Miguel Ángel Maya Alonso/
Oaxaca de Juárez.-Desde su creación, en 2018, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca solo ha vinculado a proceso a una persona, la cual fue condenada, sin embargo, está libre.
Mientras, el titular de esta dependencia, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, se la ha pasado de queja en queja por la falta de personal y autonomía presupuestal.
El Instituto Mexicano para la Competitividad y la asociación civil Tojil analizaron el actuar de las fiscalías anticorrupción del país, en donde encontraron que la de Oaxaca tiene un actuar deficiente.
Aunque también revelaron que las quejas del Fiscal Anticorrupción tienen sentido, ya que la dependencia depende del presupuesto de la Fiscalía General del Estado y su capital humano es insuficiente, aunque también no cuentan con manuales de procedimientos, es decir, no son capaces de realizar investigaciones.
La investigación encontró que la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca no cuenta con reglamento interior ni manual de procedimientos, no tienen protocolos ni manuales de investigación para la preparación de audiencia, de protección a testigos, ni de operaciones encubiertas y entrega s vigiladas, además de que no existen acuerdos emitidos por la Fiscalía Anticorrupción.
Ni en el 2019 ni en el 2020 se le asignaron recursos, por lo que dependieron de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y ni siquiera cuentan con un software para gestión de procesos.
Establecieron que la Fiscalía Anticorrupción cuenta con 10 ministerios públicos, dos policías de investigación y ocho oficiales ministeriales. Reportaron que no tienen peritos ni analistas, sin embargo, seis ministerios públicos y seis oficiales ministeriales están comisionados temporalmente.
Lo más grave de todo es que reconocen que no existe un esquema organizacional de trabajo y aseguran que mantienen colaboración con todas las instituciones, pero no remiten ningún acuerdo ni convenio. Mientras que el ministerio público no tiene un registro del plan de investigación.
En cuanto a sus resultados, indican que, al primer trimestre del 2021, un total de 560 investigaciones estaban en trámite de las mil137 iniciadas. Mientras que 390 investigaciones fueron determinadas por archivo temporal.
Sólo 11 investigaciones fueron judicializadas y una fue vinculada a proceso, la cual terminó en una sentencia condenatoria.
“En los casos de Oaxaca los perfiles involucrados pertenecen a la escala operativa obteniendo medianos resultados que están sumamente ligados a las carencias presupuestales con las que operan”, detalla el estudio.
