• El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos pidió a la Semarnat negar la nueva Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la Compañía Minera Cuzcatlán. Las comunidades advierten que el proyecto ampliaría la capacidad para almacenar residuos mineros en una región donde se han documentado derrames, obras irregulares y contaminación del sistema hídrico; exigen frenar depósito de jales.

Karen Rojas Kauffmann / 

Oaxaca de Juárez.– Autoridades comunitarias, agrarias y municipales de los Valles Centrales rechazaron la nueva Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) con la que la Compañía Minera Cuzcatlán pretende ampliar nuevamente el proyecto extractivo San José, ubicado en San José del Progreso, mediante la denominada “Conformación del Depósito de Jales Secos”.

El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la autorización, aplicar los principios de prevención y precaución y reconocer que las comunidades zapotecas cercanas a la mina no han otorgado su consentimiento para la expansión de las actividades extractivas.

De acuerdo con un pronunciamiento, el 29 de julio de 2026 la empresa publicó el extracto de la nueva MIA-R, mediante la cual busca integrar autorizaciones y modificaciones emitidas entre 2015 y 2021, regularizar obras e impulsar una cuarta ampliación del depósito de jales.

La solicitud fue registrada con la clave 20OA2026M0039. Según la información publicada en la Gaceta Ecológica, contempla reunir bajo un mismo instrumento las obras y actividades de la unidad minera, además de ampliar el depósito para permitir la continuidad de las operaciones durante el resto de su vida útil.

Integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos protestaron frente a las oficinas de la Semarnat en Oaxaca. Foto: Cortesía

Los jales son los residuos que permanecen después de separar los minerales de interés económico de la roca procesada. Aunque el sistema seco reduce el contenido de agua antes de depositarlos, su manejo requiere medidas de estabilidad, control de filtraciones y prevención de dispersión de materiales, debido a la posible presencia de metales y otras sustancias.

Para las comunidades, la propuesta no representa un ajuste técnico aislado, sino una nueva etapa de crecimiento de la infraestructura más riesgosa de la mina. “Ampliar esta infraestructura significa aumentar el volumen de residuos tóxicos confinados en un territorio que ya ha sufrido derrames repetidos”, señalaron durante una conferencia de prensa.

El Frente sostiene que el proyecto opera desde 2009 sin el consentimiento de los pueblos afectados. Como expresión de esa negativa, las asambleas comunitarias han emitido 14 declaratorias de territorio prohibido para la minería, amparadas en sus derechos a la autonomía, la libre determinación, el territorio, el agua y un medio ambiente sano.

Entre las comunidades que respaldan el pronunciamiento se encuentran Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Coatecas Altas, Cerro de las Huertas, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, San Baltazar Chichicapam, El Llano Sitio Santiago y San Pablo Güilá.

“No se trata solo de contar con autorizaciones administrativas”, sostuvo el Frente al insistir en que cualquier decisión debe considerar la participación efectiva de los pueblos que podrían enfrentar impactos sobre sus fuentes de agua, actividades agrícolas, salud y formas comunitarias de vida.

Antecedentes ambientales

Las autoridades comunitarias informaron que entregaron a la Semarnat documentación relacionada con 73 obras irregulares identificadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) entre 2009 y 2018, asentadas en el expediente PFPA/26.32C.27.5/0020-17.

También recordaron que la dependencia federal negó dos solicitudes anteriores vinculadas con el proyecto San José II: una MIA particular, el 30 de abril de 2019, y una MIA regional, el 3 de septiembre de 2020. Sin embargo, en 2021 autorizó la MIA-R “Actualización de obras y actividades”, que regularizó las 73 obras y extendió por 12 años la vida del proyecto, según la documentación presentada por el Frente.

Autoridades comunitarias, agrarias y municipales de los Valles Centrales exigen que se niegue la nueva MIA promovida por la Compañía Minera Cuzcatlán para ampliar el depósito de jales secos del proyecto San José. Foto: Cortesía.

A estos antecedentes se suman tres derrames denunciados hacia el arroyo El Coyote, ocurridos en octubre de 2018, julio de 2020 y septiembre de 2024. La Profepa confirmó en 2018 que realizó una inspección y observó un desborde de la presa de jales secos de la unidad minera.

El Frente No a la Minería afirma que análisis posteriores detectaron hierro hasta 18 veces por encima del límite permitido. También cita estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) entre 2018 y 2020, en los que se habrían encontrado concentraciones de aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo superiores a los parámetros para consumo humano en el sistema hídrico cercano a la mina.

Estos elementos deberán ser revisados y valorados por la Semarnat durante el procedimiento de evaluación ambiental. Hasta ahora, la presentación de la MIA-R no implica que el proyecto haya sido autorizado.

Exigen audiencia con Semarnat

Las comunidades solicitaron una reunión directa con la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, así como información completa sobre las autorizaciones vigentes, los procedimientos abiertos y la situación administrativa real del proyecto.

“No estamos solicitando un trámite más”, expresaron. Su demanda, explicaron, busca establecer un proceso de diálogo transparente y de buena fe, después de que en ocasiones anteriores la dependencia tomó decisiones mientras mantenía conversaciones con las comunidades.

La Compañía Minera Cuzcatlán perteneció a la canadiense Fortuna Mining hasta abril de 2025, cuando ésta informó la venta de su participación total en la empresa operadora de la mina San José. Pese al cambio corporativo, la nueva solicitud ambiental fue promovida bajo la denominación de Compañía Minera Cuzcatlán.

El Frente No a la Minería pidió que la evaluación no se limite a analizar por separado la nueva infraestructura, sino que considere los impactos acumulados de 17 años de actividad minera, los derrames denunciados, las obras previamente regularizadas y la oposición sostenida de las comunidades.

“La vida de las comunidades depende directamente de sus territorios y específicamente del agua”, advirtió la organización. Para las autoridades comunitarias, cualquier resolución deberá garantizar el acceso a la información, la participación de los pueblos afectados y la protección de sus derechos territoriales antes de autorizar una nueva ampliación del proyecto San José.