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  • Las organizaciones indígenas protestaron con diferentes bloqueos carreteros en demanda a la “cancelación del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” o Corredor Interoceánico, y del Parque Industrial en San Blas Atempa, por “atentar contra las tierras de uso común conocidas como El Pitayal”.

 

Karen Rojas Kauffmann /

 

Oaxaca de Juárez.– En el marco del 61 aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en nuestro país, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDT), bloqueó cuatro puntos carreteros cercanos a las comunidades de Jalapa del Marqués, Puente Madera, Juchitán y Zanatepec, ante ‘la serie de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte del gobierno, las empresas y sus megaproyectos’, explicaron integrantes de la asamblea, autoridades agrarias, comuneros y familias organizadas pertenecientes a 16 comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec.

“Las comunidades no pedimos, ni mendigamos obras millonarias, nuestras exigencias son por el respeto a nuestra libre determinación, nuestros derechos humanos y por los servicios, infraestructura y obras que son necesidades básicas para una vida digna, por lo que el Corredor Interoceánico no es ni en lo mínimo un beneficio para los pueblos y atenta contra la vida”, aseguraron durante las tomas carreteras que se realizaron de forma pacífica.

 

Las organizaciones indígenas demandaron la “cancelación del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” o Corredor Interoceánico, y del Parque Industrial en San Blas Atempa, por “atentar contra las tierras de uso común conocidas como El Pitayal”.

 

 

A través de un comunicado, exigieron también un alto a la criminalización, hostigamiento y amenazas a las defensoras y defensores que se encuentran trabajando en la protección del territorio en en Istmo de Tehuantepec.

Los comuneros en resistencia recordaron que, gracias a un recurso de queja promovido por miembros de la comunidad de Juchitán de Zaragoza, un juez concedió la suspensión de los trabajos de construcción del proyecto eólico Guuna Sicarú, de la empresa extrajera Électricité de France (EDF) en Oaxaca, sin embargo, advirtieron, autoridades de los tres niveles de gobierno han ignorado el juicio de amparo agrario y la obra continúa en marcha, por lo que exigieron, cese el respaldo a las empresas privadas de ocupar su territorio mientras se resuelve el amparo.

La APIIDT, integrante de la Red Nacional de Resistencia Civil, que aglutina 16 organizaciones indígenas de 10 estados del país, urgió además, una mesa de diálogo a nivel federal, con autoridades agrarias de primer nivel para que la Procuraduría Agraria del Estado (PA) agilice el cumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades de Jalapa del Marqués, San Blas Atempa, San Francisco del Mar y Juchitán de Zaragoza.

Además solicitaron enérgicamente, la destitución de Luis Alberto Jiménez Paredes, exrepresentante de la Procuraduría de Tehuantepec, ya que sido, dijeron, uno de los principales promotores de corrupción entre las comunidades y las autoridades agrarias de la región del Istmo.

Finalmente responsabilizaron a Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria del Estado (PAO) por el clima de violencia en esta zona de Oaxaca.

 

 

Corredor Interocéanico y proyecto eólico en Oaxaca, ¿desarrollo para quién?

En una publicación de la revista Forbes, un representante de EDF, aseguró que “el desarrollo del parque eólico en el Istmo de Tehuantepec no se ve afectado por la resolución del juez a favor de comuneros. El proyecto está planteado en propiedad privada”.

“Électricité de France reconoce la complejidad e importancia del tema de la tenencia de la tierra en la región del Istmo. Al mismo tiempo, esta resolución no impacta el desarrollo de la Central Eólica Gunaa Sicarú, que está planteado exclusivamente en propiedad privada. El Registro Nacional Agrario confirmó en su momento que ningún ejido o tierra comunal se vería afectado por la central”, aclaró el vocero de la empresa extranjera. Por lo tanto, agregó, “los actos reclamados en el amparo, aquellos que no están relacionados con tierras de uso común, no son materia de la suspensión concedida como medida cautelar”.

El Corredor Interoceánico es una de las principales obras de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pretende generar las condiciones que detonen el crecimiento económico y social en el Istmo de Tehuantepec y el Sur-Sureste del país. Las obras, que están en proceso de construcción o rehabilitación, involucran a 79 municipios, de los cuales, 46 pertenecen al Estado de Oaxaca y 33 a Veracruz.

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