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  • Conagua reservó por 5 años el expediente de la consulta indígena sobre la presa Mujer Solteca, realizada en Villa Sola de Vega. La decisión impide acceder a los documentos necesarios para verificar si el procedimiento garantizó el derecho de las comunidades a una consulta previa, libre e informada. La reserva se mantiene mientras dos juicios de amparo cuestionan aspectos del proyecto y restringe el escrutinio público sobre uno de sus procedimientos fundamentales.

 

Axel Illescas Tovar / El MuroMx

 

Oaxaca de Juárez.– El gobierno federal sostiene que la consulta indígena sobre la presa Margarita Maza, conocida como Mujer Solteca, contó con el respaldo de las comunidades. Sin embargo, los documentos que permitirían verificar cómo se desarrolló ese proceso permanecerán ocultos hasta 2031. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) decidió reservar por cinco años el expediente de la consulta al argumentar que hacerlo público afectaría la defensa del Estado en dos juicios de amparo promovidos precisamente por presuntas irregularidades en el proyecto.

Esta decisión coloca al gobierno en una paradoja: mientras sostiene que la consulta cumplió con los principios que exige el derecho de los pueblos indígenas, impide conocer las actas, la metodología, los registros de participación, las intervenciones de las autoridades y los demás documentos que permitirían corroborar si el procedimiento respetó el derecho de las comunidades a una consulta previa, libre e informada.

La decisión surgió tras una solicitud de acceso a la información presentada por El MuroMx, que buscaba conocer el expediente completo de la consulta indígena, desde los acuerdos previos y las etapas de preparación, hasta las actas, los resultados, la sistematización del proceso y las responsabilidades de cada institución involucrada. En su respuesta, Conagua argumentó que divulgar esa información podría revelar mecanismos internos, vulnerabilidades y estrategias de defensa que afectarían la posición jurídica del Estado en los juicios de amparo promovidos contra el proyecto.

Pero la propia justificación de la reserva revela otra contradicción: los dos juicios de amparo utilizados por Conagua para clasificar la información cuestionan, entre otros aspectos, la transparencia y el correcto desarrollo del megaproyecto. Es decir, el Estado utiliza los litigios que denuncian posibles irregularidades para impedir el acceso a los documentos que permitirían revisarlas. Ambos amparos obtuvieron suspensiones provisionales, aunque han sido desacreditados públicamente por el Gobierno de Oaxaca.

Así, las autoridades sostienen que la consulta fue válida, pero los documentos necesarios para verificar cómo se desarrolló permanecerán fuera del escrutinio público hasta 2031.

CONSULTA BAJO CUESTIONAMIENTOS

El 6 y 7 de septiembre de 2025, la Conagua, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Gobierno de Oaxaca realizaron una consulta en Villa Sola de Vega, comunidad agraria e indígena del pueblo zapoteco, sobre la construcción de la presa Margarita Maza.

La consulta no era un procedimiento opcional. El derecho nacional e internacional obliga al Estado a consultar previamente a los pueblos indígenas cuando un proyecto puede afectar sus territorios, sus recursos naturales o sus formas de vida. Por lo que al contemplar en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 la construcción de la Presa y el acueducto para llevar agua a la capital de Oaxaca —uno de los proyectos prioritarios de los gobiernos federal y estatal—, el consentimiento de las comunidades constituía uno de los elementos centrales para el desarrollo de las obras hídricas.

Sin embargo, la cronología del proyecto revela otra contradicción.

Con información pública de Semarnat fue posible reconstruir que la consulta indígena en el municipio de Villa Sola de Vega se realizó apenas dos días después de que la dependencia iniciara formalmente el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (MIA). Cuando las comunidades acudieron a la consulta, la MIA todavía no era pública. El documento comenzó a difundirse hasta febrero de 2026, es decir cinco meses después, cuando la Semarnat publicó un borrador e inició una consulta ciudadana sobre sus impactos. A pesar de ello, desde junio ya habían comenzado los trabajos de construcción, tras la adjudicación del contrato para la presa.

En un comunicado oficial de una página, el Gobierno de México aseguró que la consulta indígena sobre la presa Margarita Maza concluyó con éxito y contó con el respaldo de las comunidades.

Aun con este contexto, el gobierno informó en un comunicado oficial de una sola página que la consulta había sido aprobada “por unanimidad”, con la participación de representantes de 40 comunidades y la votación de mil 655 personas.

A diferencia de otros procesos impulsados por el propio INPI en Querétaro, Hidalgo y Sonora durante el mismo periodo, ninguno alcanzó un consenso semejante.

Pero conocer cómo se construyó esa unanimidad resulta imposible mientras el expediente permanezca reservado.

El portal de Semarnat muestra que la consulta pública sobre la MIA se realizó del 3 de febrero al 2 de marzo de 2026, cinco meses después de la consulta indígena en Villa Sola de Vega.

Ante la escasa información disponible, El MuroMx solicitó respuestas a Conagua, al INPI y a otras diez dependencias estatales y federales para conocer cómo se planeó y ejecutó la consulta. La mayoría respondió que no participó directamente en el proceso o remitió la responsabilidad a Conagua, la misma institución que posteriormente clasificó la información.

Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que no tuvo conocimiento de la consulta, pese a que su presencia habría sido relevante como órgano garante del respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas.

La propia documentación del INPI muestra que una semana antes del inicio de la consulta ya existían observaciones sobre el proyecto. En un dictamen enviado a Conagua el 28 de agosto de 2025, el Instituto advirtió que la construcción estaba planteada en dos etapas, que el trazo del acueducto aún no estaba concluido y que faltaban documentos técnicos y ambientales. También señaló que sería necesario establecer un diálogo con las comunidades indígenas para que pudieran otorgar o negar libremente su consentimiento respecto de la adquisición de una porción de sus tierras y, en su caso, acordar medidas de mitigación, remediación, planes de gestión social y mecanismos para garantizar un acceso justo y equitativo a los beneficios del proyecto.


Sin embargo, debido a que el expediente de la consulta permanecerá reservado hasta 2031, no es posible verificar públicamente si el proceso se desarrolló conforme a esos principios ni conocer de qué manera el gobierno garantizó el derecho de las comunidades a decidir libremente sobre las afectaciones a su territorio, su desarrollo económico, social y cultural.

AMPAROS EN CONTRA DE LA PRESA

Los dos juicios de amparo utilizados para justificar la clasificación de la información mantienen vivas varias de esas interrogantes.

El primero corresponde al juicio de amparo 717/2026 que fue promovido el 09 de junio del 2026 por el el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA), que cuestiona el inicio de las obras sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada. El otro fue presentado por el artista plástico y defensor zapoteco Markoa Vásquez el 15 de junio del 2026, bajo el número 824/2026, con el acompañamiento jurídico de Litigio Estratégico Indígena A.C., organización especializada en la defensa de derechos de los pueblos indígenas.

Al final, el gobierno sostiene que la consulta obtuvo el consentimiento de las comunidades. Sin embargo, los documentos que permitirían verificar cómo se construyó ese consentimiento permanecerán reservados hasta 2031. Entre tanto, una de las decisiones más relevantes para el futuro de Villa Sola de Vega seguirá sustentándose en un proceso que la ciudadanía no podrá revisar.

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