- La excandidata del PVEM y aspirante a la presidencia municipal de Matías Romero fue atacada durante una celebración comunitaria en Paso Guayabo. Otras dos personas murieron. La Fiscalía de Oaxaca investiga el triple homicidio, ocurrido un día antes del inicio del proceso electoral de 2027, en un contexto de violencia persistente contra las mujeres en el estado.
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.– Amy Navarrete Arriola, excandidata y aspirante a la presidencia municipal de Matías Romero, fue asesinada junto con dos hombres durante un ataque armado ocurrido la tarde del 8 de septiembre en la comunidad de Paso Guayabo, en el Istmo de Tehuantepec, a un día del inicio formal del proceso electoral de 2027 en Oaxaca.
De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), un hombre armado ingresó al domo de la comunidad, donde se realizaban actividades por la festividad de la Virgen de la Natividad, y disparó directamente contra las tres víctimas. Después del ataque huyó del lugar.
Los dos hombres asesinados fueron identificados por las autoridades mediante las iniciales F. M. M. y C. R. Versiones difundidas inicialmente señalaban que uno de ellos era fotógrafo de Navarrete; sin embargo, hasta el cierre de esta nota la Fiscalía no había confirmado esa información.
Personas que participaban en la celebración presenciaron el ataque y algunas sufrieron crisis nerviosas. Elementos de la Vicefiscalía Regional del Istmo acudieron al sitio para procesar la escena, levantar los cuerpos y recabar indicios, mientras corporaciones del gabinete de seguridad desplegaron un operativo y reforzaron la vigilancia en la zona.
Hasta las 11:00 horas del 9 de septiembre no se habían reportado personas detenidas. La Fiscalía tampoco ha informado sobre el posible móvil del triple homicidio ni sobre la existencia de amenazas previas contra Navarrete.
La cercanía del crimen con el comienzo del proceso electoral obliga a que la investigación considere todas las líneas relacionadas con su actividad pública y sus aspiraciones políticas, sin descartar otras hipótesis. Hasta ahora no existen elementos públicos suficientes para afirmar que el asesinato tuvo una motivación electoral o estuvo relacionado con violencia política en razón de género.
Corresponde a la Fiscalía determinarlo mediante una investigación diligente, exhaustiva y con perspectiva de género, que analice el contexto de la víctima, sus actividades políticas, posibles antecedentes de violencia, amenazas o conflictos y las condiciones de seguridad en Matías Romero.
Navarrete era maestra en Derecho y madre de dos hijos. En sus redes sociales se presentaba como originaria de Matías Romero Avendaño. En 2021 contendió por la presidencia municipal bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y posteriormente tuvo participación en el Partido del Trabajo y Nueva Alianza Oaxaca. Medios nacionales la identificaron como una de las personas interesadas en competir nuevamente por el gobierno municipal en 2027, aunque hasta el momento no se ha informado sobre una candidatura registrada.
El asesinato también reavivó el recuerdo de la muerte de su esposo, Enrique Pacheco Martínez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, quien fue asesinado el 13 de septiembre de 2021 junto con otros dos hombres. La reiteración de hechos violentos en torno a una misma familia constituye un elemento de contexto que deberá ser revisado por las autoridades, sin establecer una relación entre ambos casos.
El ataque se produjo en vísperas de la apertura del proceso electoral en el que se renovarán autoridades municipales y diputaciones. Su coincidencia temporal evidencia nuevamente la obligación del Estado de garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos, contender por cargos públicos y participar en la vida comunitaria sin amenazas, agresiones o represalias.
El derecho de las mujeres a la participación política comprende no sólo la posibilidad formal de registrarse como candidatas, sino condiciones reales de seguridad, igualdad y acceso a la justicia. Cuando una mujer vinculada con la actividad política es asesinada, las instituciones deben esclarecer tanto la autoría material como las posibles responsabilidades intelectuales y determinar si su trayectoria pública influyó en la agresión.
El crimen de Navarrete ocurre, además, en un contexto estatal marcado por la violencia contra las mujeres. Según el seguimiento del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), entre enero y el 8 de septiembre de 2026 habían sido asesinadas 53 mujeres en Oaxaca. El Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales concentraban buena parte de los casos registrados.
El mismo día se informó del hallazgo del cuerpo de una joven de 25 años en la carretera que comunica Santa Inés del Monte con la agencia La Cañada, en jurisdicción de Zaachila. Aunque se trata de investigaciones distintas, ambos casos exhiben la dimensión de la violencia que enfrentan las mujeres en la entidad y la necesidad de que las muertes violentas sean investigadas sin prejuicios ni omisiones.
El asesinato de Amy Navarrete y de los dos hombres que se encontraban con ella demanda una investigación que preserve los indicios, proteja a testigos y familiares, evite filtraciones que estigmaticen a las víctimas y proporcione información pública sin comprometer el debido proceso. También obliga a las autoridades electorales y de seguridad a evaluar los riesgos que enfrentan quienes participan en la disputa por cargos municipales, especialmente las mujeres.
Mientras no se esclarezcan las razones del ataque, cualquier afirmación sobre el móvil sería prematura. Lo confirmado es que tres personas fueron asesinadas durante una festividad comunitaria, que una de ellas tenía una trayectoria política y aspiraba a gobernar Matías Romero, y que el proceso electoral de Oaxaca comienza bajo la exigencia de verdad, justicia y garantías de participación segura.
