- Las fichas de búsqueda fueron emitidas por la Fiscalía de Oaxaca para localizar a jóvenes de entre 15 y 17 años desaparecidos en la capital del estado. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente si se encontraban bajo tutela del DIF Estatal, aunque versiones preliminares apuntan a que habrían salido de un albergue ubicado en la colonia Miguel Alemán; crecen cuestionamientos sobre protección institucional.
Gabriela García/
Oaxaca de Juárez.- La desaparición de seis adolescentes en la ciudad de Oaxaca volvió a colocar en el centro del debate las condiciones de resguardo institucional para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitiera fichas de búsqueda para localizar a jóvenes de entre 15 y 17 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 6 de mayo.
De acuerdo con la información difundida por autoridades ministeriales y reportes periodísticos locales, los adolescentes fueron vistos por última vez en la colonia Miguel Alemán, en la capital oaxaqueña. Versiones preliminares señalan que las y los jóvenes presuntamente se encontraban bajo custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal y habrían salido de un albergue administrado por la institución. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía de Oaxaca informó que aún revisa los datos exactos relacionados con el caso y no ha confirmado oficialmente si las víctimas estaban bajo tutela institucional.
La desaparición simultánea de seis adolescentes activó protocolos de búsqueda y difusión de fichas de localización, mientras familiares, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos comenzaron a exigir información clara sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, las condiciones de vigilancia dentro del presunto albergue y las medidas implementadas tras la no localización de las y los menores.

El caso ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos previos sobre la operación de espacios de asistencia social y resguardo infantil en Oaxaca. En febrero de este año, la muerte de dos niñas migrantes dentro del albergue “Casa Pato”, operado por el DIF Estatal, derivó en investigaciones por posibles omisiones institucionales relacionadas con condiciones de seguridad dentro del inmueble. Las menores fallecieron tras caer en una fosa séptica abandonada ubicada al interior del espacio de alojamiento.
Aquel caso provocó reclamos públicos de organizaciones civiles y especialistas en derechos de la infancia, quienes advirtieron sobre posibles fallas estructurales en los mecanismos de supervisión y protección para menores bajo custodia del Estado. La nueva desaparición colectiva de adolescentes vuelve a colocar bajo revisión la capacidad institucional para garantizar integridad, vigilancia y acompañamiento a población infantil y juvenil considerada de alta vulnerabilidad.
Aunque las autoridades no han informado si existe evidencia de una salida voluntaria, una posible ausencia de supervisión o la participación de terceros, la desaparición de adolescentes bajo resguardo institucional implica obligaciones específicas para el Estado mexicano en materia de derechos humanos, particularmente en lo relacionado con el interés superior de la niñez y el deber reforzado de protección establecido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las instituciones responsables de tutela temporal deben garantizar condiciones adecuadas de seguridad, integridad física, atención psicológica, protección contra violencia y mecanismos permanentes de seguimiento para evitar riesgos relacionados con desaparición, explotación o reclutamiento criminal.
En Oaxaca, además, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han advertido sobre un incremento sostenido de desapariciones de adolescentes y jóvenes durante los últimos años, especialmente mujeres y menores de edad. Datos difundidos por organismos de búsqueda y medios nacionales refieren que durante los primeros días de 2026 fueron emitidas múltiples fichas de localización por desapariciones de adolescentes en distintas regiones del estado.
El fenómeno ocurre en medio de una crisis nacional de desapariciones que supera las 120 mil personas no localizadas en México, de acuerdo con registros oficiales y organizaciones de derechos humanos. Diversos informes han documentado que adolescentes y jóvenes representan uno de los sectores con mayor nivel de riesgo frente a dinámicas vinculadas con violencia, trata, reclutamiento forzado y criminalidad organizada.
En marzo de 2025, tras el hallazgo del llamado Rancho Izaguirre en Jalisco —relacionado con presuntos esquemas de reclutamiento forzado y desaparición de jóvenes— el gobierno federal anunció nuevas medidas para fortalecer los mecanismos nacionales de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
En Oaxaca, mientras continúan las labores de localización de los seis adolescentes, familiares y ciudadanos han comenzado a difundir las fichas de búsqueda en redes sociales y espacios públicos, exigiendo que las investigaciones se desarrollen con rapidez y transparencia.
Hasta ahora, el DIF Estatal no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre el caso ni sobre las condiciones en las que presuntamente ocurrió la desaparición de las y los adolescentes. La Fiscalía de Oaxaca informó que mantiene abiertas las investigaciones y pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que permita dar con el paradero de las víctimas.


