- Tras su designación, surgieron denuncias en redes sociales que lo señalan como presunto “aviador” del IEEPO y lo vinculan con el grupo político encabezado por Emilio Montero Pérez, quien horas antes presentó su renuncia como titular de la dirección.
Antonio Mundaca /
Oaxaca de Juárez.– El gobernador Salomón Jara designó a Francisco “Paco” Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal después de que el Congreso de Oaxaca declaró la desaparición del Ayuntamiento. Bombero, rescatista y comunicador, llega con la encomienda oficial de recuperar gobernabilidad y garantizar servicios; al mismo tiempo, circulan señalamientos sobre supuestos cobros en el IEEPO y pertenecer al mismo grupo de Emilio Montero Pérez y Miguel Sánchez Altamirano.
El gobierno estatal lo presentó en sus cuentas oficiales como un juchiteco con más de una década de servicio regional, fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos, exdirector municipal de Protección Civil, presidente de Bomberos Voluntarios Zapotecos y locutor desde hace 19 años.
Sin embargo, su llegada pone bajo escrutinio su trayectoria completa. En redes y espacios políticos circulan versiones que lo señalan como supuesto empleado del IEEPO y lo relacionan con el grupo político de Emilio Montero Pérez, pero la búsqueda realizada en El MuroMx no permitió localizar documentación oficial que acreditara que fuera “aviador“ o que percibiera un salario sin desempeñar funciones.
Publicación difundida en redes sociales en la que se señala a Francisco Vázquez Jiménez como presunto “aviador” del IEEPO, acompañada de un registro de nómina del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Ante la responsabilidad de administrar recursos públicos, el desafío es claro. De acuerdo con fuentes consultadas en Juchitán, la nueva administración deberá transparentar la trayectoria de sus integrantes, sus posibles empleos en el servicio público, sus ingresos, su patrimonio y sus decisiones administrativas. La exigencia no es menor, pues el municipio enfrenta las consecuencias de una profunda crisis institucional y esta nueva etapa estará sujeta al escrutinio de los hechos, las cuentas públicas y su capacidad para deslindarse de una administración que autoridades de seguridad investigan por presuntos vínculos con el crimen organizado.
