- A ocho años del asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, su madre, la periodista Soledad Jarquín, volvió a exigir verdad y justicia. El caso, ocurrido en Juchitán durante el proceso electoral de 2018, sigue marcado por denuncias de omisiones, uso indebido de recursos públicos, falta de perspectiva de género y ausencia de sanciones contra autoridades señaladas.
Karen Rojas Kauffmann/
Oaxaca de Juárez.–A ocho años del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, la exigencia de justicia volvió a colocarse en el centro de la memoria pública en Oaxaca. La fotoperiodista, de 27 años, fue asesinada la madrugada del 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, junto con Pamela Terán Pineda y Adelfo Guerra Jiménez, en un ataque armado ocurrido en pleno contexto electoral. Desde entonces, su madre, la periodista Soledad Jarquín, ha sostenido una demanda que no se limita al castigo de los responsables materiales, sino al esclarecimiento de la cadena política, administrativa e institucional que antecedió y siguió al crimen.
Durante la conmemoración realizada en la antimonumenta de Oaxaca, familiares de víctimas, defensoras de derechos humanos, periodistas e integrantes de Consorcio Oaxaca acompañaron a Soledad Jarquín para recordar que el caso continúa sin justicia integral. Frente a las cruces púrpura colocadas en memoria de mujeres asesinadas, la periodista resumió el estado del expediente con una frase directa: “Cuál justicia, acá nunca hubo”. También señaló que las carpetas de investigación permanecen sin resultados sustantivos: “Sabemos que hay carpetas de investigación, hoy empolvadas y quemadas por el sol, o llenas de humedad en un edificio de la burocracia del estado, pero a pesar de que quieran borrar, jamás lo harán, porque seguimos exigiendo justicia, una justicia que nunca hubo”.
De acuerdo con lo denunciado por su familia, la joven comunicadora no se encontraba en Juchitán por una cobertura periodística, sino porque habría sido obligada a cubrir la campaña de Hageo Montero López, entonces candidato a la presidencia municipal de Juchitán y hermano de Francisco Javier Montero López, quien en ese momento era secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca y jefe directo de María del Sol. Para la familia, esta línea resulta central porque apunta al posible uso de personal y recursos públicos con fines electorales, así como a una condición de subordinación laboral que habría colocado a la fotoperiodista en una situación de riesgo.
Soledad Jarquín también ha cuestionado que, a ocho años del crimen, las sanciones conocidas no hayan respondido al feminicidio ni a la posible cadena de responsabilidades institucionales. “Lo único que hubo fue un delito electoral a través del IEEPCO, que sabemos lo pagó de a poquito; entonces, cuál justicia, acá nunca hubo”, reprochó. La familia sostiene que ni el exfiscal Rubén Vasconcelos ni el exgobernador Alejandro Murat Hinojosa han sido juzgados por las omisiones que les atribuyen en el tratamiento del caso.
Organizaciones feministas han documentado 867 feminicidios en la entidad durante los ocho años transcurridos desde el asesinato de María del Sol. Para Soledad Jarquín, esta cifra muestra la dimensión de una crisis que no debe analizarse aisladamente, sino como parte de un patrón de violencia contra las mujeres acompañado de fallas estructurales en la investigación, sanción y prevención. En ese sentido, advirtió al gobernador Salomón Jara Cruz que el feminicidio de su hija sigue sin justicia y que garantizarla es una obligación del Estado: “Lo que protege, lo marcará para siempre”.
La activista Yésica Sánchez, de Consorcio Oaxaca, sostuvo que esperan una resolución del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ante el cual se busca que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de acceso efectivo a la justicia.
Organizaciones internacionales también han advertido que la búsqueda de justicia ha colocado a Soledad Jarquín en una situación de riesgo. La Organización Mundial Contra la Tortura y la FIDH han documentado que, desde el asesinato de su hija, la periodista y defensora de derechos humanos ha enfrentado un contexto de impunidad que ha afectado su integridad física y psicológica, y han pedido a las autoridades mexicanas garantizar su seguridad y la de defensoras que buscan justicia por feminicidios.
A ocho años del crimen, la familia de María del Sol sostiene que la justicia no puede limitarse a mantener carpetas abiertas ni a sancionar delitos menores. La demanda central sigue siendo esclarecer quién ordenó su traslado a Juchitán, bajo qué condiciones laborales, con qué fines políticos, qué autoridades omitieron investigar esas líneas y por qué las responsabilidades políticas, administrativas y penales no han derivado en una respuesta proporcional.
