- El taller “Comunicar frente a la violencia: protección y derechos” reunió a periodistas, radialistas, personas comunicadoras y defensoras de derechos humanos de Valles Centrales, el Istmo y la Cañada. Frente a las agresiones físicas y digitales, el hostigamiento judicial y la violencia de género, el encuentro impulsó herramientas jurídicas, prácticas de cuidado colectivo y mecanismos de respuesta para evitar que el riesgo sea enfrentado en soledad.
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.– En un estado marcado por asesinatos, amenazas y agresiones contra quienes informan y defienden derechos humanos, periodistas, radialistas, personas comunicadoras y defensoras fortalecieron redes de protección y acompañamiento durante el taller Comunicar frente a la violencia: protección y derechos, realizado el pasado 8 de agosto.
Durante el encuentro, quienes ejercen labores de comunicación insistieron en que la protección no debe depender únicamente de medidas individuales ni trasladar a las personas agredidas toda la responsabilidad de enfrentar la violencia. La articulación entre medios, organizaciones y comunidades permite reducir el aislamiento, activar apoyos ante situaciones de emergencia y sostener la exigencia de verdad y justicia.
Durante 2025, la organización Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México, equivalentes a una cada 20 horas. También registró siete asesinatos y una desaparición de periodistas, además de un incremento del acoso judicial como mecanismo de censura. México se mantuvo como el país más letal de América Latina para ejercer el periodismo, de acuerdo con el informe anual de la organización.
En Oaxaca, la situación afecta especialmente a quienes cubren corrupción, conflictos territoriales, despojo, protestas sociales, violaciones graves de derechos humanos y violencias feminicidas. También alcanza a radios comunitarias y medios independientes que trabajan en las regiones, con recursos limitados y sin estructuras institucionales de protección.
La actividad cobró especial interés en el contexto del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla, Oaxaca. Artículo 19 incorporó su caso al registro de periodistas asesinados en posible relación con su labor y elevó a 181 el número de comunicadores privados de la vida en México desde el año 2000. La organización especializada en libertad de expresión y derecho a la información ha exigido que la investigación debe considerar su trabajo periodístico como una línea prioritaria, esclarecer las autorías materiales e intelectuales y garantizar a su familia verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, sin revictimización.
La UNESCO ha advertido que la impunidad favorece la repetición de las agresiones y genera entornos de autocensura; en el ámbito mundial, estima que 85% de los asesinatos de periodistas registrados desde 2006 permanece sin resolver.
Ante este panorama, el taller buscó fortalecer capacidades individuales y colectivas mediante herramientas jurídicas básicas y prácticas de cuidado basadas en la Protección Integral Feminista. Este enfoque entiende la seguridad como un proceso que comprende las dimensiones física, digital, emocional y psicosocial, y reconoce el cuidado como una condición necesaria para sostener el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
La propuesta cuestiona la cultura del sacrificio y la idea de que el riesgo constituye una parte inevitable del oficio. En su lugar, plantea construir protocolos compartidos, redes de confianza, respaldo editorial, rutas de acompañamiento y mecanismos de reacción frente a amenazas, detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio, ataques digitales o afectaciones psicoemocionales.
En la actividad participaron 21 personas de Valles Centrales, el Istmo y la Cañada, vinculadas con ocho medios de comunicación y siete organizaciones sociales y civiles. El espacio permitió compartir experiencias, identificar riesgos comunes y establecer vínculos para responder colectivamente frente a posibles agresiones.
El taller se realizó en el marco del proyecto Justicia, no impunidad, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, enfocado en impulsar procesos de formación y acompañamiento para la cobertura de la tortura y otras formas de abuso de poder.
En el ejercicio de formación y articulación, también participó organización catalana dedicada a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en México, Taula per Mèxic, que compartió su experiencia de solidaridad internacional y su relación con el programa municipal de acogida temporal Barcelona Protege a Periodistas de México, creado para brindar protección temporal y acompañamiento integral a comunicadores amenazados por su trabajo.
Las organizaciones convocantes señalaron que corresponde al Estado prevenir las agresiones, proteger a quienes se encuentran en riesgo, investigar con debida diligencia, sancionar a las personas responsables y garantizar la reparación del daño. En paralelo, llamaron a fortalecer la articulación del gremio para que ninguna agresión sea normalizada ni enfrentada en soledad.
En un entorno atravesado por la violencia y la falta de justicia, tejer redes de apoyo constituye una herramienta para sostener la palabra pública, preservar la memoria y defender el derecho de la sociedad a estar informada.
