Juan Carlos Zavala

En cuatro años, el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo y el actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa, desviaron 268 millones 945 mil 88 pesos a través de empresas fantasma contratadas desde los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Una investigación realizada por Denise Tron Zuccher, Mariana Ruiz Albarrán y Luis Pérez de Acha de la organización Impunidad Cero reveló que de 2014 a 2018, en los SSO se encontraron mil 381 facturas falsa a través de este tipo de empresas utilizadas para el desvío de recursos públicos.

Los SSO, detalla la investigación, ocupó el tercer lugar de las instituciones con mayor desvío de recursos públicos.

El primer lugar lo ocupó el Instituto de Salud del Estado de México con facturas falsas para desviar 1 mil 804 millones 848 mil 490 pesos; el segundo lugar Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 320 millones 909 mil 389 pesos y en tercer lugar la dependencia de Oaxaca con más de 268.9 millones de pesos.

“Los estados que concentran la mayor cantidad de desvíos son: Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán”, señala.

Entre los resultados de la investigación se encuentra que se desviaron 4 mil 179 millones 46 mil 254 pesos a través de 22 mil 933 facturas falsas utilizadas en el sistema de salud de todo el país entre 2014 y principios de 2019.

En 30 de los 32 estados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la Secretaría de Salud han utilizado este modelo para desviar recursos públicos.

Además, se detectaron al menos 20 facturas falsas por casi 3 millones de pesos en los primeros meses de 2019; el IMSS fue la institución federal que más pagó a empresas fantasma: 320 millones de pesos; 80% de los recursos públicos desviados se concentran en 23 de las 837 empresas fantasma identificadas.

Impunidad Cero también apunta entre sus hallazgos que la federación concentra el mayor número de facturas falsas: 6 mil 121 facturas del total de 22 mil 933; el 2015 fue el año en el que más facturas falsas se utilizaron: 7 mil 264 por un monto de 1 mil 190 millones 778 mil 877 pesos.

Oaxaca, junto con el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Sinaloa reunieron el 80 por ciento del total de facturas de las entidades federativas, el primero de ellos recibió el 41% del total de facturas detectadas.

En 18 hospitales e institutos estatales, que operan como organismos descentralizados, contrataron con empresas fantasma; los Organismos Públicos Descentralizados fueron los que más desviaron recursos: 75% del total de recursos públicos detectados entre 2014 y 2019.

Y la empresa fantasma que más recursos públicos desvió fue Interacción Biomédica S.A. de C.V., con 39% del total o 1 mil 613.5 millones de pesos.

Interacción Biomédica, S.A. de C.V. también fue contratada por el gobierno de Oaxaca a través de los SSO, junto con los estados de Coahuila, Guerrero, Nayarit y Oaxaca, incluyendo al Instituto Materno Infantil del Estado de México.

La investigación realizada por Impunidad Cero aclara que el término “empresas fantasma” se utiliza en México para describir a aquellas empresas que tienen una existencia legal, pero sus operaciones son simuladas. Lo mismo sucede con personas físicas que aparentan realizar una actividad fiscal.

Desde 2014, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica este tipo de contribuyentes y los incluye en un listado público, conocido como listado de empresas fantasma.

“Este listado fue implementado para fiscalizar a aquellos contribuyentes que utilizan facturas falsas con el fin de evadir impuestos. De este modo, el SAT ha puesto su objetivo en identificar a las empresas fantasma para reconocer a los contribuyentes que “adquieren” sus facturas.

“Sin embargo, las autoridades no han utilizado estos listados como una medida para combatir el desvío de recursos públicos y la corrupción, lo que permite que la impunidad impere. Intencionalmente, y en colaboración con empresas personas físicas, servidores públicos han utilizado a las empresas fantasma como instrumento para desviar recursos”.

Se trata de un sistema en el que se simula, precisa, la venta de bienes o la prestación de servicios a las instituciones de salud, los cuales son pagados con recursos públicos.