- Decenas de mujeres integrantes de organizaciones sociales, colectivas de derechos humanos y de la Sección 22 del SNTE, advirtieron que muchos de los políticos que participaron en el histórico desalojo del 14 de junio, actualmente dirigen la Seguridad Pública en el Estado.
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.- A 15 de años de la brutal represión contra mujeres simpatizantes adheridas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), arrancó la Marcha de Mujeres Oaxaqueñas: Tejiendo la Unidad Antipatriarcal, como recordatorio de aquel 1 de agosto, en el que una multitudinaria movilización de mujeres tomaron las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), durante el conflicto político y social de 2006 en la administración fallida del gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz.
Al grito de !Mujeres luchando, al mundo transformando! indígenas activistas, feministas, académicas, periodistas y defensoras de derechos humanos se movilizaron partiendo de la Fuente de las Ocho Regiones, ubicada al norte de la ciudad, para culminar con un mitin frente al templo de Santo Domingo.
Durante la movilización, Felipa Cruz Zaragoza, Itandehui Santiago Galicia y Noemí Ortiz Santiago dieron lectura al manifiesto en el que decenas de mujeres de organizaciones sociales, colectivas de derechos humanos y de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), criticaron al sistema machista que históricamente ha reducido la participación de las mujeres al espacio privado, y recordaron el papel fundamental que han tenido en las diferentes luchas sociales de México.
“Porque la historia universal, la historia de este país, y la historia de este Estado, también la han escrito las mujeres. Las mujeres han sido las grandes cuidadoras (…) las que han alimentados esas luchas, las que muchas veces ha tomado las armas. Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, vitoreaban.
Durante la movilización recordaron el papel fundamental que han tenido en las diferentes luchas sociales de Oaxaca.
En el posicionamiento repudiaron el hecho de que hasta la fecha, “ni Ulises Ruíz ni ningún otro funcionario de su gobierno ha sido enjuiciado por las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo durante su ilegítimo gobierno”; advirtieron además que muchos de los políticos que participaron en el historico desalojo del 14 de junio, “nuevamente dirigen la Seguridad Pública del estado de Oaxaca”; y aprovecharon para honrar “la memoria de las compañeras y los compañeros asesinados por su lucha en la APPO. “Honramos la lucha de quienes fueron víctimas de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, de la tortura, del exilio, de la persecución y la represión generalizada en 2006”.
Aseguraron que, con orgullo, continuarán la resistencia que les han heredado sus ancestras, abuelas y madres Zapotecas, Mixtecas-ÑuSavi, Mixes-Ayuuk, Chatinas, Chontales, Cuicatecas, Chinantecas, Huaves-Ikoots, Mazatecas, Triquis, Tacuates, Afromexicanas, Ixcatecas, Chocholtecas, Zoques y también Mestizas, para defenderse de todo tipo de violencia y del despojo de sus derechos y de sus territorios.
Una rebelión ejemplar
En la fase más combativa de la lucha para derrocar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la protesta social fue subiendo de tono. Entre mayo y noviembre de 2006, destacaron siete megamarchas -la última aglutinó casi un millón de personas, el bloqueo de las sedes de los poderes del Estado y del Aeropuerto Internacional, y la toma masiva de medios de comunicación para contrarrestar la ofensiva mediática del gobierno contra las personas manifestantes.
Diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado las numerosas violaciones perpetradas contra la sociedad oaxaqueña a manos de autoridades estatales y federales, que van de la tortura, al secuestro, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento, hasta la creación de fuerzas paramilitares o “escuadrones de la muerte”, encargados de rondar la ciudad y ejecutar a todos aquellos sospechosos de pertenecer al movimiento popular.
Las mujeres simpatizantes adheridas a la APPO, tomaron las instalaciones de radio y televisión del Estado, para contrarrestar el cerco mediático impuesto en la administración fallida de Ulises Ruíz Ortíz.
En este escenario, el 1 de agosto de 2006, tras una marcha de mujeres bautizada como De las Cacerolas, cientos de ellas decidieron tomar las instalaciones del antes llamado Canal 9, con el objetivo de hacerle frente al cerco mediático del gobierno y de informar a la población los diferentes motivos de las protestas y movilizaciones.
A partir de ese momento y con la insurgencia de las mujeres, se consolida un espacio fundamental para la lucha del magisterio; rápidamente se nombraron comisiones y se pidió el apoyo necesario para el manejo del equipo. Las mujeres en resistencia pusieron en marcha las transmisiones por televisión, mientras que en la radio ya se estaban operando las cabinas, y el pueblo, manifestando su apoyo, les lleva agua y víveres.
Las mujeres decidieron que el canal sería vigilado por ellas y no podrían ingresar compañeros para evitar cualquier infiltrado o provocación; sin embargo, durante la madrugada del 20 de agosto, un comando armado disparó desde el Cerro del Fortín contra las antenas y los equipos emisores, destruyendo los transmisores, cortando súbitamente ambas señales del aire.
Estos medios, junto con Radio Universidad y otras doce estaciones radiodifusoras que existían en la capital, y que se habían convertido en instrumentos estratégicos para organizar las acciones del movimiento magisterial, fueron desmanteladas violentamente por grupos paramilitares y decenas de personas fueron asesinadas durante los desalojos.
