• Un informe de organizaciones civiles advierte que el modelo turístico e inmobiliario en la Costa de Oaxaca está provocando desplazamiento forzado, privatización de playas y violaciones sistemáticas a derechos colectivos, en un proceso que beneficia a grandes intereses económicos mientras debilita a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Gabriela García/

Oaxaca de Juárez.— El crecimiento acelerado del turismo y la expansión de proyectos inmobiliarios en la Costa de Oaxaca han dejado de ser vistos únicamente como motores de desarrollo para convertirse en el centro de una denuncia: el despojo territorial de comunidades. Así lo advierte un informe reciente impulsado por El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO), que documenta cómo este modelo económico está generando desplazamiento forzado, pérdida de acceso a bienes comunes y violaciones a derechos humanos en una de las regiones más emblemáticas del estado.

De acuerdo con el documento, el llamado “Turismo depredador” no sólo transforma el paisaje, sino que reconfigura la vida comunitaria. Las organizaciones señalan que el avance de complejos turísticos, desarrollos inmobiliarios y proyectos de alto impacto ha favorecido a empresas privadas y capital externo, mientras las comunidades enfrentan el encarecimiento de la tierra, la pérdida de viviendas y la reducción de su acceso a recursos esenciales como el agua y las playas.

Uno de los puntos más críticos del informe es la denuncia sobre la privatización de espacios que históricamente han sido de uso común. Playas, caminos y zonas costeras comienzan a restringirse mediante proyectos turísticos que limitan el acceso de las poblaciones locales, lo que constituye —según las organizaciones— una violación directa a derechos colectivos y al territorio.

Además, el documento advierte que este proceso está acompañado de prácticas de presión y compra irregular de tierras, muchas veces sin garantizar información adecuada ni condiciones justas para las comunidades. En este contexto, se configura un patrón de despojo que no es aislado, sino estructural pues responde a una lógica de acumulación donde el territorio se convierte en mercancía y las comunidades en obstáculos para el desarrollo inmobiliario.

Las organizaciones también subrayan que estos proyectos avanzan sin cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en estándares internacionales de derechos humanos. Esta omisión, señalan, deja en estado de vulnerabilidad a pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes históricamente han sostenido formas de vida ligadas al territorio y a los bienes naturales.

El impacto no es sólo social

El informe advierte sobre consecuencias ambientales derivadas del turismo masivo, como la presión sobre ecosistemas costeros, la sobreexplotación de recursos y la alteración de dinámicas naturales en zonas de alta biodiversidad. En regiones donde el equilibrio ecológico es clave para la subsistencia comunitaria, estos cambios profundizan las desigualdades y la precarización.

En este escenario, FORO hace un llamado urgente a frenar el avance de proyectos inmobiliarios y turísticos que no cuenten con consentimiento comunitario, así como a replantear el modelo de desarrollo en la región. La exigencia es clara: poner en el centro los derechos humanos y el respeto al territorio frente a un modelo que, advierten, está convirtiendo a la Costa de Oaxaca en un espacio de exclusión.

Porque, como concluye el informe, el problema no es el turismo en sí, sino el tipo de turismo que se impone, uno que desplaza, fragmenta y despoja. En la Costa de Oaxaca, el desarrollo —señalan— no puede seguir construyéndose a costa de quienes históricamente han habitado y cuidado ese territorio.