Palabrero
Axel Illescas Tovar
Licenciado en Periodismo y Maestrante en Paz y DDHH. Tauro. Ama cocinar, el mango y dormir. En 2023 fue reconocido por el INAI con el Premio Nacional de Periodismo de Investigación. Premio Estatal de Periodismo Querétaro en 2023 y 2024. Colaborador en El MuroMx.
Especializado en crónicas y reportajes narrativos que retratan la defensa del territorio por comunidades indígenas, violencia del crimen organizado, desaparición forzada y corrupción e impunidad. Con mirada en Derecho a la Información, Cuidados Colectivos y Memoria Histórica.
Tras nueve meses de ingresada la queja RAI 44/26, el Instituto de Transparencia para el Pueblo de Oaxaca (ITPO) dictaminó que la Dirección del Registro Civil obstruyó el derecho de acceso a la información, por lo que deberá modificar su respuesta a la solicitud 201187426000006 para entregarla satisfactoriamente en 10 días hábiles. En caso de no hacerlo podría ser sancionada, multada o tendrá efectos administrativos, según la resolución.
El viernes 13 de noviembre el ITPO notificó su resolución favorable al Recurso de Revisión interpuesto desde el 9 de marzo, realizado ante la negativa de la dependencia a publicar datos que permitirían dimensionar la crisis forense en Oaxaca y contribuir a implementar planes de búsqueda y correcto resguardo de las personas fallecidas que están a la espera de ser identificadas.
Además, se identificó que en la respuesta de la dependencia no se seguían los estándares que se necesitan para efectivamente acreditar que no existe la información solicitada, ya que se limitaron a, en una página con cuatro párrafos, deslindarse.
Básicamente, dijeron algo así: “Le eché un vistazo a una carpeta. Ahí tenemos una base de datos. Escribí “personas sin identificar” en el buscador y no salió nada, así que no tengo información. Y lo otro, pues no es mi chamba”.
Respuesta del Registro Civil a la primera solicitud de información, que fue apelada
Ante esto, el recurso de revisión RAI 44/26 apelé a que la información dada por la Dirección del Registro Civil había sido incompleta ya que deberían tenerla y lo que entregaron era algo sin sustento en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública con Sentido Social y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
Ya empezados en el camino tortuoso de los ‘debidos procesos’, para junio, por su parte los argumentos sostenidos por la Dirección del Registro Civil para sustentar por qué había ocultado la información, en lugar de contribuir a su defensa remarcaron que sí existe parte la información solicitada y que sí es su competencia.
Fue algo así: “Ya mandé al becario a buscar bien en la computadora y resulta que sí hay datos. Como somos buena onda y para que ya no estés molestando, ahí te van los de 2024 y 2025, en lo que consigo los demás”.

Por ello, el ITPO a través de la Dirección de Medios de Impugnación, confirmó y ordenó al Registro Civil que haga una nueva respuesta basada en que sí tiene la información estadística, que sí tiene atribuciones para brindarla y que para las partes que no estén en su competencia, siga la Ley para hacer una Declaratoria de Incompetencia fundada y dictada por su Comité de Transparencia.
La declaratoria de incompetencia fundada y desde un Comité de Transparencia robusto que decida si una información se clasifica, se considera como inexistente o que no está dentro de sus obligaciones, es fundamental dadas las nuevas características del sistema de transparencia en México.
Ya que ahora no existe un intermediario como lo era el INAI o en Oaxaca el OGAIPO para vigilar o insistir a los sujetos obligados, y ahora son ellos mismos los que deciden si ser transparentes o no.
Sé, además, que hay estados donde no existe, tras las reformas, un instituto o secretaría similar al INAI –o lo que sea que haya existido localmente–, por lo que la ruta sería pelearse con el mismo Comité de Transparencia que ya decidió que no publicaría la información. Revisa tu ley local para saber cómo pelear a gusto con el gobierno, chicx.
En el caso de Oaxaca, que puede ser el mismo para otros estados donde se creó algo similar o incluso se mantuvo su órgano de transparencia local –como en Querétaro–, si el propio ITPO no funcionara, tendríamos dos opciones: acusarla con su mamá federal (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) aunque sólo procederían casos que tengan que ver con autoridades federales, por lo que ni siquiera se habrían molestado en leer mi queja del registro civil local. O la segunda, un juicio de amparo; pero hace dos meses que pregunté, supe que aunque deberían desde el año pasado haber creado una sala especializada en Aguascalientes para recibir estos casos, no existe o es inaccesible para la ciudadanía.

Y aunque en este caso con el recurso de revisión hubo una resolución favorable, aún es inquietante que un camino que debió haber tardado máximo tres meses –40 días hábiles, con extensión de 20, según la Ley local, que ya por sí mismo es extenso–, tardó el doble, seis meses. Sin contar, claro, el periodo en que ni siquiera existían, que fueron otros tres meses. Una gestación completa, dices tú. Entre que metí mi recurso de revisión y hoy que tengo la resolución –que aún falta la respuesta de Registro Civil, si no sigue otro tramo largo–, ya tendría un chiquillo aquí.
Además, aunque la resolución es importante porque da cuenta de que el instituto funciona, preocupa que en las fechas de los documentos que me ha hecho llegar el ITPO, no sé si intencionalmente, ponían como si me los hubieran entregado hace dos meses, como para no parecer que tardaron tanto.
Es nuestro deber ciudadano usar los recursos legales –aunque los hayan desbaratado, aunque haya podido tener un hijo mientras, por lo tardado de su burocracia– para conocer la ruta a acceder efectivamente a nuestro derecho a la información y, en caso que sea obstruido, poder pelearlo. O usarlos para hacer saber que estas reformas sólo deformaron todo y dificultan el proceso para que toda la gente pueda utilizarlos.
Los derechos se pelean, se defienden y se mantienen vivos usándolos. Una forma, además, de hacer que las instituciones acaten las leyes, aprendan los procesos correctos y generen información utilizable, es cuestionándolas y también, en el mejor de los casos, dialogando con ellas en el aprendizaje de un nuevo sistema local perfectible que garantice el derecho a la información.


