- Colectivos y organizaciones alertan sobre la circulación de fotografías y videos de adolescentes y jóvenes oaxaqueñas captados en calles, escuelas e incluso dentro de sus hogares. Exigen investigación inmediata y medidas urgentes para frenar la creciente violencia digital en el Estado.
Gabriela García/
Oaxaca de Juárez.- Un nuevo grupo detectado en la plataforma Telegram volvió a encender las alertas por violencia digital en Oaxaca. Colectivos de ciberseguridad y organizaciones feministas denunciaron la existencia de redes donde se comparten fotografías y videos de mujeres y adolescentes grabadas sin consentimiento en espacios públicos, centros educativos e incluso dentro de viviendas particulares.
La denuncia fue difundida inicialmente por el Colectivo DLR de Ciberseguridad, que documentó la operación de grupos digitales donde usuarios intercambian material de contenido sexualizado obtenido de manera clandestina. De acuerdo con los reportes, parte de las imágenes corresponde a estudiantes menores de edad y jóvenes captadas mientras caminan por calles, permanecen en aulas escolares o realizan actividades cotidianas dentro de sus hogares.
El caso reavivó la discusión sobre la expansión de la violencia digital y la vulneración sistemática del derecho a la privacidad, especialmente contra niñas y adolescentes. Organizaciones civiles señalaron que estas prácticas no pueden entenderse como simples intercambios de contenido en redes sociales, sino como formas de acoso, vigilancia y explotación digital que colocan a las víctimas en condiciones de riesgo permanente.

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio Oaxaca) exigió a la Fiscalía General del Estado (FGEO), a la Policía Cibernética y a las autoridades educativas investigar de manera inmediata la operación de estos grupos, identificar a quienes administran y difunden el contenido y garantizar medidas de protección para las posibles víctimas. La organización también advirtió que entre los participantes podrían existir personas cercanas a las jóvenes afectadas, incluidos compañeros escolares, docentes, conocidos e incluso familiares.
La preocupación creció luego de que activistas denunciaran que publicaciones relacionadas con el caso fueron eliminadas de plataformas digitales tras denuncias masivas realizadas presuntamente por integrantes de estas redes. El Colectivo DLR sostuvo que parte de las agresiones ocurre precisamente en entornos donde las víctimas mantienen vínculos cotidianos con quienes toman o distribuyen las imágenes.
El fenómeno no es nuevo en Oaxaca. Desde finales de 2025, colectivos documentaron la existencia de otros grupos en Telegram y Facebook donde se compartían fotografías de adolescentes y mujeres sin autorización. En noviembre pasado fue denunciado un chat denominado “Filtrados”, donde participaban cientos de usuarios, así como otro espacio digital identificado como “Las princesas de papá”, que llegó a reunir a cientos de integrantes y donde, según activistas, se difundían imágenes de menores de edad acompañadas de comentarios sexualizados y posibles ofertas de encuentros.
De acuerdo con los reportes, algunas conversaciones detectadas incluían intercambios de dinero, referencias a hoteles y mecanismos para ocultar identidades mediante perfiles falsos. Las investigaciones también apuntaron a posibles intentos de contacto físico con menores de edad y a dinámicas de organización entre usuarios para conseguir más material.
Tras las primeras denuncias, la FGEO abrió carpetas de investigación por presunta violación a la intimidad sexual y otros posibles delitos relacionados con violencia digital. Sin embargo, colectivos advirtieron que el avance de las indagatorias enfrenta obstáculos debido a la falta de denuncias formales y a que muchas víctimas desconocen que están siendo grabadas o expuestas en internet.
En México, la llamada Ley Olimpia reconoce la violencia digital y sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. No obstante, activistas consideran que los casos recientes exhiben limitaciones institucionales para prevenir, investigar y atender redes digitales donde las víctimas son observadas, grabadas y distribuidas sin autorización.
Mientras continúan las investigaciones, organizaciones civiles insistieron en que el problema no puede reducirse a hechos aislados ni depender únicamente de denuncias individuales. Señalaron que la dimensión del fenómeno obliga a reforzar mecanismos de prevención, educación digital y protección integral para mujeres, adolescentes y niñas frente a formas cada vez más agresivas de violencia tecnológica.


