• Mujeres víctimas de Donato Vargas Jiménez, exigen su destitución por amenazas y violencia sexual, mientras tanto el gobernador de Oaxaca defiendió y elogió al funcionario integrante de su gabinete.

Karen Rojas Kauffmann /

Oaxaca de Juárez.- Integrantes de colectivas, organizaciones sociales y feministas exigieron a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, la destitución de Donato Vargas Jiménez, actual coordinador de Atención Regional y Delegados de Paz, de la Secretaría de Gobernación del Estado, por estar acusado de violentar a su expareja y haber creado y promovido un chat de whatsapp donde más de 140 funcionarios públicos compartían fotografías intimas de mujeres de la región mixe.

Esta mañana, en una conferencia de prensa, Martha Aracely Cruz Jiménez y Sandra Domínguez Martínez, en calidad de víctimas, solicitaron por escrito a Salomón Jara Cruz que “deje de proteger a Donato Vargas Jiménez, ya que conforme a la Ley Orgánica del poder Ejecutivo no cumple con los principios de idoneidad, honorabilidad ni equidad de género que los funcionarios públicos deben ostentar en el ejercicio de sus atribuciones”.

En una carta dirigida al gobernador exigieron además, “aplicar las sanciones correspondiente emanadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, toda vez que con sus conductas incumple la obligación de abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia que lesione o sea susceptibles de dañar la integridad, dignidad, libertad y los derechos de las mujeres”, acusaron.

En 2020, Sandra Domínguez Martínez denunció penalmente la existencia del chat denominado ‘Sierra XXX’ desde el que se difundían las fotografías y videos de mujeres ayuujk que las violentaba sexualmente. Tras la denuncia, Rolando Vázquez Pérez, exjefe del departamento normativo del control de plazas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), fue despedido, sin embargo, ningún otro funcionario fue cesado de su cargo.

“Estamos viviendo una pesadilla. Temo por mi vida y la de mi familia”, aseguró Martha Aracely Cruz Jiménez, quien narró que consecuencia de la violencia infligida por Donato Vargas, perdió su bebé de 26 semanas de gestación. “Constantemente me amenazaba, me decía que si lo denunciaba me arrojaría ácido en la cara o me agarraría a machetazos”, afirmó. “No sólo se trata de confrontar a un agresor y potencial feminicida como Donato Vargas, sino a una estructura gubernamental que está operando abiertamente para protegerlo”, manifestó.

En el documento escrito, las víctimas demandaron que Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado de Oaxaca, actúe con diligencia para que se proceda a la judicialización del caso y se garantice el derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño.

“Solicitamos medidas cautelares a las autoridades y funcionarios, que para variar todos son hombres, para que se garantice las vidas y seguridad de Aracely y de Sandra, porque nos preocupan las represalias que el agresor pueda tomar contra ellas”, alertó Yesica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos e integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca.

“El gobernador ya sabe quiénes son todos los funcionarios involucrados. Esperemos que las y los integrantes del Congreso del Estado tomen una posición clara y dejen de minimizarlo y calificarlo como un asunto entre particulares”, agregó.

El gobernador ignora las acusaciones

Ante las constantes acusaciones el gobernador Salomón Jara, minimizó los señalamientos que existen en contra de Donato Vargas Jiménez, incluida una denuncia penal por el delito de violencia familiar y por el contrario, elogió su desempeño como coordinador de Delegados de Paz.

“A Donato le reconozco su trabajo, su dedicación, su tiempo completo. Lo han retenido no menos de ocho o 10 veces en las carreteras, cuando va a dialogar con los de Matías Romero, Palomares, cuando fue a ver los de Sola de Vega, cuando a ido a todas las comunidades lo retienen, siempre”, destacó en su defensa Jara Cruz.

El 28 de noviembre de 2022, Aracely Cruz Jiménez interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del estado con el número de investigación 40841/UDVF/2022, por el delito de violencia familiar; sin embargo, el gobernador aseguró que no existía ninguna demanda e insinuó que las acusaciones contra Vargas Jiménez se trataban de un ataque político en contra de su gobierno.

“Que presenten la queja, háganlo, si tiene algún agravio en contra de algún ciudadano o ha cometido algún delito, con mucho gusto, pero yo le reconozco a Donato que es un compañero muy trabajador y muy dedicado. Muy pocos como él se atreven a ir hasta donde están los conflictos muy fuertes”, justificó.