- Tras una reunión con colectivos de búsqueda, el gobernador Salomón Jara Cruz se comprometió a aprobar el Programa Estatal de Búsqueda de Personas, publicar el decreto que permitirá la entrada en funciones de una Fiscalía Especializada en Desapariciones e instalar la junta del Órgano de Gobierno correspondiente. Las familias confían en que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas en medio de una crisis que sigue acumulando ausencias, impunidad y exigencias de justicia.
Karen Rojas Kauffmann/
Oaxaca de Juárez.- La creación de una Fiscalía Especializada para investigar desapariciones continúa sin concretarse en Oaxaca pese a que el Congreso local aprobó su establecimiento desde marzo pasado. En un escenario marcado por la incertidumbre de cientos de familias que buscan a sus seres queridos, colectivos de búsqueda informaron que el gobernador Salomón Jara Cruz asumió nuevos compromisos para avanzar en la implementación de mecanismos considerados fundamentales para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la búsqueda efectiva de personas desaparecidas.
De acuerdo con los colectivos, durante una reunión sostenida con el mandatario estatal se acordó impulsar tres acciones que permanecían pendientes: la aprobación del Programa Estatal de Búsqueda de Personas, la publicación del decreto mediante el cual se crea formalmente la Fiscalía Especializada en Investigación de la Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados, así como la instalación de la junta del Órgano de Gobierno. Las organizaciones señalaron que esperan que los compromisos asumidos se materialicen en los próximos días, después de meses de retrasos institucionales.
La exigencia de las familias ocurre en medio de una de las crisis de derechos humanos más graves que enfrenta México. Datos recientes muestran que el país supera las 134 mil personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que ha colocado a las desapariciones en el centro de las preocupaciones de organismos nacionales e internacionales. La falta de capacidades institucionales, la impunidad y los rezagos forenses continúan siendo obstáculos estructurales para garantizar el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos, denunciaron.
En Oaxaca, los colectivos han insistido en que la creación de una fiscalía especializada no representa únicamente una modificación administrativa. Para las familias, se trata de contar con una instancia con personal capacitado, recursos propios y herramientas técnicas que permitan investigar desapariciones bajo estándares especializados y con enfoque de derechos humanos. La ausencia de esta estructura ha sido señalada como una limitante para fortalecer las investigaciones y coordinar de manera efectiva las acciones de búsqueda en campo, análisis forense y atención a víctimas indirectas.
La nueva fiscalía fue aprobada por el Congreso de Oaxaca el 3 de marzo de 2026, junto con otras reformas destinadas a fortalecer capacidades institucionales en materia de investigación. Sin embargo, hasta ahora el decreto correspondiente no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, situación que ha impedido su entrada en funciones y la asignación formal de presupuesto, personal y estructura operativa.
Paralelamente, las organizaciones han demandado la activación del Programa Estatal de Búsqueda de Personas, un instrumento diseñado para coordinar a las distintas dependencias involucradas en tareas de localización, investigación, identificación humana y atención a víctimas. Colectivos y especialistas han señalado que este programa fue construido con participación de familiares, organizaciones civiles e instituciones, pero su implementación ha permanecido pendiente durante meses. Incluso, denunciaron recientemente que el documento llevaba más de 500 días entregado a las autoridades sin ser formalmente aprobado.
La legislación vigente en Oaxaca establece que las acciones de búsqueda deben desarrollarse bajo principios de coordinación institucional, atención diferenciada y respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. Asimismo, contempla mecanismos especializados para la búsqueda e investigación de desapariciones, particularmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, sectores que requieren medidas reforzadas de protección.
Para las familias oaxaqueñas, la relevancia de los compromisos asumidos por el gobernador radica en que podrían representar el inicio de una etapa largamente esperada. Sin embargo, después de meses de retrasos y promesas incumplidas, la expectativa permanece acompañada de cautela. La publicación del decreto, la aprobación del Programa Estatal de Búsqueda y la instalación del Órgano de Gobierno son vistos como pasos indispensables para fortalecer las capacidades institucionales del estado frente a una problemática que continúa afectando a cientos de familias que siguen buscando respuestas, verdad y justicia.
