- La ASF detectó pagos irregulares en la nómina educativa del IEEPO a personas con cargos de elección popular, plazas geográficamente incompatibles y registros de defunción durante la gestión de Emilio Montero Pérez. La revisión de la Cuenta Pública 2025 también identificó un subejercicio de 53.8 millones de pesos que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
Juan Carlos Zavala /
Oaxaca de Juarez.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos a políticos que ocupaban un cargo de elección popular, a personas con más de una plaza en diferentes centros de trabajo y a personas que ya habían fallecido.
El monto de estas observaciones realizadas a la Cuenta Pública de 2025, superan los 10 millones de pesos. Adicionalmente, se detectó un subejercicio de 53 millones 797 mil 101.12 pesos, los cuales tuvieron que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
“Se determinaron 10 millones 988 mil 333.08 pesos en conceptos pendientes de aclarar, correspondientes a personal que ocupó más de una plaza en centros de trabajo con incompatibilidad geográfica, que desempeñó un cargo de elección popular, o que tiene registro de defunción en las bases de datos de la Secretaría de Salud”, precisó.
Las irregularidades se detectaron durante la gestión de Emilio Montero Pérez, tras la detención del entonces presidente de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano.
En su informe, la ASF detalló que se encontraron pagos a 50 trabajadores por un monto de 9 millones 623 mil 222.13 pesos, que ocuparon un cargo de elección popular, sin acreditar funciones vinculadas con la educación básica y normal, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2025.
También se encontraron pagos por 977 mil 865.65 pesos a cuatro trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones geográficas resultaron incompatibles entre sí.
Y finalmente, se detectaron pagos por 1 millón 929 mil 85.15 pesos a 32 trabajadores con registro de defunción en las bases de datos emitidas por la Secretaría de Salud, sin acreditar la procedencia de los pagos; también con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del ejercicio fiscal 2025.
Estas irregularidades se encontraron durante el periodo de Emilio Montero Pérez, quien renunció al cargo de director general del IEEPO tras la detención del entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, por los delitos de extorsión agravada y otros delitos que atentan contra la seguridad del Estado, así como por su presunta participación dentro de la estructura delictiva de Los Cromos, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.
Montero Pérez también renunció en un contexto en el que es señalado por autoridades federales de ser uno de los principales liderazgos de Los Cromos.
Además, tras la detención de Emilio Montero se reveló que regidores y funcionarios del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, también cobraban en la nómina del IEEPO. En la lista de “aviadores” aparecieron periodistas y diversos funcionarios del gobierno del estado, entre los que se encuentra el esposo de la actual titular del IEEPO, Fernanda Chávez Cruz.
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