- Un informe señala que entre las agresiones ejercidas por funcionarios públicos y actores políticos importantes destacan las del gobernador de Oaxaca contra integrantes de la Sección 22 de la CNTE-SNTE y EDUCA; y las difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la población mixe de Mogoñé Viejo, en el Istmo de Tehuantepec, que protestan contra las afectaciones del Corredor Interoceánico.
Karen Rojas Kauffmann/
Oaxaca de Juárez.- La criminalización contra personas defensoras y colectivos de defensa de los derechos humanos en el Estado ha aumentado durante el primer semestre del gobierno de Salomón Jara según el informe Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, documentado por la organización social Servicios de una Educación Alternativa AC. (EDUCA).
El informe que tiene el objetivo de analizar el contexto actual para la defensa de los derechos humanos y visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus territorios, indica que en los últimos seis meses, fueron criminalizadas y hostigadas 18 organizaciones o comunidades, es decir que en Oaxaca se registró una agresión colectiva en un promedio de diez días.
Jaime Jiménez Ruiz, defensor de Río Verde, asesinado en Oaxaca.
El documento señala además que entre las agresiones ejercidas por funcionarios públicos y actores políticos importantes destacan las de Salomón Jara Cruz contra integrantes de la Sección 22 de la CNTE-SNTE y EDUCA; y las diferentes difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la población mixe de Mogoñé Viejo, en el Istmo de Tehuantepec, que protestan contra las afectaciones del Corredor Interoceánico.
“La construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec causó una avalancha de violencia contra procesos de defensa de derechos colectivos, con agresiones individuales o colectivos registradas en los municipios de San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, San Francisco Ixhuatán y San Juan Guichicovi”, puede leerse en el informe.
Según el informe, 141 personas defensoras fueron asesinadas en el país durante los últimos cuatro años. De esos crímenes, 34 corresponden a defensores del Estado de Oaxaca. Una violencia desmedida que ha provocado también familias enteras desplazadas, niños huérfanos, comunidades con el tejido social roto y una severa crisis de derechos humanos.
“El mayor peligro para personas defensoras en Oaxaca son las autoridades locales. La mayoría de los ataques se registró en las regiones de la Costa y la Mixteca. La violencia está alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales emanadas de todos los partidos y también del sistema normativo interno”, asegura el documento.
La defensa del territorio frente inversiones y proyectos de desarrollo implica los mayores riesgos, según el monitoreo. El documento refiere que “una de cada tres personas asesinadas defendía el territorio de su comunidad de algún proyecto extractivista” y de estos, un 91%, pertenecía a un pueblo indígena.
