• En mesa inédita autoridades presentan investigaciones por homicidios de 12 periodistas en Guanajuato; organizaciones defensoras señalan áreas de oportunidad para combatir impunidad

 

Melissa Esquivias / PopLab

 

En una mesa de trabajo con el gremio periodístico, la Fiscalía General de Guanajuato presentó el estado que guardan doce carpetas de investigación por el asesinato de periodistas y comunicadores en la entidad. Aunque en al menos ocho casos no hay personas sentenciadas ni detenidas, especialistas en la defensa de la libertad de expresión coinciden en que el encuentro es un punto de partida en la rendición de cuentas que exhibe también la falta de perspectiva en derechos humanos.

Este ejercicio inédito de transparencia se logró tras diversos pronunciamientos y solicitudes de periodistas al fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, y al gobierno encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Saludamos la apertura para poder dialogar y para poder rendir cuentas, que es una de sus obligaciones más importantes, (pero nos) preocupa que lo que se ha presentado hoy, si bien es un avance, no nos muestra claramente que haya un trabajo sólido que implique realmente resolver los casos y el combate a la impunidad”, señaló Mariana Suárez, coordinadora de Protección de Artículo 19.

De los 12 casos presentados, la mitad de ellos de larga data, solo en los del reportero salmantino, Israel Vázquez Rangel; del activista social, Adolfo Enríquez Vanderkam; y del comunicador deportivo, Eduardo Manellic Alcaraz, se ha logrado la sentencia de los autores materiales. En ninguno de los casos se mencionaron indicios hacia posibles autores intelectuales.

No obstante, el único caso en el que se logró acreditar la labor periodística como el móvil y principal línea de investigación de la agresión fue el del reportero de El Salmantino, asesinado en noviembre de 2020 en aquel municipio. Esta carpeta fue atraída por la Fiscalía General de la República y tuvo su resolución en un tribunal federal.

Los cuestionamientos del gremio se centraron en la falta de transparencia de las líneas de investigación. Pero pese a esta insistencia, no hubo respuesta por parte del fiscal Alatriste de los casos en los que se revisó el trabajo y publicaciones de los reporteros agredidos. Esta revisión es parte del análisis de contexto que debe realizarse de acuerdo con la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

“Bajo la reserva de las carpetas y con el desconocimiento de las mismas, algo que sí creo que faltó conocer es si estos delitos investigan de fondo temas de seguridad o temas de una línea política, como actos de corrupción, abuso de autoridad, etcétera. Y algo que no se mencionó fueron esas líneas de investigación relacionadas con el periodismo”, señaló Mario Hurtado, consultor de Espacio OSC.

En la mesa de trabajo, a la que acudieron cerca de 50 periodistas de distintos municipios del estado, estuvieron presentes el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste; el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona; la procuradora de Derechos Humanos, Karla Alcaraz Olvera, así como Ricardo Neves, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, misma que respaldó la gestión de la mesa ante las autoridades.

Como observadores de este ejercicio también participaron Cirenia Celestino, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); Mariana Suárez, coordinadora de Protección de Artículo 19; además de Mario Hurtado Cardozo, asesor de políticas públicas de Espacio OSC. Estas organizaciones acompañan a familiares de algunas de las víctimas, algunos de los cuales estuvieron presentes en la mesa de trabajo.

Tras este primer acercamiento, el fiscal general y el secretario de gobierno se comprometieron a retomar el diálogo dentro de seis meses para conocer nuevos avances en estos y otros casos de agresiones no letales contra periodistas y comunicadores.

“No estamos satisfechos”: Lona

Tras la presentación del estatus de los casos por parte de Jorge Luis Mendoza Cervantes, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras y Periodistas, en donde quedó expuesta la alta incidencia de impunidad, el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, reconoció que el trabajo en la materia no ha sido suficiente.

Solo uno de cada cuatro casos de asesinatos contra periodistas y comunicadores en Guanajuato ha derivado en una sanción penal para los perpetradores.

“No estamos satisfechos con el trabajo, porque siempre hay áreas de oportunidad, siempre habrá mucho por hacer; hoy lo vemos con la información que nos da a conocer la Fiscalía, pero puedo refrendar que hay un compromiso del Consejo, hay un compromiso de la gobernadora para esclarecer estos asuntos y llevar a la justicia a los responsables”, declaró.

En ese sentido, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste sostuvo que, aunque no haya sentencias en todos los casos, esto no significa que no se trabaje para lograr esclarecer los hechos.

“No podemos dar por descartado un hecho hasta no acreditarlo, investigarlo y acreditarlo debidamente; decirles que en todos los casos las líneas de investigación continúan abiertas”, afirmó.

Asimismo, aseguró que en todos los casos ocurridos desde 2018, la Fiscalía ha aplicado el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Dicho mecanismo, instaurado en aquel año a nivel nacional, obliga a las fiscalías a indagar los hechos delictivos contemplando la labor periodística y la libre expresión como posible móvil de las agresiones.

Aunque esto deja fuera el caso del reportero José Gerardo Hesiquio Nieto, asesinado en 2015 en Comonfort, el fiscal precisó que recientemente ordenó la reapertura de la carpeta de investigación, que fue archivada durante la gestión de Carlos Zamarripa Aguirre luego de que “no se logró la identificación del presunto o presuntos responsables”.

El caso de Raúl Irán Villarreal y la relevancia de los autores intelectuales

A casi un año y cinco meses del asesinato del comunicador Raúl Irán Villarreal Belmont, el periodista Eliazar Velázquez Benavides, columnista del periódico Correo, pidió a las autoridades que la investigación avance más allá de los presuntos responsables materiales y se concentre en identificar a quienes habrían ordenado el crimen.

Velázquez Benavides manifestó su preocupación por la falta de avances en una de las líneas más relevantes del caso, al considerar que el tiempo transcurrido desde el homicidio, ocurrido en marzo de 2025 en San Luis de la Paz, no se ha traducido en acciones para esclarecer la posible autoría intelectual.

En una carta, que leyó ante las autoridades presentes, advirtió que esta omisión resulta especialmente significativa por el contexto político en el que el comunicador desarrollaba su labor informativa.

“Resulta extraño, por decirlo de un modo cortés, que, según información con la que cuento, a esta fecha la investigación no ha profundizado en quién o quiénes pudieron haber sido los presuntos autores intelectuales. Me pregunto si será posible desentrañar lo sucedido, sin que la carpeta de investigación cuando menos incluya la declaración de algunos actores políticos a los que aludían las publicaciones de Raúl Irán Villarreal”, cuestionó.

El periodista también cuestionó que, tras el asesinato, surgieran intentos por demeritar el trabajo realizado por Villarreal Belmont. Sostuvo que, aunque no formaba parte de un medio de comunicación tradicional, mantenía una actividad periodística con la difusión de información que involucra a actores políticos de aquel municipio.

“Puedo afirmar que, sin ejercerlo desde una empresa formal, (Raúl) asumía roles periodísticos con mayor arrojo y consistencia que muchos de los medios que tienen su asiento en ese municipio donde él radicaba. A través de su portal Observatorio Ciudadano de San Luis de la Paz, divulgaba datos verificados sobre corrupción, abusos de autoridad o múltiples quejas ciudadanas hacia el gobierno local”, sentenció.

En respuesta, el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, se dijo conocedor de la labor de denuncia de Raúl Irán y aceptó que “existe una deuda” con su caso al ser un “acontecimiento que marcó la región”.

Asimismo, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste negó que se haya descartado la labor informativa del abogado como una de las líneas de investigación. De acuerdo con los datos proporcionados, solo una persona ha sido vinculada a proceso por su asesinato, aunque la Fiscalía tiene conocimiento de dos autores materiales más que no han sido identificados ni detenidos.

Coinciden OSC que persisten pendientes en acceso a la verdad y la justicia

Mario Hurtado, consultor de políticas públicas de Espacio OSC, consideró positivo el inicio de las mesas de trabajo, al calificar el ejercicio como un avance inédito impulsado por el propio gremio. No obstante, señaló que la información presentada dejó ver importantes áreas de oportunidad en la procuración de justicia.

Asimismo, expresó su expectativa de que estas mesas de trabajo tengan continuidad de manera periódica y permitan presentar avances medibles en los próximos meses. Sostuvo que el objetivo no debe limitarse a obtener sentencias contra autores materiales, sino también garantizar el acceso a la verdad y fortalecer las investigaciones para combatir la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión.

“Falta mucha más información y eso, pues, conlleva desvincular lo que hacía la persona periodista, porque no es solamente condenar a la persona; eso es una parte quizá del acceso a la justicia, pero otra es la verdad. Creo que todavía con la información que hoy nos presentaron, yo todavía tendría dudas de incluso en los casos donde hay condenas si se supo la verdad”, dijo.

En ese sentido, Cirenia Celestino, directora de CIMAC, advirtió que los resultados en la procuración de justicia siguen siendo limitados y que las familias de las víctimas permanecen fuera del centro de la atención institucional. La defensora consideró que la disposición de la Fiscalía para sostener este diálogo refleja una voluntad política, pero señaló que el balance de las investigaciones continúa siendo preocupante.

En entrevista, Celestino lamentó que durante la reunión no se abordaron las acciones de protección y acompañamiento dirigidas a las familias de los periodistas asesinados, al considerar que ese es uno de los principales pendientes en la respuesta institucional frente a estos crímenes.

“Nos preocupa que de 12 casos presentados solo cuatro presenten sentencias. Por supuesto que eso preocupa. Hablar de las familias, de las víctimas, es algo que estuvo ausente de esta reunión. ¿Cómo se está protegiendo a las familias de estos compañeros asesinados? Para mí ese es uno de los grandes pendientes”, dijo. 

Mariana Suárez, coordinadora de Protección de Artículo 19 México y Centroamérica, afirmó que la información presentada por las autoridades todavía no evidencia avances suficientes para reducir la impunidad en los casos de agresiones contra periodistas.

La especialista señaló que el seguimiento de las investigaciones debe fortalecerse bajo un enfoque de derechos humanos, colocando en el centro a las víctimas y garantizando una atención más cercana a quienes han sido afectados por estos hechos.

Además, exhortó a preservar estos espacios de diálogo de manera permanente y evitar que su desarrollo se vea condicionado por el contexto político o la proximidad de los próximos procesos electorales.

“Se tiene que seguir trabajando en esta misma línea. Tiene que abrirse la discusión y tiene que seguirse abriendo también el acompañamiento hacia las familias, hacia las víctimas indirectas y directas de estos casos. Creemos también que es muy importante que haya una visión a partir de los derechos humanos. Me parece que está faltando una visión realmente comprometida con los derechos humanos de las víctimas”, concluyó.

 

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Este texto fue publicado en PopLab que forma parte de la Territorial, Alianza de Medios. Aquí puedes ver

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