El Álvaro Carillo: una millonaria caja de cartón

• En septiembre de 2022 Alejandro Murat Hinojosa y el empresario Carlos Slim Helú inauguraron el Centro Cultural Álvaro Carrillo. El inmueble fue anunciado por el exgobernador de Oaxaca con una inversión superior a los 360 millones de pesos. A pesar de la inversión millonaria, un año después de su inauguración, el inmueble se declaró inoperante. ¿Cuánto dinero más nos costará a los oaxaqueños rehabilitar “la magna obra”? ¿habrá sanciones “ejemplares” para los responsables?
  

Si el Teatro Álvaro Carrillo no hubiese sido derribado, este año, en agosto cumpliría 32 años, pero sufrió daños estructurales por los sismos de 2017 –o eso se dijo– y junto a las oficinas de la Secretaría de las Culturas y el Centro de Convenciones Monte Albán fue derribado durante la pandemia. Sólo echarlo abajo costó más de 9 millones de pesos.

Dos años después, en 2022, el gobernador Alejandro Murat, hoy senador electo por Morena, inauguraría otro edificio con el nombre del músico que compuso Sabor a mí, con un costo de construcción que ascendió a los 360 millones de pesos. Y hace unos días, en un aparatoso operativo, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción recuperó el inmueble que hasta ese momento, según aseguró la Consejería Jurídica, había permanecido en posesión de la empresa constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA). La misma empresa que participa en la construcción del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Corredor Interoceánico y que construyó la Línea 12 del metro. ICA es parte de Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de México y de Latinoamérica, cuyo dueño es Carlos Slim. 

Él asistió acompañado de su esposa, a la inauguración de un Centro Cultural inconcluso, en noviembre de 2022, pocos días antes de que terminara el sexenio de Alejandro Murat. En ese momento se le calificaba como un edificio de primer nivel. Murat se lo ofreció a Guillermo del Toro para proyectar la película Pinocho. Y como en la historia del niño de madera al que le crecía la nariz si mentía, las consecuencias de la evidente corrupción no tardaron en hacerse visibles: En septiembre del 2023 en una de las entradas al inmueble se leía un letrero que decía: “Prohibido el paso, esta es una propiedad privada y está siendo monitoreada por cámaras de vigilancia”. Una atribución muy prepotente para tratarse de un terreno baldío con un edificio color tierra en medio. Dos meses después, en noviembre, Javier Lazcano Vargas, exsecretario de la infraestructuras en la administración de Alejandro Murat, quien supervisó la construcción del Centro Cultural, fue detenido por uso ilícito de atribuciones y facultades. Cuatro exfuncionarios más también fueron aprehendidos.

El 28 de diciembre de 2023, un año después de su inauguración, se presentó una denuncia penal y una queja administrativa por las irregularidades que presentaba el inmueble. El secretario de las Infraestructuras Nezahualcóyotl Salvatierra informó que la obra era inoperante. Ninguna novedad. La millonaria caja de cartón, olvidada en medio de montículos de tierra no tiene ningún sentido y por lo pronto tampoco ningún propósito. Muchas preguntas surgen: ¿Qué pasará con este espacio? ¿Cuándo podrá usarse? ¿Cuánto dinero se va invertir para terminar la obra? Ah, pero el diseño, que prometió maravillas en 2019 costó 5.5 millones de pesos y fue encargado al consorcio conformado por Taller de Arquitectura Mauricio Rocha S. C., Tatiana Bilbao S. C. y Albert Kalach Kichik, ellos ganaron la licitación para desarrollar el proyecto arquitectónico.

Cada uno de estos arquitectos presume en sus respectivos sitios web los trabajos que han realizado a lo largo y ancho del país, pero del Centro Cultural Álvaro Carrillo, ni rastro. Se consultó a Mauricio Rocha, hijo de la fotógrafa Graciela Iturbide sobre su participación en el proyecto y se negó a responder a las preguntas. De la misma forma en la que el gobierno actual evita decir el nombre de Alejandro Murat cada vez que se refiere a las investigaciones y auditorias sobre el ejercicio de los tres mil 500 millones que el Congreso autorizó como deuda en octubre de 2019, para que la administración de Murat llevara a cabo ésta y otras obras en el estado. Todas ellas se encuentran bajo auditoria y a simple vista se puede afirmar que ninguna es útil para los ciudadanos.

Ni el Foro Huatulco, ni la Casa de Alas del DIF. Y la aplicación y modernización de la avenida Símbolos Patrios es una burla. Geovanni Vázquez Sagrero, el abogado del Estado, dijo que se deslindarán responsabilidades, pero el exgobernador Alejandro Murat pronto gozará de la inmunidad que le concederá convertirse en senador. Ahora ya no construirá infraestructura social para los oaxaqueños y oaxaqueñas, sino el segundo piso de la Cuarta Transformación.

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La columna Tirar del hilo fue publicada en https://paolaflores.org/