• En una carta pública firmada por 41 organizaciones de la sociedad civil, la familia Uruchurtu Cruz pidió que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, acepte la competencia de la SCJN y se revoque la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial y de Lizbeth Victoria Huerta -ambos funcionarios emanados y cobijados por Morena-, quienes fueron señalados como principales responsables en la desaparición de la activista mexico-británica.

Texto: Karen Rojas Kauffmann/ 

Fotos: Carolina Jiménez/ Cuartocuro

Oaxaca de Juárez.- Tras la reciente liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero Jurídico del gobierno de Nochixtlán, señalado como autor intelectual de la desaparición forzada de la defensora Claudia Uruchurtu, y quien ya había sido sentenciado a 60 años de prisión, la familia exigió un alto a la impunidad y acusó al gobernador de Oaxaca Salomón Jara, de proteger y ordenar la revocación del fallo.

“Con la libertad de dos de los principales perpetradores de la desaparición de Claudia se ha fortalecido la impunidad desde el aparato institucional que conforma el poder judicial federal y estatal, como ocurrió con la última resolución donde el Segundo Tribunal Colegiado -quien no presenció directamente el desahogo del juicio-, dejó de tomar en cuenta que fue acreditada plenamente la responsabilidad del exconsejero jurídico al existir videos, testimonios, llamadas y vehículos asegurados, que lo vinculaban directamente con la desaparición”, explicaron las hermanas Uruchurtu a través de una videoconferencia realizada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Las hermanas Uruchurtu Cruz, acompañada de sus asesores jurídicos, denunciaron que en Oaxaca los órganos jurisdiccionales no actúan con independencia de los poderes, pues los magistrados Víctor Hugo Cortés Sibaja y Elizabeth Franco Cervantes, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, ordenaron la liberación de Matus Marcial, desechando el trabajo de investigación realizado por la Fiscalía General del Estado (FGEO), al considerar que no existían pruebas suficientes de su participación en el crimen.

Con la libertad de dos de los perpetradores, aseguraron las hermanas de Claudia, se ha fortalecido la impunidad desde el aparato institucional que conforma el poder judicial estatal, vulnerando los derechos de la familia como víctimas indirectas del delito de desaparición forzada.

La presidenta, sus colaboradores y el secuestro de Claudia

Desde su llegada al municipio mixteco en 2014, la activista Claudia Uruchurtu se había vuelto una pieza incómoda para las autoridades de Nochixtlán al denunciar un presunto despojo de tierras. Por 3 años la defensora reunió las pruebas del mal uso de los recursos públicos en el gobierno que entonces encabezaba Lizbeth Victoria Huerta, también emanada de Morena.

El 26 de marzo de 2021, día de su desaparición, Claudia había llegado de viaje de la Ciudad de México. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando se sumó a una protesta por el encarcelamiento del dueño de un negocio que se negó a pagar un adeudo con el ayuntamiento. Mientras decenas de personas exigían la liberación del detenido, los imputados aprovecharon una confrontación entre la policía municipal y los manifestantes, para secuestrar a Claudia en una camioneta roja, tripulada por los colaboradores de la exmunícipe, según revelaron las primeras investigaciones.

Desde entonces, Claudia Uruchurtu está desaparecida. El 14 de mayo del mismo año, en una gira por Nochixtlán, Salomón Jara politizó las acusaciones contra Victoria Huerta  y dijo, “están denostando a nuestra presidenta, están aprovechando la coyuntura electoral para golpearla, es una injusticia su detención, es una mujer trabajadora, luchadora social, su único delito es la honestidad, y eso le duele a los priistas”.

La familia Uruchurtu Cruz asegura que después de agotar los recursos legales, la expresidenta municipal y su consejero jurídico lograron obtener su libertad, la primera al reducirle la Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia la pena y el segundo, al concederle el amparo directo el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, sin embargo, acusaron que “las sentencias que les han favorecido no han observado los estándares internacionales de derechos humanos, ni considerado cada una de las pruebas desahogadas en juicio, las cuales en su conjunto permitieron acreditar de manera indudable su responsabilidad en primera y segunda instancia”.

Exigen un alto a protección de los responsables

En una carta pública enviada a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, Sara y Elizabeth Uruchurtu Cruz, exigieron que se garantice un proceso de evaluación de las políticas públicas que se implementan a favor de las víctimas de desaparición forzada, para que estas permitan contar con acciones efectivas para la búsqueda, localización y acceso a la justicia, incluyendo la reparación integral del daño.

En el documento, firmado por 41 organizaciones de la sociedad civil y un puñado de activistas, periodistas y defensores, también pidieron al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, que se acepte la competencia de la SCJN y se revoquen las determinaciones que han permitido que prevalezca la impunidad en el caso de Claudia.

Hugo Aguilar Ortiz durante la ceremonia de instalación como presidente de la SCJN. Foto: Redes Hugo Aguilar

“En México hay más de 130 mil casos de desaparición frente a los cuales las autoridades del gobierno mexicano poco o nada han hecho para investigar y sancionar a las personas responsables, uno de los casos en donde se había logrado avanzar con la imposición de sentencias condenatorias a servidores públicos municipales de Nochixtlán, Oaxaca, después de un proceso de investigación y juicio, era el caso de nuestra hermana”.

Con la liberación de los responsables directos más importantes en el secuestro de Claudia, sostuvo la familia Urchurtu, la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en México está acotada al peligro de la desaparición forzada, advirtieron. “Urge que Susannah Goshko, embajadora del Reino Unido en México, realice un extrañamiento público a los gobiernos de México y Oaxaca por la falta de justicia, verdad y reparación por la desaparición Cluadia, quien también es una ciudadana británica”.