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  • Las mujeres mazatecas en resistencia enviaron una carta al Presidente de la República tras mantenerse dos meses en huelga de hambre frente a la instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal.
  • Acusan dilación sistemática en los procesos judiciales de siete presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón.

 

Karen Rojas Kauffmann /

 

Oaxaca de Juárez.- A poco más de dos meses de la huelga de hambre y el plantón que sostienen afuera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la Ciudad de México, Mujeres Mazatecas en Lucha por la Libertad de Presos y Desplazados de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, enviaron una carta en la que hicieron un enérgico llamado al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que se agilice el recurso de revisión de un amparo interpuesto contra Herminio Bonfil Avendaño, Jaime Betanzos Fuentes y Fernando Gavito Martínez, por el supuesto delito de tentativa de homicidio, ahora contra la diputada Elisa Zepeda Lagunas, durante el conflicto violento que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2014, con el se pretendía disolver la Asamblea General Comunitaria.

Durante la lectura de la carta dirigida al presidente del país, la abogada Argelia Betanzos Zepeda, hija del profesor Jaime Betanzos, uno de los siete indígenas mazatecos que aún permanecen presos en el Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet, informó que “el próximo 12 de agosto empieza el Término para que el Tribunal Colegiado Federal con sede en la ciudad de Oaxaca, informe si otorgará o no el amparo en favor de varios compañeros”.

La abogada mazateca puntualizó que “esa acusación de tentativa de homicidio ya se ganó muchas veces, la última la ganó Alfredo Bolaños Pacheco en febrero de 2019 en apelación contra ese auto de formal prisión (…) y, cuestionó ¿por qué para los actuales apelantes no se concedió la libertad desde la apelación?. Se tuvo que llegar hasta este amparo en revisión, prolongando la prisión injusta dos años más”, manifestó.

Las mujeres mazatecas en resistencia apelaron al decreto presidencial para liberar a personas mayores de 75 años privadas de la libertad o que no hayan tenido una sentencia definitiva por la dilación en los procesos. Instaron a que López Obrador “haga un llamado al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial del Estado de Oaxaca a fin de que cumplan con su deber de hacer justicia y el deber de otorgarles libertad por estar demostrada su inocencia y por estar corroborado con 20 antecedentes de libertad (…) y por la aplicación del decreto urgente”.

 

 

Según información oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob), en México hay 220 mil 114 personas en cárceles federales, de ellas 94 mil 547, es decir, el 43% del total es población no sentenciada y 125 mil 567 es población sentenciada , un 57%.

De los no sentenciados, 13% están por delitos de fuero federal y 87% por delitos de fuero común. Además, 8% se encuentran en centros federales y 92% en centros estatales.

 

Una dilación sistemática

Las mujeres mazatecas han denunciado que a siete años del asesinato de Manuel Zepeda Lagunas, hijo del expresidente municipal Manuel Zepeda Cortés -ligado al cacicazgo histórico de Eloxochitlán- y hermano de la diputada y actual Presidenta de la Comisión de Administración de Justicia de la Legislatura de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, ha prevalecido una dilación sistemática en la administración de justicia, en los casos de Jaime Betanzos Fuentes, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Alfredo Bolaños Pacheco, Isaías Gallardo Álvarez, Francisco Durán Ortíz y Omar Hugo Morales Álvarez.

En una entrevista para AvispaMidia, Argelia Betanzos recordó el caso de Miguel Ángel Peralta Betanzos, quien en abril de 2015 fue detenido en la Ciudad de México tras ser acusado por los delitos de homicidio e intento de homicidio también contra Elisa Zepeda, fue liberado cuatro años y medio después. “Casos idénticos (…) pero ahora con más material probatorio de inocencia” y, sin embargo, insistió, la libertad del resto de los presos políticos sigue siendo negada por las autoridades.

Existen también 18 autos de libertad, dos sentencias absolutorias, un incidente de libertad por desvanecimiento de datos y la obtención de 8 amparos federales que los deslinda de las responsabilidades del asesinato del hermano y del intento de homicidio de la actual diputada local por Morena, recursos todos ganados entre 2015 y 2019 pero que no han favorecido a los siete indígenas mazatecos que aún continúan presos.

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