Fuera de Cuadro
Ana Luisa Cantoral
Ana Luisa Cantoral es periodista con 25 años de experiencia en investigación y análisis informativo. Especializada en temas sociales, políticos y de salud pública, ha desarrollado una trayectoria en periodismo de denuncia y crónica deportiva. Su trabajo se distingue por el rigor, la claridad y el compromiso con la información..
La situación jurídica de las más de 250 personas detenidas en el marco de la Operación Sable, anunciadas el pasado 28 de septiembre por el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, continúa siendo una interrogante en el seguimiento informativo realizado por este medio.
Durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que más de 11 meses de labores de inteligencia, investigación criminal y coordinación interinstitucional habían permitido detener a más de 250 personas en el Istmo de Tehuantepec, como parte de las acciones dirigidas contra la estructura delictiva identificada por las autoridades como Los Cromos.
A doce días de aquel anuncio, las autoridades aún no han proporcionado información sobre la situación jurídica de las personas detenidas, pese a las gestiones realizadas ante las áreas de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y del Gobierno estatal.
La solicitud busca conocer cuántas de las personas detenidas fueron vinculadas a proceso, cuántas permanecen sujetas a medidas cautelares, cuántas obtuvieron su libertad y cuántos casos continúan bajo investigación. También se requirió información desglosada por delito y fecha de detención.
Durante las gestiones realizadas para obtener estos datos, las áreas de Comunicación Social de ambas instituciones han señalado, en distintos momentos, que buscarán la información, que no cuentan con ella o que todavía no les ha sido proporcionada. Hasta el momento, ninguna de las dos dependencias ha entregado la información solicitada.
a falta de información impide determinar cuántas de las personas reportadas como detenidas permanecen privadas de la libertad, cuántas enfrentan actualmente un proceso penal y cuál es la situación jurídica de cada una. Sin embargo, esta ausencia de datos tampoco permite concluir que la Fiscalía haya suspendido o abandonado las investigaciones.
El anuncio de más de 250 detenciones fue presentado por la FGEO como uno de los resultados de la Operación Sable, una estrategia de seguridad desarrollada en el Istmo de Tehuantepec con participación de autoridades estatales y federales.
Entre los casos destacados por el fiscal se encuentran las detenciones del entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano; de una persona identificada con las iniciales C.A.P.L., alias “Parka”, y del excomisionado de Seguridad Pública municipal, identificado como J.K.M.S.
La propia Fiscalía informó posteriormente sobre avances judiciales en estos casos. El 29 de septiembre dio a conocer la vinculación a proceso del exalcalde de Juchitán y de C.A.P.L., mientras que el 1 de octubre reportó que el excomisionado de Seguridad Pública municipal también había sido vinculado a proceso.
Estos avances dan cuenta de actuaciones judiciales en casos específicos, pero no permiten establecer la situación jurídica de las más de 250 personas incluidas en el anuncio inicial. Para conocer el alcance de esa cifra, es necesario precisar el periodo que comprende, cuántas detenciones corresponden a cada investigación y cuál ha sido el resultado procesal de los casos. También resulta fundamental distinguir entre personas detenidas, imputadas, vinculadas a proceso y sentenciadas, pues se trata de categorías jurídicas distintas que no deben utilizarse como equivalentes.
La información solicitada no busca prejuzgar sobre la responsabilidad penal de las personas detenidas, sino establecer cuáles han sido los resultados judiciales de las acciones anunciadas por las autoridades y conocer la situación jurídica actual de las personas involucradas.
Sigue pendiente que la Fiscalía General del Estado informe sobre la situación jurídica actual de las más de 250 personas reportadas como detenidas, mediante datos verificables y desglosados que permitan conocer los avances y resultados de las investigaciones. Mientras que el anuncio de un operativo da cuenta de las acciones policiales realizadas, el seguimiento de los expedientes permite conocer qué ocurrió después de las detenciones. Esta información resulta fundamental para evaluar los resultados de las acciones de seguridad y garantizar la rendición de cuentas en materia de procuración de justicia.
