- El Primer Tribunal Colegiado en Oaxaca volvió a absolver a Jhoan Ricardo Matus Marcial, señalado por su participación en la desaparición forzada de la defensora Claudia Uruchurtu. La familia acusa a los juzgadores de desacatar los criterios obligatorios de la Suprema Corte sobre perspectiva de género, interseccionalidad y valoración de pruebas circunstanciales.
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.– El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito reiteró la libertad de Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había revocado la resolución que lo absolvió y ordenado analizar nuevamente el caso con perspectiva de género, interseccionalidad y estándares adecuados para investigar la desaparición forzada de una defensora de derechos humanos.
Matus Marcial había sido sentenciado a 60 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida el 26 de marzo de 2021. Sin embargo, en agosto de 2025 el Tribunal Colegiado consideró insuficientes las pruebas, anuló la condena y ordenó su liberación.
La familia de Claudia impugnó esa decisión y el 9 de febrero de 2026 el pleno de la Suprema Corte revocó por unanimidad la absolución. El máximo tribunal concluyó que los juzgadores omitieron estudiar la gravedad y naturaleza clandestina de la desaparición forzada, el contexto de violencia contra las mujeres defensoras y el valor de las pruebas circunstanciales, fundamentales en delitos que suelen cometerse sin dejar evidencias directas.
La Corte devolvió el expediente al Tribunal Colegiado para que realizara un “escrutinio judicial especializado” y emitiera una nueva resolución conforme a derecho. No ordenó dictar automáticamente una condena, pero estableció parámetros obligatorios para efectuar una valoración integral, contextual y libre de estereotipos, sin reducir el estándar probatorio ni afectar la presunción de inocencia.
Claudia Uruchurtu Cruz permanece desaparecida desde marzo de 2021. Su familia y representación legal acusan al Tribunal Colegiado de incumplir los criterios fijados por la Suprema Corte al reiterar la libertad del exconsejero Jhoan Ricardo Matus Marcial.
A pesar de esta determinación, el órgano jurisdiccional con sede en San Bartolo Coyotepec volvió a resolver a favor del exfuncionario y mantuvo su libertad, informó en un comunicado la representación legal de la familia Uruchurtu. Para las hermanas de Claudia, la nueva sentencia repite sustancialmente los razonamientos que la Suprema Corte había invalidado.
La familia calificó la actuación de los juzgadores como un desacato y sostuvo que la resolución simula el cumplimiento del fallo del máximo tribunal, pero conserva el resultado absolutorio sin incorporar de manera efectiva la perspectiva de género e interseccionalidad requerida.
Según su denuncia, el Tribunal volvió a fragmentar las pruebas y a desestimar el contexto en el que desapareció Claudia, una mujer defensora de derechos humanos que había documentado presuntas irregularidades y actos de corrupción en el gobierno municipal encabezado por Lizbeth Victoria Huerta.
“Es un abierto desacato a la sentencia de la Suprema Corte”, señalaron sus familiares, quienes consideran que el nuevo fallo prolonga la impunidad, vulnera sus derechos a la verdad y la justicia y profundiza la revictimización que han enfrentado desde la desaparición.
La familia también cuestionó que el Tribunal no reconociera la naturaleza particular de este delito. En los casos de desaparición forzada, la participación de agentes estatales, el ocultamiento deliberado de información y la ausencia de la víctima dificultan la obtención de pruebas directas. Por ello, la Corte determinó que los indicios deben analizarse de forma conjunta y dentro del contexto en que ocurrieron los hechos.
La noche del 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu participó en una protesta frente al palacio municipal de Asunción Nochixtlán. Testigos declararon que fue subida por la fuerza a una camioneta roja. Desde entonces permanece desaparecida.
Claudia había denunciado presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y uso irregular de recursos públicos durante la administración de Victoria Huerta. Las investigaciones relacionaron con los hechos a policías municipales, funcionarios y personas cercanas al gobierno local.
En diciembre de 2022 fueron emitidas sentencias contra cinco personas. Jhoan Ricardo Matus fue identificado durante el proceso como uno de los participantes en la planeación de la desaparición y recibió una condena que posteriormente alcanzó los 60 años de prisión. Otros implicados recibieron penas de entre 40 y 60 años.
En el caso de la exalcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, el Tribunal de Enjuiciamiento reclasificó el delito de desaparición forzada como obstrucción de la búsqueda y le impuso una pena de cuatro años y dos meses. Huerta recuperó su libertad en diciembre de 2024, una decisión que también fue impugnada por la familia.
La desaparición de Claudia ha sido considerada un caso emblemático porque involucra a autoridades municipales y porque la víctima fue atacada en un contexto relacionado con su labor de denuncia. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido sobre las deficiencias en la investigación y el escenario de impunidad que rodea el caso.
Al resolver el asunto en febrero, la Suprema Corte sostuvo que las mujeres defensoras que denuncian corrupción enfrentan riesgos específicos tanto por su labor como por su género. También señaló que aplicar una perspectiva diferenciada no implica condenar sin pruebas, sino valorar correctamente los indicios y comprender las condiciones estructurales en las que se cometen las agresiones.
Los familiares de Claudia anunciaron que continuarán recurriendo a las vías legales disponibles para denunciar el presunto incumplimiento de la sentencia y solicitar que se revise la nueva absolución. También reiteraron que la búsqueda debe continuar, pues a más de cinco años de los hechos todavía se desconoce el paradero de la defensora.
Para la familia Uruchurtu, la decisión representa un nuevo obstáculo en un proceso marcado por liberaciones, reclasificaciones del delito y resoluciones revocadas. Mientras los tribunales vuelven a discutir las mismas pruebas, Claudia continúa desaparecida y sus familiares siguen esperando verdad, justicia y una búsqueda efectiva.
