- De acuerdo con la organización Acción DH, durante la reunión con los representantes de la Segob y la Fiscalía de Oaxaca, las autoridades reconocieron que sí hubo deficiencias en la investigación y ofrecieron otorgar disculpas públicas por la incapacidad de resolver el caso.
Karen Rojas Kauffmann/
Oaxaca de Juárez.- Tras 12 años de impunidad e incapacidad gubernamental por los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, perpetrados por el grupo paramilitar de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) en una emboscada a una Caravana Humanitaria que se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala, familiares de los activistas e integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, y el fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, para darle seguimiento al caso y anunciar que interpondrán una denuncia ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La decisión surgió a raíz de que después del ataque donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida, las autoridades de Oaxaca no iniciaron ninguna investigación, hasta 2014, cuando se lograron obtener 14 órdenes de aprehensión, aunque únicamente siete de ellas resultaron en detenciones de los presuntos culpables.
Uno de estos presuntos responsables fue un menor de edad que estuvo cerca de dos años en prisión, pero ya fue liberado. Las otras seis personas fueron absueltas por el Poder Judicial de Oaxaca debido a que los testigos y los sobrevivientes al atentado no se presentaron a declarar.
Reunión con autoridades Federales y Estatales. Foto: Grupo de Acción por los DDHH y la Justicia Social
Luego de la reunión, en una rueda de prensa, David Peña y Karla Micheel Salas Ramirez de Acción DH, informaron que un juez integrante del Tribunal Unitario de la región Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro miembros del grupo paramilitar implicados en el asesinato de los defensores, el pasado 7 de septiembre, debido a que sobrevivientes y testigos no se fueron amenazados por el grupo armado que presuntamente cometió el crimen. El acoso, aseguraron, también alcanzó a un juez y dos fiscales especiales. Otros seis involucrados están en proceso de ser aprehendidos.
David Peña advirtió además, que el grupo paramilitar UBISORT, forma parte de grupos políticos que en la zona triqui mantienen el control territorial y forman parte de una organización llamada Partido de Unidad Popular (PUP), que apoyó al gobernador electo, Salomón Jara Cruz.
De acuerdo con la organización Acción DH, durante la reunión con los representantes de la Segob y la Fiscalía de Oaxaca, las autoridades reconocieron que sí hubo deficiencias en la investigación y ofrecieron otorgar disculpas públicas por la incapacidad de resolver el caso.
Familiares y sobrevivientes, acompañados por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto Heinrich-Boll-Stiftung
“Soy una madre cuyo hijo ha sido asesinado en México. Pero durante estos años he comprendido que nuestro caso no es el único, hay muchos casos similares y que no hay justicia. He llegado a saber qué significa la palabra impunidad, que no conocía antes de estos hechos”, dijo Eve Jaakola, madre del activista Jyri Jaakola, durante la rueda de prensa.
En la reunión con autoridades Federales también estuvieron presentes Omar Esparza, viudo de Bety Cariño, quien fungía como directora de la organización comunitaria CACTUS, antes del crimen y la embajadora de Finlandia en México, Päivi Pohjanheimo. La reunión formó parte de la onceava visita que realizan las eurodiputadas Franziska Keller, copresidenta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y Anna Cavazzini, acompañando a la madre de Jyri Jaakola, en su búsqueda de justicia.
El 27 de abril de 2010, los dos activistas, viajaban con otras personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a la localidad San Juan Copala, en la región Triqui de Oaxaca, para brindar ayuda humanitaria cuando la caravana fue emboscada al ingresar en la zona mientras la disputa entre el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), alcanzaba su punto más álgido.
Los conflictos internos entre estas tres organizaciones han dejado a decenas de familia desplazadas y cientos de asesinatos en los últimos 30 años, al disputarse el control político de San Juan Copala, considerada el centro religioso de los indígenas triquis en el Estado de Oaxaca.
