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  • El caso Juchitán no sería el único. La Fiscalía de Oaxaca reveló que mantiene seis investigaciones contra autoridades municipales por presuntos nexos con la delincuencia organizada, aunque reservó la identidad de los municipios involucrados.

 

Ana Luisa Cantoral /

 

Oaxaca de Juárez.– La captura del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, abrió una investigación que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGEO), va más allá de ese municipio.

Durante la conferencia de este lunes, el fiscal confirmó que existen otras seis carpetas de investigación en proceso de integración relacionadas con posibles nexos entre autoridades municipales y la delincuencia organizada. No informó qué municipios están involucrados ni quiénes son las autoridades investigadas.

El caso de Juchitán forma parte de una investigación más amplia sobre la operación de un grupo que la FGEO identifica como “Los Cromos”, una presunta célula del CJNG a la que atribuye presencia, principalmente, en el Istmo de Tehuantepec.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca, durante la presentación de los avances de la Operación Sable.

De acuerdo con el documento oficial, la Fiscalía vincula a este grupo con delitos como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas de fuego. La institución también informa que, durante los últimos cuatro años, se registraron 957 homicidios dolosos en la región del Istmo y estima que alrededor del 70% estaría relacionado con la operación de esta organización.

La investigación señala que mediante labores policiales y ministeriales se establecieron vínculos entre estructuras criminales y autoridades de Juchitán.

En el caso del presidente municipal detenido y de los otros dos imputados, la FGEO les atribuye los delitos de extorsión agravada y contra la investigación y la seguridad del Estado. Los tres permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras se desarrollan las audiencias en las que se definirá su situación jurídica.

La Fiscalía informó que las investigaciones forman parte de la llamada “Operación Sable”, desplegada desde febrero de 2025 en coordinación con instituciones federales y estatales.

Por ahora, la institución mantiene bajo reserva los nombres de las personas investigadas y los municipios involucrados.

 

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