- La saxofonista mixteca advirtió que existen intentos para favorecer judicialmente a Juan Antonio Vera Carrizal, acusado como autor intelectual del ataque con ácido que sufrió en 2019. Organizaciones y activistas alertan que una posible liberación enviaría un mensaje de impunidad en un caso emblemático de violencia feminicida en México
Gabriela García/
Oaxaca de Juárez.- La saxofonista y activista María Elena Ríos denunció nuevamente el riesgo de impunidad en el proceso judicial por el ataque con ácido que sufrió en septiembre de 2019. A través de denuncias públicas y acompañada por organizaciones feministas y de derechos humanos, la artista oaxaqueña advirtió sobre la posibilidad de que Juan Antonio Vera Carrizal —empresario gasolinero y exdiputado priista acusado como autor intelectual de la agresión— pueda obtener beneficios judiciales que le permitan recuperar su libertad.
La preocupación de Ríos surge por aplazamientos, recursos legales y señalamientos de tráfico de influencias alrededor de uno de los casos de violencia de género más mediáticos y simbólicos del país y del estado de Oaxaca. La activista sostiene que existen intereses políticos y económicos que han buscado debilitar el proceso penal y favorecer al acusado, mientras persiste la exigencia de justicia plena por un ataque que le dejó secuelas físicas permanentes y profundas afectaciones emocionales.
De acuerdo con la denuncia difundida por organizaciones civiles y retomada por medios de comunicación, el temor principal es que el caso siga el camino de otros procesos de violencia contra las mujeres que terminan diluidos entre recursos judiciales, dilaciones procesales y resoluciones cuestionadas.
María Elena Ríos ha insistido en que el sistema judicial ha sido incapaz de garantizarle una reparación integral y condiciones reales de seguridad. Además, denunció que personas cercanas a Vera Carrizal continúan operando políticamente y conservando poder económico pese a las acusaciones en su contra.

El ataque ocurrió el 9 de septiembre de 2019, cuando hombres ingresaron al domicilio de la saxofonista en Huajuapan de León y le arrojaron ácido sulfúrico en el rostro y el cuerpo. Las lesiones le provocaron quemaduras severas y múltiples cirugías reconstructivas. Desde el inicio, la víctima señaló a Juan Antonio Vera Carrizal como presunto autor intelectual de la agresión, derivada —según su versión— de una relación marcada por violencia y control.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo órdenes de aprehensión contra varios implicados y ofreció incluso una recompensa para localizar a Vera Carrizal, quien permaneció prófugo durante varios meses hasta ser detenido en abril de 2020. Sin embargo, María Elena Ríos ha denunciado reiteradamente diversos intentos de favorecer judicialmente al empresario, y ha insistido en que aún existen actores relacionados con la agresión que no han sido detenidos.
Entre ellos, ha señalado públicamente a Juan Vera Hernández, hijo del exdiputado, a quien identifica como presunto implicado y operador dentro de la estructura familiar que, asegura, continúa moviendo influencias políticas y empresariales pese al proceso penal. Desde 2020 y 2021, la saxofonista denunció que el hijo de Vera Carrizal permanecía prófugo y sin enfrentar cargos judiciales.
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han señalado que el caso de María Elena Ríos representa un ejemplo extremo de violencia feminicida y violencia ácida contra las mujeres en México, un fenómeno que durante años permaneció invisibilizado. El ataque también evidenció las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a justicia cuando los presuntos agresores cuentan con recursos económicos, redes políticas o poder local.
Las colectivas han advertido también que cualquier intento de liberar a Vera Carrizal podría interpretarse como una señal de permisividad institucional frente a la violencia contra las mujeres.
El caso también detonó discusiones nacionales sobre la tipificación de los ataques con ácido y las lagunas legales existentes para sancionar este tipo de agresiones. A raíz de la presión social y mediática generada por el caso, varios estados impulsaron reformas para reconocer la violencia ácida como una forma específica de violencia de género.


