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Desaparecer 700 millones de pesos: las turbias cuentas de 18 expresidentes municipales de Oaxaca

 

  • 292 expresidentes municipales están siendo investigados por el cumplimiento de la entrega de documentación que compruebe el gasto público y la situación financiera del municipio a su sucesor; de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el 61.1% de estos presidentes son emanados de Morena.

 

  • Juan Carlos Zavala / Estado20

 

Oaxaca de Juárez.- Por primera vez en Oaxaca un expresidente municipal es llevado a juicio no sólo por negarse a realizar el proceso de entrega recepción con su sucesor, una práctica común en gran número de autoridades municipales en el estado, sino porque se encontró que el exedil de manera dolosa “desapareció” cualquier documento en el que haya evidencia sobre el ejercicio de los recursos públicos.

El pasado 3 de mayo de 2023, el expresidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por ser omiso en la entrega recepción de su administración al gobierno entrante.

 

Dante Montaño, emanado del PT es el primer expresidente municipal vinculado por el delito de ejercicio ilícito.

 

Su caso se vuelve emblemático por ser una práctica común de los presidentes municipales de Oaxaca: dejar su cargo y no dejar un sólo documento o rastro sobre el ejercicio de los recursos públicos durante su administración. En algunos, incluso, se han llevado los equipos de cómputo y mobiliario de las oficinas de sus ayuntamientos.

Estas prácticas provocaron que en 2017, los legisladores del Congreso del Estado aprobaron reformas al artículo 207 Bis del Código Penal del estado, con las que desde entonces se configura como un delito que se castiga con dos a ocho años de prisión a los presidentes y autoridades municipales que no realicen el proceso de entrega recepción con la administración entrante.

Investigan a cerca de 300 expresidentes municipales

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del estado ha abierto 2 mil 439 carpetas de investigación en las que están señaladas autoridades municipales, y de estas, el 12% están relacionadas con la falta de entrega recepción; es decir, alrededor de 292 expresidentes municipales son investigados por su omisión en el cumplimiento de la entrega de documentación que compruebe el gasto público y la situación financiera del municipio a su sucesor.

En 2021 se renovaron las presidencias municipales en aquellos ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, y como cada tres años, algunos presidentes municipales se quejaron que su antecesor no realizó la entrega recepción y carecen de documentación sobre la administración pública; en otros, se reportaron casos en los que dejaron las oficinas municipales sin mobiliario y sin equipo de cómputo, como fue el caso del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Jorge Emilio Iruegas Álvarez, fiscal Anticorrupción de Oaxaca, advierte además que la falta de este proceso dificulta las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, por la desaparición o inexistencia de documentos.

“Uno de los principales problemas que uno enfrenta como Fiscalía Anticorrupción para poder, en su caso, llevar ante un juez investigaciones de desvío de recursos, es que históricamente no se contaba con la información que te pudiera dar la autoridad entrante para poder acreditar que hubo un desvío de recursos, o un ejercicio ilícito, o una contratación indebida o un pago indebido.

 

Jorge Emilio Iruegas Álvarez, fiscal Anticorrupción de Oaxaca.

 

“Y esto tenía que ver justamente porque se llevaban hasta las computadoras, en algunos casos no se llevaban el recinto municipal porque tenía cimientos, casi se daba eso en todos los municipios de Oaxaca”. Esto fue la principal razón de la reforma de diciembre de 2017, en la que se agrega la falta de entrega recepción dentro de los delitos del ejercicio ilícito del servicio público.

Ediles de Morena desaparecen más de 532 millones de pesos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó la cuenta pública de 2021 de 38 municipios del estado de Oaxaca. En esas revisiones encontró que 18 autoridades municipales incumplieron con el proceso de la entrega recepción, es decir, el 40.37%.

De acuerdo con la ASF, por tanto, no existe documentación que compruebe en qué se gastaron 688 millones 350 mil 574.42 pesos y que ejercieron estas autoridades durante el año 2021. Este monto, es superior a los recursos públicos que recibieron los 570 municipios del estado a través de ocho fondos federales: Participaciones en Impuestos Especiales, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuestos a las Ventas Finales de Gasolinas y Diésel, Fondo Resarcitorio del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto Sobre la Renta para la Enajenación de Bienes Inmuebles, y que en conjunto en el año 2021, ascendieron 619 millones 778 mil 208 pesos.

El 61.1% de los presidentes que no cumplieron con la entrega recepción son emanados del partido Morena y ejercieron alrededor de 532 millones 283 mil 460.06 pesos, de los cuales no dejaron documentación que compruebe su ejercicio. Le siguen presidentes municipales del PRI, que representan el 16.6%, y que ejercieron 65 millones 12 mil 226.54 pesos; los del Partido Nueva Alianza, que representan el 11.1% y que ejercieron 82 millones 944 mil 592.28 pesos; y finalmente, dos ex ediles de municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, que representan el 11.1% y que ejercieron 8 millones 110 mil 295.54 pesos.

Destaca por el monto de recursos públicos que ejerció y de los cuales no dejó ni una sola evidencia, el expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín –actual titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocifed) –con 111 millones 638 mil 514 pesos. Aunque Alejandro López fue electo como edil por el PRD, en su segundo periodo, se adhirió al partido Morena y hoy es funcionario público en el gobierno de Salomón Jara Cruz, emanado de este instituto político.

 

Alejandro López Jarquín durante la toma de protesta del gobernador Salomón Jara.

 

También está el expresidente municipal de Santiago Juxtlahuaca y actual diputado local por Morena, Nicolás Enrique Feria Romero, con un monto de 30 millones 97 mil 61 pesos; el expresidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano, también de Morena, con un monto de 144 millones 672 mil 899.05 pesos; y el exedil de Juchitán de Zaragoza y actual titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, también de Morena, con 47 millones 537 mil 598.38 pesos.

Caso Dante Montaño

Dante Montaño, emanado del Partido del Trabajo, pero cuyo triunfo electoral se debió a la alianza electoral con el partido Morena, logró librar la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar, pese a las solicitudes realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

“Nosotros solicitamos que se impusiera la firma semanal y la prohibición de salir del estado, pero la juez consideró que no existía la necesidad de cautela, cosa que no compartimos”, afirma Jorge Emilio Iruegas Álvarez, fiscal Anticorrupción.

La juez estableció un plazo de cierre de investigación hasta el 4 de junio; un plazo más para que la Fiscalía fortalezca la imputación y en su caso, realice nuevamente la acusación formalmente, para pasar después a la etapa intermedia y después a juicio.

Este es el primer expresidente municipal en Oaxaca que es llevado a juicio por este delito, tras la reforma al Código Penal de Oaxaca que incorpora como un delito relacionado con el ejercicio ilícito del servicio público la falta de entrega recepción, y el cual contempla una pena de 2 a 8 años de prisión; pero, cerca de 300 exautoridades municipales son investigadas por este tipo de hechos.

Dante Montaño, exedil de Santa Lucía del Camino, fue postulado por el Partido del Trabajo (PT) en alianza con el partido Morena. Su vinculación a proceso, Iruegas Álvarez, es relevante no sólo por el ser el primer caso llevado a juicio por la falta de entrega recepción, sino porque a partir de ahí, se pueden “desentrañar algunos otros delitos, en los cuales, muchas de las veces no tienen la documentación soporte que es parte fundamental, justamente, para acreditar que el recurso fue ocupado en lo que debía ocuparse y no hubo peculado o un posible desvío ilegal del mismo”.

Además, dice, puede propiciciar que todas las autoridades, no sólo las municipales porque puede ser extensivo para las estatales, vean como importante hacer su entrega recepción.

Mientras tanto, Dante Montaño llevará su proceso en libertad y la juez negó a la Fiscalía Anticorrupción la solicitud de medida cautelar para que el ex servidor público acudiera a firmar cada semana y no salga del estado; y dio como plazo hasta el próximo 4 de junio de 2023 para concluir la etapa de investigación, y a partir de ahí que la Fiscalía lo acuse formalmente, se pase a la etapa intermedia y posteriormente al juicio.

“Acá no sólo es que lo haya hecho en contra de esa norma (que haya incumplido con la entrega recepción), no, sino que fue omiso al hacerlo. Y tenemos esa acreditación de lo que antes era el Órgano Superior de Fiscalización, hoy Auditoría Superior, y me parece que ese es el elemento puntual y contundente para poder acreditar este delito”, sostiene Iruegas Álvarez en el caso de Dante Montaño.

Tampoco transparentan sus cuentas públicas ni las obras que realizan

Además, el 12% de los 570 municipios del estado de Oaxaca no cumplen con la presentación de sus informes trimestrales de la cuenta pública, sus estados financieros y de avance de gestión financiera, y el 35 por ciento no transparenta ni entrega la información correspondiente a la contratación de obra pública, según el informe al tercer trimestre de 2022 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO), hoy llamado Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

El artículo 12 de la Ley de Fiscalización, los entes públicos municipales tienen la obligación de presentar su información financiera de manera trimestral, siendo publicado el listado de Ayuntamientos que cumplieron e incumplieron con esta obligación; lo anterior, a través del Portal Oficial del OSFEO.

Respecto a la presentación de los Informes Trimestrales de Estados Financieros y de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del ejercicio 2022 de los Ayuntamientos, el 88% de los Municipios cumplieron, comparado con el 85% alcanzado en el Segundo Trimestre del ejercicio 2022.

De acuerdo con el documento del OSFEO, 500 ayuntamientos cumplieron con la presentación de la información financiera, y 70 ayuntamientos no cumplieron.

 

Por cada una de las regiones, se encontró que el mayor porcentaje de cumplimiento, en relación al número de municipios que la conforman, se encuentra en las regiones Sierra Norte, Mixteca, Valles Centrales y Costa. En contraste, las regiones con menor grado de cumplimiento en relación al número de municipios que la conforman, son la Cuenca del Papaloapan y Cañada.

En 2022 los 570 municipios del estado tuvieron ejercieron recursos por más de 18 mil 41 millones 695 mil pesos.

Mientras que entre los ayuntamientos que no cumplen con la entrega de sus informes financieros destacan Oaxaca de Juárez que ejerció más de 628 millones 812 mil pesos; San Juan Bautista Tuxtepec, más de 770 millones 770 mil pesos; Santa Cruz Xoxocotlán, más de 298 millones 55 mil pesos; Salina Cruz, más de 316 millones 665 mil pesos; Villa de Zaachila, más de 149 millones 415 mil pesos; Miahuatlán de Porfirio Díaz, más de 148 millones 314 mil pesos; Santa María Chilchotla, 117 millones 355 mil pesos; y Santa María Atzompa, más de 107 millones 596 mil pesos.

 

 

Las entidades fiscalizables que cumplieron se refiere al el registro de las transacciones contables a través de la plataforma del SiMCA Ultra del organismo fiscalizador, el cual incluye el porcentaje de los ingresos recaudados con respecto a su ley de ingresos, el monto de los egresos ejercidos con respecto a su presupuesto de egresos al tercer trimestre de 2022 y el promedio de cumplimiento de todos los programas presupuestarios de cada Municipio del tercer trimestre del 2022.

“Es importante mencionar que como parte de las atribuciones del Órgano establecidas en la Ley de Fiscalización y el Reglamento Interior, se realizarán las solicitudes de cumplimiento a los Municipios que fueron omisos en la presentación de los Informes Trimestrales de Estados Financieros e Informes de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2022; con lo que se busca disminuir la incidencia en el incumplimiento de la presentación de los Informes citados en los trimestres subsecuentes”, asegura.

Pese a que los 570 ayuntamientos reciben recursos para la ejecución de obras públicas en sus respectivos municipios, un porcentaje elevado no reporta ni transparenta esta información ante el organismo fiscalizador.

De acuerdo con el OSFEO, 325 municipios registran obra pública, lo que corresponde al 65% del total de municipios que cumplieron con la presentación; mientras que 175 municipios no registran obra pública, lo que corresponde al 35% del total de los que cumplieron con la presentación.

La institución detalla que, de los municipios que no reportaron obra pública en la relación de obras en proceso, la totalidad de ellos registraron haber recibido recursos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

“Lo anterior, se determinó una vez realizado de manera simultánea el análisis al formato “Reporte Analítico de Ingresos” contenido en los Informes Trimestrales de Estados Financieros e Informes de Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del ejercicio 2022”.

También encontró que una vez verificada la información contenida en la página oficial de la SEFIN en relación a lo reportado por los Ayuntamientos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observó que, de los municipios que no reportaron información en los Formatos “Relación de Obras en Proceso”, 43 de ellos afirmaron haber ejercido recursos del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Por ejemplo, algunos de los municipios que no reportaron obra pública destacan la Villa de Zaachila, Santiago Matatlán, Pinotepa de Don Luis, Ocotlán de Morelos, Santa Cruz Xoxocotlán, Villa Sola de Vega, Huajuapan de León, Unión Hidalgo, Ciudad Ixtepec, Pluma Hidalgo y Santa María Huatulco.

¿Delito grave?

Iruegas Álvarez afirma que señalar el delito de ejercicio ilícito del servicio público por ser omiso en la entrega recepción como delito grave “es un tema un tanto técnico y que malamente los abogados no lo hemos sabido explicar”. Según el Fiscal Anticorrupción, ya no existe en la legislación penal ese término para imponer o no una medida cautelar.

“La medida cautelar es si la persona durante el proceso va a estar en prisión o va ir a firmar o va tener que exhibir una garantía. Y hay los delitos de prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar, la más gravosa, en donde hay delitos que en automático, con la sola vinculación como es el homicidio, secuestro, violación, se les impone durante el proceso se les impone la prisión preventiva oficiosa”.

Pero destaca que esta prisión preventiva oficiosa en automático, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en atención a instrumentos internacionales, menciona que es inconstitucional y que lo que se tiene que hacer, no es que no se imponga, sino que tiene que haber debate de las partes.

“Es decir, ya no se impone directamente por el juez por el simple hecho de que se vincule a proceso, sino como pasa con todas las demás medidas cautelares, en donde hay un debate entre ministerio público y defensa, respecto a la necesidad de cautela, es decir, si la persona se va a dar a la fuga o representa un peligro ante testigos, etcétera, con base en ese debate se impone”.

En el caso de Dante Montaño, no obstante, la Fiscalía consideró “que no era ta gravosa la necesidad de cautela como para pedir prisión preventiva”, pero si pidió que acudiera a firmar cada semana y que no saliera del estado; sin embargo, la juez decidió no imponerle ninguna medida cautelar.

52% de ediles bajo investigación, por no “desaparecer” pruebas del gasto

La información de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción muestran que el 52 por ciento del total de las investigaciones que realiza (más de 2 mil 400) tienen que ver con autoridades municipales.

De esas hay cuatro grandes rubros que tienen que ver con cuatro grandes rubros respecto de lo que se denuncia. Un 34% de ese gran total, tiene que ver con abusos policiales, 40% con abusos de autoridad, 5% conflictos entre agencias y cabecera por la entrega de recursos, 10% donde sólo se denuncia que se desvió recurso y al día de hoy, de la falta entrega recepción que es un delito que empieza a tener vigencia en Oaxaca a partir de diciembre de 2017, ascienden a más del 12% de esas 2 mil 439 carpetas de investigación.

“Este es el primer asunto en la historia que se da por este delito, por la falta de entrega recepción, sin embargo; estamos hablando de más de 250 investigaciones relacionadas con la falta de entrega recepción”, apunta Iruegas Álvarez.

También detalla que la falta de entrega recepción y en consecuencia la falta de documentos sobre el ejercicio de los recursos públicos en los municipios, es uno de los principales problemas que enfrenta Fiscalía Anticorrupción para poder en su caso llevar ante un juez investigaciones de desvío de recursos, ya que históricamente no se contaba con la información que se pudiera dar la autoridad entrante para poder acreditar que hubo un desvío de recursos, o un ejercicio ilícito, o una contratación indebida o un pago indebido.

“Y esto tenía que ver justamente porque se llevaban hasta las computadoras, en algunos casos no se llevaban el recinto municipal porque tenía cimientos, casi se daba eso en todos los municipios de Oaxaca. Esa fue la razón por la que en diciembre de 2017, la Legislatura lo incorpora como un delito relacionado con el ejercicio ilícito del servicio público, la falta de entrega recepción”.

Para Iruegas Álvarez, la incorporación de este delito en el Código Penal de Oaxaca cobra relevancia no sólo porque por primera vez se lleva a juicio a un expresidente municipal en el estado, sino porque a partir de ahí, se pueden desentrañar algunos otros delitos. “En los cuales, muchas de las veces no tienen la documentación soporte que es parte fundamental, justamente, para acreditar que el recurso fue ocupado en lo que debía ocuparse y no hubo peculado o un posible desvío ilegal del mismo”.

También funcionará, dice, para que todas las autoridades, no sólo las municipales, entiendan la importarcia de hacer la entrega recepción.

“Estamos ya siendo más prolijos a la hora de llevar investigaciones ante un juez. Esta es la primera en cuanto a un tema de falta de entrega recepción, pero en próximas semanas estaremos llevando ante un juez, otras investigaciones relacionadas con hechos de la misma naturaleza”, finaliza.

 

 

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