- La captura del presidente municipal de Santa María Ipalapa y sus mandos policiales, acusados de la ejecución extrajudicial de un exalcalde, no es solo un caso criminal; es el colapso de las instituciones locales. Mientras la Fiscalía del Estado intenta dar un golpe de autoridad, la región se sumerge en una crisis de gobernabilidad que amenaza con desbordar la violencia política en la Sierra Sur.
Gabriela García/
Oaxaca de Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha ejecutado la detención del actual presidente municipal de Santa María Ipalapa, junto con mandos de su policía municipal. Las aprehensiones ocurrieron por la presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial del exalcalde Gerardo Leobardo Santos. El hecho coloca al Gobierno del Estado frente a una realidad innegable: en los municipios de Oaxaca, la línea entre la autoridad y la criminalidad es, a menudo, invisible.
La detención de Emmanuel P. P., –de extracción Morenista– rompe con la tradicional “paz pactada” que suele imperar en las regiones de usos y costumbres, donde el fuero de facto protegía a los cacicazgos locales de cualquier escrutinio legal. Con Emmanuel, fueron detenidos también la Síndica municipal Raquel C. G., y dos policías, señalados como presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato del expresidente municipal de esa demarcación.
Gerardo Leobardo Santos, exalcalde de Santa María Ipalapa
Con la detención de las autoridades locales, la Sierra Sur enfrenta ahora un vacío de poder peligroso. El caso expone la crisis de la política de seguridad estatal. Si quienes deben proteger a la ciudadanía son los mismos que ejecutan a sus adversarios políticos utilizando recursos públicos, el contrato social en Oaxaca está roto.
Gerardo Leobardo Santos fue asesinado el 7 de junio de 2024. El crimen ocurrió en el municipio de Santa María Ipalapa, un municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, ubicado a 322 kilómetros de la capital de Oaxaca. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el exalcalde fue víctima de una ejecución extrajudicial mientras se encontraba en la localidad.
Información oficial de la FGEO asegura que los cuatro implicados permanecerán bajo custodia legal mientras se define su vinculación a proceso por el delito de ejecución extrajudicial. El caso genera una fuerte sacudida política en la Sierra Sur ante la confirmación del uso de la fuerza pública para fines criminales.
