Redacción/ El MuroMx
Oaxaca de Juárez.- A casi diez años de la publicación de la Ley General contra la Tortura, organizaciones de derechos humanos advirtieron que las personas detenidas o bajo custodia en Oaxaca siguen expuestas a abusos de autoridad. En un pronunciamiento difundido el 9 de noviembre por Código DH, exigieron a las fiscalías y a los poderes judiciales del estado que investiguen los indicios de tortura desde que se conocen y garanticen a las víctimas acceso a la justicia y a la reparación integral.
Señalaron que la falta de personal capacitado para realizar peritajes y las barreras lingüísticas siguen dificultando el acceso a la justicia. Aseguraron además que el racismo pueden agravar la indefensión de las personas indígenas frente a las instituciones de seguridad y justicia.
El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), EDUCA y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) pidieron a los tribunales garantizar intérpretes y una defensa con pertinencia cultural durante los procesos judiciales.
El Registro Nacional del Delito de Tortura, administrado por la Fiscalía General de la República (FGR), contabilizó 25 mil 803 expedientes por tortura o tratos crueles entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025. Del total de casos, mil 851 fueron registrados en Oaxaca, es decir, un 7.2% del país.
De acuerdo a las cifras, la entidad ocupó el cuarto lugar, después de Veracruz, Ciudad de México y el Estado de México.
Investigar desde el primer indicio
Las organizaciones pidieron a la Fiscalía de Oaxaca (FGEO) investigar con independencia y sin revictimizar a quienes denuncian. También solicitaron que se indague la posible responsabilidad de los superiores jerárquicos y se publiquen avances sobre los casos, con resguardo de los datos personales y de la información reservada.
Uno de los obstáculos que identificaron, fue la falta de personal capacitado para realizar evaluaciones médicas y psicológicas conforme al Protocolo de Estambul. Frente a esa carencia, pidieron que las fiscalías tomen en cuenta el testimonio de las víctimas y los indicios que puedan respaldarlas; también solicitaron que se valoren los peritajes independientes realizados con el consentimiento de las personas afectadas.
La ley general, publicada el 26 de junio de 2017, establece la prohibición absoluta de la tortura y dispone la exclusión de las pruebas obtenidas mediante esta práctica, así como de las que deriven de ella. En 2019, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas reconoció ese avance legislativo y expresó su preocupación por la impunidad y las deficiencias en la aplicación del marco legal en distintas entidades del país.
En Oaxaca, las organizaciones pidieron al Congreso de estado, asignar recursos suficientes y fiscalizables a la fiscalía especializada, y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reforzar la supervisión de los centros de detención. A la FGR le solicitaron publicar metas e indicadores que permitan evaluar el programa nacional contra la tortura e incorporar a las víctimas en su seguimiento.
