- Geovany Vásquez Sagrero criticó públicamente al director de Estado 20 por un reportaje sobre funcionarios del Instituto de la Función Registral investigados por su posible relación con una red de despojos. Aunque la publicación no le atribuye actos de corrupción, el funcionario reprochó al periodista no haber solicitado su versión. Juan Carlos Zavala consideró el señalamiento un intento de intimidación y presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.— El periodista Juan Carlos Zavala Díaz, director del portal Estado 20, presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), después de que el consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, cuestionó públicamente su trabajo durante una conferencia encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz.
El señalamiento ocurrió el 17 de agosto, cuando una reportera preguntó al funcionario sobre una investigación periodística publicada un día antes por Estado 20. El texto documenta que servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) son investigados por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción por su presunta participación en una red dedicada al despojo de propiedades mediante la falsificación de documentos.
Durante su respuesta, Vásquez Sagrero se refirió directamente al autor del reportaje. Dijo conocerlo como “un periodista serio” y recordó que anteriormente colaboraron en un programa de radio. Después cuestionó que Zavala no hubiera solicitado la versión de los funcionarios señalados para, según expresó, presentar una información “completa”.
La información periodística no atribuye al consejero jurídico participación en actos de corrupción ni señala que sea investigado. Su nombre aparece únicamente para explicar la relación administrativa del IFREO con la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, dependencia de la cual es titular.
Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, cuestionó públicamente el trabajo periodístico de Juan Carlos Zavala durante una conferencia encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz.
La publicación señala que la indagatoria ministerial está registrada bajo el número 375(FEMCCO)2026 y que los servidores públicos son investigados por el posible delito de tráfico de influencias. También recoge testimonios de personas que se identifican como víctimas de despojo, entre ellas una mujer adulta mayor que, de acuerdo con su relato, fue expulsada con violencia de una vivienda ubicada en el Centro Histórico de Oaxaca. El reportaje de Estado 20 puede consultarse aquí.
Zavala sostuvo que la información fue elaborada con documentos, entrevistas con las víctimas y datos relacionados con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. También consideró que la intervención del consejero jurídico buscó desacreditar su trabajo desde una plataforma oficial y podría generar un efecto intimidatorio sobre su ejercicio profesional.
La queja presentada ante la DDHPO abre un procedimiento para que el organismo analice si las expresiones y el uso de la conferencia gubernamental implicaron una afectación a los derechos del periodista.
El hecho ocurre en un contexto de especial riesgo para la prensa oaxaqueña. El 22 de julio fue asesinado el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla. Antes del crimen, había denunciado amenazas y responsabilizado de cualquier agresión en su contra al gobernador Salomón Jara, al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al propio consejero jurídico. Estos señalamientos forman parte del contexto previo y no acreditan responsabilidad penal de los funcionarios mencionados.
Dos días después del homicidio, Jara Cruz anunció que modificaría la estrategia de comunicación de su administración para evitar expresiones que estigmatizaran a periodistas. También manifestó su disposición a comparecer ante la Fiscalía General de la República y aseguró que integrantes de su gabinete harían lo mismo si eran requeridos dentro de la investigación. El gobernador hizo ese compromiso públicamente el 24 de julio.
A menos de un mes de ese pronunciamiento, el cuestionamiento contra Zavala volvió a evidenciar el uso de las conferencias oficiales para responder a investigaciones periodísticas. La controversia no radica en el derecho de los funcionarios a aclarar información o controvertirla, sino en las obligaciones adicionales que tienen cuando emplean recursos, espacios y canales institucionales frente a periodistas que investigan asuntos de interés público.
Los estándares interamericanos reconocen que quienes ocupan cargos públicos están sujetos a un mayor grado de escrutinio social. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH)sostiene que el debate sobre asuntos públicos puede incluir expresiones críticas, y que el escrutinio ciudadano y periodístico constituye un mecanismo de control democrático sobre el ejercicio del poder. El marco jurídico interamericano también advierte que las restricciones al discurso crítico pueden afectar no sólo a quien es cuestionado directamente, sino al derecho de la sociedad a recibir información.
La RELE-CIDH ha señalado que las autoridades deben abstenerse de emitir declaraciones que expongan a periodistas y medios a un mayor riesgo, y adoptar un discurso público que promueva el pluralismo y la tolerancia. Esa obligación cobra especial relevancia en lugares donde comunicadores han denunciado amenazas, hostigamientos o agresiones vinculadas con su labor como el estado de Oaxaca.
La DDHPO deberá determinar ahora si la intervención del consejero jurídico constituyó un ejercicio legítimo de réplica institucional o si, por el contexto, el medio utilizado y la mención directa del periodista, vulneró su derecho a ejercer el periodismo sin intimidaciones ni represalias.
