- El operativo para retirar bloqueos en cruceros clave dejó vialidades liberadas, pero no resolvió el conflicto; organizaciones mantienen plantón en el Zócalo mientras persisten dudas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y la eficacia del diálogo institucional.
Gabriela García/
Oaxaca de Juárez.- El desalojo con gas lacrimógeno de organizaciones sociales que mantenían bloqueos en los principales cruceros de la ciudad de Oaxaca no sólo evidenció la capacidad operativa del Estado para restablecer el tránsito, sino que volvió a colocar bajo escrutinio los protocolos de uso de la fuerza en contextos de protesta social y la forma en que las autoridades gestionan conflictos que, lejos de resolverse, tienden a desplazarse.
La intervención, ejecutada por elementos de la Policía Estatal durante una mañana marcada por el colapso vial en distintos puntos de la capital, se dio en medio de un escenario de tensión acumulada. Las organizaciones habían instalado bloqueos como medida de presión ante demandas no atendidas; la respuesta institucional fue su retiro mediante gas lacrimógeno, en zonas de alta circulación, lo que amplificó el impacto de la acción más allá de los propios manifestantes.
Aunque las autoridades sostienen que el operativo se realizó tras agotar la vía del diálogo, no existen elementos públicos suficientes que permitan evaluar la profundidad de estos intentos de mediación ni las condiciones en que se plantearon. El secretario de Gobierno, Jesús Romero, afirmó que se buscó comunicación con los grupos inconformes e incluso se propuso instalar una mesa de diálogo en los próximos días; sin embargo, las organizaciones habrían rechazado estas alternativas. “No podemos permitir que se siga afectando a la ciudadanía”, declaró el funcionario, quien además aseguró que el gobierno no cederá “ante presiones y chantajes”.
Más allá de la narrativa oficial, el operativo abre interrogantes relevantes: ¿fue proporcional el uso de gas lacrimógeno en un contexto de protesta civil?, ¿se aplicaron mecanismos diferenciados para proteger a población no participante?, ¿qué criterios determinan el momento en que el Estado decide pasar del diálogo a la fuerza?
Especialistas en derechos humanos han advertido que el uso de agentes químicos en manifestaciones debe ser excepcional, regulado y estrictamente necesario, particularmente en espacios urbanos donde su dispersión puede afectar a terceros. En este caso, la intervención ocurrió en cruceros estratégicos, lo que implica que el impacto del operativo no se limitó a quienes ejercían su derecho a la protesta.
El desalojo logró su objetivo inmediato —la liberación de vialidades—, pero no desactivó la movilización. Por el contrario, las organizaciones trasladaron su protesta al Zócalo de la ciudad, donde mantienen un plantón que prolonga el conflicto en el principal espacio público de Oaxaca. Este desplazamiento no es menor: sugiere que la intervención no resolvió las causas de fondo, sino que reconfiguró el escenario de la protesta.
El episodio se inscribe en un patrón más amplio en la entidad: conflictos sociales que escalan ante la falta de respuesta institucional efectiva y que, una vez en punto crítico, son contenidos mediante operativos de seguridad. En ese tránsito, el debate sobre derechos humanos queda abierto, particularmente entre el derecho al libre tránsito y el derecho a la manifestación.
La escena final —calles despejadas, pero protestas vigentes en el centro político— sintetiza la paradoja: el orden se restablece en lo inmediato, mientras el conflicto permanece intacto. En ese vacío, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué tan sostenible es una estrategia que privilegia la contención sobre la resolución?
