Durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz de 2004 a 2010 fueron abatidos violentamente ocho dirigentes visibles, de importantes agrupaciones sociales con presencia en diversas regiones de la entidad, sin que ninguno de los asesinatos haya sido esclarecido hasta el momento.
ANTONIO MUNDACA/ @amundaca
Durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz de 2004 a 2010 fueron abatidos violentamente ocho dirigentes visibles, de importantes agrupaciones sociales con presencia en diversas regiones de la entidad, sin que ninguno de los asesinatos haya sido esclarecido hasta el momento.
La eliminación sistemática minó la presencia de dichos grupos en sus distintas regiones. La impunidad cubrió dichos homicidios, varios de ellos se dieron iniciando el sexenio anterior. Los pendientes en la procuración de Justicia quedaron en promesas dichas por ex gobernador priista, que llevó al nuevo gobierno a crear una fiscalía especializada, la cual en 7 meses de haber sido anunciada como órgano de justicia tampoco ha dado los resultados esperados.
En el gobierno ulisista desfilaron al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Patricia Villanueva Abrajam (2004-2005); Rosa Lizbeth Caña Cadeza (2006 y parte del 2007, años del conflicto sociopolítico catalogado por la prensa extranjera y nacional como la primera insurrección mexicana del siglo XXI ); Evencio Nicolás Martínez Ramírez (2007-2008 y parte del 2009), y María de la Luz Candelaria Chiñas (2009-2010), y en el gobierno de Gabino Cuè Manuel de Jesús López López. Los dos últimos crímenes fueron perpetrados contra Heriberto Pazos Ortiz, líder histórico del Movimiento de Triqui (MULT) y fundador del Partido Unidad Popular (PUP), con una amplia presencia en la región Mixteca el 23 de octubre del 2010. Un día antes, el viernes 22 de octubre, en la ciudad de Tuxtepec cayó abatido a balazos el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda, quien simpatizó con causas no armadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Torres Pereda fue preso político en el sexenio de Nelson José Murat Casab.
Tras estallar el conflicto sociopolítico del 2006 en el gobierno de Ulises Ruiz, Catarino fue encarcelado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya Estado de México, acusado de cometer diversos delitos que finalmente no le comprobaron y tuvieron que dejarlo en libertad. En 2007 obtuvo su libertad y regresó a las actividades de su organización en la Cuenca del Papaloapan, desde donde seguía apoyando las causas de la APPO.
Tanto Pazos Ortiz como Torres Pereda se caracterizaron por realizar grandes movilizaciones en sus regiones y en la Ciudad de Oaxaca, con el fin de exigir a los gobiernos estatal y federal soluciones a múltiples demandas para beneficio de miles de seguidores. Fueron la cereza de un pastel envenenado que caracterizó el régimen ulisista.
En la Cuenca del Papaloapan los homicidios violentos contra líderes sociales le dieron la característica a la región de un foco rojo contra organizaciones campesinas. Desde el 2005 al 2011 fueron varias las ejecuciones perpetuadas por motivos no aclarados que quedaron en la opinión ciudadana como crímenes políticos. 29 de noviembre del 2005 fue masacrado con balas de fusiles AK-47, el máximo dirigente del Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec (CROCUT), César Toimil Robert, emboscado en la presa Miguel Alemán en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa. Fue adversario del dirigente nacional de la Unión General Obrero Campesino y Popular (UGOCP), Margarito Montes Parra, quien celebró públicamente la detención de Toimil. El líder ugocepista también fue asesinado el 9 de octubre del 2009 en Sonora junto con otras 14 personas, incluyendo su esposa y sus hijos pequeños, sin embargo la fortaleza de su organización inicio en Oaxaca en la zona fronteriza con Veracruz.
El 5 de abril del 2006, desapareció el dirigente de la Coalición de Trabajadores del Campo y la Ciudad (CTCC) y fundador del Partido Cardenista en Oaxaca, Miguel Herrera Lara, mejor conocido como “El Cocodrilo”. Las autoridades siguen sin esclarecer los motivos de su desaparición. Hasta la fecha sobre sus crímenes, no hay detenidos.
La postura del nuevo gobierno
“Muchos de ellos estaban parados, estaban sin investigación como tal y todos se volvieron a retomar, en muchos no hay resultado concreto y lo que se espera es el esclarecimiento. Sí se están haciendo diligencias, el compromiso es hasta donde las capacidades técnicas y humanas lo permitan seguiremos trabajando ninguno de ellos quedará en el olvido”.
Fiscalía especializada, 6 meses de oscuridad
El de 9 Marzo del 2011, el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo informó sobre la firma de decreto para la creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social la cual dijo revisará todos los casos relacionados con hechos que han lastimado a Oaxaca.
La Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social quedó entonces al frente Guadalupe Lucas López Robledo, donde además estuvieron el procurador de justicia en el estado, Manuel de Jesús López López, la comisionada para los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas, el coordinador de asesores, Víctor Raúl Vásquez y los integrantes de la comisión ciudadana que se encargará de vigilar y acompañar las acciones de este órgano.
