguró que sólo sigue pendiente una indemnización de las 27 existentes, pues el IMSS no ha resuelto el estado de salud del empleado sobreviviente y se desconoce, por el momento, si la pensión será de carácter total o parcial. Por el contrario, Marisol Landeros Quijón, viuda de Randy Dionisio Roque, reveló que la diócesis incumplió con el pago de la indemnización, pues dijo haber recibido una cantidad mucho menor a la estipulada, y reconoció haber sido persuadida para que aceptara firmar un monto mayor. Afirmó que después del pago nunca más tuvieron contacto ni con el abogado ni con el obispo, quien se había comprometido a darle seguimiento al estado de salud emocional y económico de su familia.
Marisol Landeros, contradice la versión del Obispo de Tuxtepec
La madre de Marisol, viuda de Randy Dionisio Roque, ratificó que las autoridades eclesiásticas no le dieron la cantidad que le correspondía, el abogado de la diócesis les pidió dinero para asegurarle a Marisol el pago completo de la reparación del daño, sin embargo, al no tener dinero para adelantarle al abogado, dijo, no le entregó a mi hija el dinero que le pertenecía. “Para una mujer pobre el dinero que le dieron no es nada. Marisol compró un terrenito barato en un ejido, un refrigerador chico, una mesita, unas sillas y sus trastes que le hacían falta. En su terrenito alcanzó a construir un cuartito pero no tiene luz, ni agua y se quedó sin dinero. Ahorita se quedó en seros, y no tiene para hacerle su cabo de año, yo no la puedo ayudar, también soy viuda. Mi hija no trabaja y tiene a sus dos hijos. Una sobrina le va a regalar unos pollitos para su cabo de año. Es todo”, confesó.
Durante la misa que celebró la diócesis –a un año- de los empleados caídos, González Juárez sostuvo haber mantenido un acercamiento permanente con cada uno de los sobrevivientes, aunque la ausencia de los trabajadores de la construcción en la celebración, evidenció la falta de atención que han tenido las autoridades eclesiásticas desde el accidente.
Dos vicefiscales, una investigación empantanada
El nuevo Vicefiscal de la Cuenca del Papaloapan, Fernando Santiago Hernández, aseguró que aunque no han girado órdenes de aprehensión, la fiscalía verificó que las indemnizaciones correspondientes se llevaran a cabo conforme a la ley.
Reportó un avance en las investigaciones del 90 por ciento, y –al igual que el exvicefiscal, José Matus Cruz– prometió que en breve, podrían dar a conocer los detalles de las indagaciones.
Durante el homenaje que realizó la administración del Presidente Fernando Bautista Dávila por el primer aniversario luctuoso, las autoridades municipales se comprometieron a becar a dos de los hijos de las víctimas. El presidente de Tuxtepec se comprometió también a coadyuvar y vigilar los trabajos de construcción de la nueva catedral, que dijo, están próximos a reanudarse. Y aunque refrendó Bautista Dávila el trabajo coordinado con la diócesis, enfatizó que es deber de las autoridades eclesiásticas, transparentar la información –como los nombres de los miembros del patronato o las cantidades de las indemnizaciones- que aún se desconoce.
Mientras tanto, el reto inédito de la nueva administración será el de velar el derecho que tenemos al acceso de la información, a fin de poder establecer un equilibrio entre los derechos y las obligaciones que tenemos como sociedad organizada, y por fin dejar atrás las heridas profundas que la administración del ex Presidente de Tuxtepec, Antonio Sacre Rangel, nos legara resultado de los pactos, los acuerdos y las complicidades entre las autoridades eclesiásticas –insensibles al dolor del pueblo- y el tráfico de influencias que desde el gobierno municipal, con el accidente de La Barca, se develaran.
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