- Familias de Playa Salchi y Playa El Coyote reclaman la devolución de las tierras de las que denuncian haber sido despojadas. El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas exige que se investiguen los casos y se proteja a quienes defienden el territorio.
Redacción/ El MuroMx
Oaxaca de Juárez.- Familias de dos comunidades de la Costa de Oaxaca siguen sin recuperar las tierras de las que, según el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO), fueron despojadas en San Pedro Pochutla y Santa María Huatulco. El 18 de noviembre, integrantes del Frente marcharon en la capital y realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno para exigir que se investiguen los hechos. En la protesta denunciaron también el uso de procesos penales contra personas que defienden sus predios.
Una semana antes, Cristal Jiménez, representante del Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (Codepo), señaló que la Fiscalía de Oaxaca (FGEO) aún no había llevado ante un juez las carpetas por los presuntos despojos en ambas playas. Ese 11 de noviembre, el Frente anunció un plantón frente a Palacio de Gobierno. Sus integrantes dijeron que desde marzo habían entregado un pliego petitorio a las autoridades estatales y que la devolución de los terrenos seguía entre sus demandas.
De la denuncia al reclamo de restitución
En Playa Salchi, en Cuatunalco, municipio de San Pedro Pochutla, el caso se hizo público al menos desde junio de 2025. Entonces, organizaciones denunciaron un intento de despojo contra el campesino y defensor comunitario Miguel Sánchez Hernández. En enero de 2026, un comunicado difundido por Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) denunció el ingreso de policías estatales a sus tierras y la demolición de viviendas de personas que acompañaban la defensa del predio.
Durante la movilización del 18 de noviembre, Luis Ángel Ramírez Cruz, integrante del FORO, afirmó que en Salchi se utilizaron documentos presuntamente falsos para desalojar a una familia y que después se dividió el terreno en lotes para su venta. También sostuvo que hubo una resolución federal favorable a la familia, pero que las tierras seguían sin restituirse.
En Playa El Coyote, en Bajos del Arenal, municipio de Santa María Huatulco, el Frente denunció que otra familia perdió la posesión de sus tierras y que, además de buscar recuperarlas, tuvo que defenderse de acusaciones penales que la organización considera fabricadas.
La presión inmobiliaria y el derecho a defender el territorio
En marzo, una misión de observación integrada por organizaciones civiles, colectivos y representantes comunitarios presentó un informe sobre Salchi y El Coyote. La misión vinculó las denuncias de despojo con la expansión de proyectos turísticos e inmobiliarios y registró testimonios de agresiones e intimidación. En ambas localidades, según el informe, las familias han vivido durante generaciones de actividades como el cultivo y la venta de productos locales. La pérdida de los predios compromete su vivienda y las actividades de las que dependen para sostenerse.
La misión pidió medidas de protección para las familias, la devolución de tierras y viviendas, la investigación de las agresiones y la reparación integral de los daños. El artículo 9 del Acuerdo de Escazú obliga a México a garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales y a tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones en su contra. Ocho meses después de la presentación del informe, las organizaciones volvieron a Palacio de Gobierno con dos demandas que siguen abiertas, según el Frente, recuperar las tierras y contar con protección para defenderlas.




