Jesús Lemus
El último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue uno de los más oscuros en cuanto a la protección de los derechos humanos; solo en lo que hace a la tortura, esta se manifestó como una práctica sistemática del Estado; en los centros de reclusión de los tres niveles de gobierno fue en donde se llevó de manera casi permanente la violación de los derechos humanos, mediante tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Lo anterior lo revela un informe enviado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Senado de la Republica, los estados en donde con mayor incidencia se registra la práctica de tortura por parte del Estado, a través de los centros de reclusión, son Nuevo León, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero Oaxaca y Chiapas, donde el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura ha registrado por lo menos 3 mil 773 casos, ocurridos entre enero a diciembre del 2018.
La información proporcionada al Senado de la República, por parte de la CNDH, indica que los 3 mil 773 casos de tortura identificados en todo el país, solo de los denunciados el año pasado, ocurrieron en 4 mil 230 centros de reclusión, que van desde prisiones federales hasta separos de las policías municipales, incluyendo agencias del ministerio público, fiscalías y centros oficiales de arraigo, sin dejar de lado centros de internamiento para mujeres y adolescentes, instituciones psiquiátricas y estaciones migratorias.
Los elevados índices de tortura, donde los agentes del Estado son los únicos responsables, se detectaron luego que el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura revisó 12 cárceles federales, 322 cárceles estatales, 193 cárceles municipales, 783 separos de seguridad pública estatales y municipales, 283 centros para adolescentes, mil 382 agencias del ministerio público y centros arraigo, 45 albergues para atención de víctimas del delito, 13 áreas de detención en hospitales, 120 instituciones psiquiátricas, 2 prisiones militares y 42 estaciones migratorias.
Según el informe de la CNDH, entre los principales aspectos violatorios detectados en los centros de confinamiento temporal de los gobiernos estatales y municipales de todo el país, después de las agresiones físicas y del trato cruel e inhumano, tienen que ver con la falta de derecho a recibir un trato decoroso, falta de acceso a la legalidad y seguridad jurídica, falta de acceso a servicios de salud y alimentación, así como acceso a la comunicación.
Las acciones para evitar la tortura y tratos crueles e inhumanos, principalmente de grupos vulnerables, dentro de los centros de reclusión temporal, asegura la CNDH, ha sido una labor permanente de la institución, por ello se creó el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, el que ha podido encontrar que “en el 46 por ciento de los lugares de detención visitados (durante el 2018) no se cumple con los estándares internacionales que garanticen una estancia digna a las personas recluidas”.
Con fecha de corte hasta el 31 de diciembre del año pasado, la CNDH reconoce que los principales casos (por la gravedad de las agresiones a las personas recluidas) se detectaron en 102 sitios de Nuevo León, 98 en Sonora, 82 en Veracruz, 72 en Quintana Roo, 56 en Guerrero, 37 en Tamaulipas y 32 en Michoacán, donde la constante fue que los propios gobernadores de esas entidades conocían previamente de las condiciones de reclusión que padecían las víctimas, y aun así permitieron la operación de esos centros, que van desde cárceles hasta separos clandestinos.
Llama la atención que de todos los casos de tortura registrados en el territorio nacional a lo largo del año pasado, el que mayormente se aplicó en todos los centros visitados por personal de la CNDH es el que tiene que ver con la privación de alimentos o entrega de estos en malas condiciones higiénicas, que se acentúa principalmente en las cárceles municipales y separos de las policías estatales y municipales.
Los Menores, Principales Víctimas
De 3 mil 773 casos de tortura que documentó la CNDH durante el 2018 por lo menos en el 38 por ciento de ellos las víctimas fueron menores de edad, registrando 752 niños y 152 niñas en calidad de afectados por el propio Estado, al recibir tratos crueles e inhumanos en su reclusión o internamiento dentro de instituciones estatales y municipales, principalmente careles o separos de las policías.
De todos los estados en donde los visitadores del CNDH dieron cuenta de la práctica de tortura por parte de la autoridad, la sistematización de esa práctica se registra alarmante en Sonora, donde por lo menos 372 menores denunciaron haber sido víctimas de violencia institucional y violación a sus derechos más elementales, a través de golpes, tortura física, privación del sueño, privación de alimentos y negación se servicios de salud emergentes.
En el estado de Veracruz se detectó que por lo menos 162 niños y 16 niñas, que se encuentran recluidos en prisión, fueron víctimas de diversos actos de tortura. En Nuevo León, fueron 72 niños y 11 niñas las que se dijeron víctimas de tortura. En Tamaulipas se encontró a 82 niños y 32 niñas recluidas afectados por la violencia institucional de la cárcel. En Michoacán se registraron 52 casos de niños y 17 niñas torturados. En Quintana Roo fueron 11 niños y 3 niñas, mientras que en Guerrero se documentó la tortura en 10 niños y 6 niñas que se encuentran recluidos en prisión.
En la mayoría de los sitios donde se encontró tortura contra menores de edad, esta fue expuesta por parte de los agentes estatales y municipales, que de manera sistemática negaron comunicación, acceso a la defensa jurídica, servicios médicos y de alimentación, poniendo en riesgo la integridad física y emocional de los menores, lo que llevo al intento de siete casos de suicidio, tres de ellos en Tamaulipas, dos en Nuevo León, uno en Michoacán y otro más en Quintana Roo.
Otros casos de tortura contra menores, que suman al menos otros 44 eventos de consideración, se registraron en al menos 10 estaciones migratorias, 18 centros de detención preventiva o separos de las policías estatales, cinco agencias del ministerio público, 15 albergues para víctimas del delito y 11 instituciones psiquiátricas, donde la autoridad fue omisa en cuanto a la garantía de seguridad de los niños y niñas.
