• Con esta acción la SCJN avaló la reforma de la Ley Minera que también incluyó cambios en la Ley de Aguas Nacionales, y colocó al Servicio Geológico Mexicano como responsable por la exploración minera en el país. 

Texto: Aldo Santiago/ Avispa Midia

Ciudad de México.- El pasado miércoles, por unanimidad de votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon dos amparos por supuestas violaciones al proceso legislativo que iban contra los cambios realizados en la Ley Minera, en la reforma de 2023, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con esta decisión, la SCJN avaló la reforma que también incluyó cambios en la Ley de Aguas Nacionales y colocó al Servicio Geológico Mexicano (SGM) como responsable por la exploración minera en el país. Entre las principales modificaciones de la ley destaca que se redujeron de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras y de 50 a 25 años la prórroga que se pueden tramitar con estas concesiones.

La resolución de la SCJN se basó en que los particulares que promovieron los juicios de amparo -un ciudadano llamado Miguel Antonio Delgadillo Acuña y la empresa Grupo SLA Mining-, carecen de “interés jurídico” para reclamar sobre el procedimiento legislativo, además de que los artículos impugnados no les fueron aplicados directamente. Acorde a la ministra Lenia Batres, esto solo compete a los legisladores, con lo que reafirmó la reforma del 2023.

Esta decisión acontece después de que, en julio del 2024, la SCJN publicó un acuerdo para ordenar a todos los juzgados y tribunales del país congelar temporalmente las resoluciones de amparos y recursos interpuestos contra la reforma, debido a que sería el máximo tribunal el único encargado de resolver sobre la constitucionalidad de la reforma.

La decisión de la Corte sucede en un contexto en el que se lleva a cabo debates y cabildeos, reportados por medios especializados en el sector minero, en el que actores empresariales resaltan que aún está pendiente la elaboración del reglamento para regir y operar la nueva Ley Minera, cuyo esfuerzo conjunto realizan en colaboración con distintos organismos gubernamentales.

Cabildeos

A principios del 2025, organizaciones sociales, comunidades y académicos reunidos en la Colectiva ¡Cambiémosla Ya! ya advertían sobre la vigencia de la Ley Minera aún pese a la falta de reglamentación, que debió ser publicada a finales del 2023. Acorde a la Colectiva, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregó el borrador de reglamento a presidencia, pero la Secretaría de Economía no cumplió con ese requisito. A pesar de haber realizado reuniones con los funcionarios, integrantes de la Colectiva refirieron que posteriormente no hubo respuesta, por lo que desconocen detalles sobre la reglamentación pendiente.

Mientras tanto, el sitio de análisis estratégico BnAméricas destaca que, tras el sexenio de AMLO, caracterizado por la incertidumbre en la obtención de concesiones y retrasos en la entrega de permisos para las operaciones mineras, “la administración de Claudia Sheinbaum está dando señales cada vez más precisas sobre una mayor apertura hacia esta actividad estratégica para la economía y la transición energética”.

Respaldando estas declaraciones, la Cámara Minera de México (Camimex) afirmó que, ante la falta de definición del reglamento que regirá la nueva Ley Minera derivado de la reforma, la organización empresarial está trabajando de la mano del gobierno para el desarrollo de dicho reglamento.

Fernando Aboitiz, de la unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, confirmó esta estrategia entre el gobierno y sector empresarial encabezado por la Camimex, para desarrollar el marco regulatorio. Ya desde marzo del 2025, durante el Mexico Mining Forum 2025 PDAC realizado en Toronto, el funcionario aseveró que trabajan para concretar la regulación para dar certidumbre a la inversión minera en el país. “Eso lo estamos trabajando con la cámara [Camimex]”, aseveró en aquella ocasión.

En ese evento, el funcionario de economía aseguró que una de las metas de la administración de Claudia Sheinbaum es hacer crecer la minería mexicana, “pero de una manera sustentable”. Esto, añadió, derivó en decisiones como la de acelerar la entrega de permisos a la industria minera, por lo que reveló que la Secreatría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó masificar las certificaciones de empresas limpias, “porque ayudarían mucho a avanzar estos trámites”.

Aunado a lo anterior, Aboitiz detalló que el marco legal para la minería en México tomaría mayor claridad cuando el gobierno publique los reglamentos requeridos para poder aplicar la Ley Minera reformada, lo cual habría previsto sucedería en julio de este año. Destaca que la reforma de la Ley Minera, publicada el 8 de mayo de 2023, estableció en su régimen transitorio que el Ejecutivo Federal debía emitir el nuevo reglamento en un plazo que no excedería los 180 días a partir de su entrada en vigor. Sin embargo, para octubre del 2025 dicho reglamento aún no se ha publicado.

Pese al estancamiento en la emisión del reglamento, otros actores de la industria como la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), reportaron durante abril pasado que el gobierno de Sheinbaum ha mostrado avances al otorgar 27 nuevos permisos a la industria.

Rubén del Pozo, presidente de dicha asociación ha calificado a la reforma minera como “bastante dura” por lo que su organización avoca por la “flexibilización” de la ley vigente y reconoce un mayor entendimiento con la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe resaltar que, como documentamos en febrero de este año, uno de los programas con mayor promoción en el mandato de Sheinbaum, que incluye al sector minero, es el Plan México el cual prevé un portafolio de inversiones por 277 mil millones de dólares. Para octubre de este año, la presidenta de México reiteró públicamente dicho Plan ante empresas de 17 países del Foro Económico Mundial, a quienes describió que, entre sus objetivos, está el aumentar la inversión pública y privada en el país.

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