- Cesar Toimil de la CROCUT, Miguel Herrera de la CTCC , Catarino Torres del Codeci, Renato Cruz de la CCC, Nicolás Estrada de la ODEPP y Gustavo Pacheco de Democracia y Equidad son líderes que tuvieron influencia en las fronteras de Veracruz y Oaxaca y todos fueron ejecutados bajo la teoría del asesino solitario que mantiene sus crímenes bajo una impunidad transexenal que incluye los gobiernos de Ulises Ruiz y Gabino Cué.
ANTONIO MUNDACA/@amundaca
El 24 de octubre del 2010 los periódicos del estado tenían a ocho columnas el asesinato del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, que había sido ejecutado en la Agencia Municipal de 5 señores en la capital oaxaqueña.
Los periódicos de Tuxtepec y la zona fronteriza con el estado de Veracruz que comprende los municipios de Cosamaloapan, Tierra Blanca y Tres Valles durante el día anterior, 23 de octubre, también habían dado cobertura como nota principal en sus páginas a la ejecución de Catarino Torres Pereda, líder ojiteco y fundador nacional del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci).
Eran los últimos días del Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Herminio Cuevas Chávez, diputado del PRI y entonces presidente de la LX legislatura del congreso estatal, durante una visita a la Cuenca del Papaloapan minimizaría los hechos, “es posible que sean hechos aislados, la autoridad deberá investigarlos, pero la cuenca tiene una larga lista de organizaciones que han desaparecido”, precisó al mismo tiempo de reconocer que existía el peligro de enrarecer el clima político de la transición oaxaqueña.
Saulo Chávez Alvarado, diputado saliente del distrito 05 de Ixtepec por el PRI en dicho congreso, abundaría en las excusas “Oaxaca siempre ha sido así y yo no creo que sean los últimos, así va a seguir el estado”. Lanzaba como vidente los dardos sin equivocarse. Seguirían cayendo líderes sociales en los años por venir ya bajo el mandato del gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
En el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz hubo 4 titulares en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En ese lapso fueron asesinados en la Cuenca del Papaloapan dos líderes sociales que tuvieron alcance nacional con sus organizaciones y se registró uno desaparecido que tenía su zona de influencia en municipios tanto oaxaqueños como en el estado vecino de Veracruz.
CAZADO EN LA PRESA
El 29 de noviembre del 2005 fue masacrado con balas de fusiles AK-47 el dirigente del Consejo Regional Obrero Campesino y Urbano de Tuxtepec (CROCUT), César Toimil Robert, quien fue emboscado en la presa Miguel Alemán en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en los límites con Tierra Blanca, Veracruz.
CROCUT nació en 1999 bajo la mano de Toimil Robert, siendo parte del Consejo Estatal Campesino y Obrero Emiliano Zapata (CECOEZ) fundado por el ex Secretario de Gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y actual delegado federal la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el gobierno peñista, Manuel García Corpus.
Trascendió en medios oaxaqueños que la CROCUT recibía protección de funcionarios estatales y federales lo que les permitió dejarse fotografiar portando armas de uso exclusivo del ejército y operar como un grupo paramilitar financiado por caciques de la cuenca a los que servía de contrapeso a la Unión General Obrero Campesino y Popular (UGOCP), encabezada por Margarito Montes Parra, asesinado en octubre del 2009.
Patricia Villanueva Abraján, la primera procuradora del gobierno ulisista, en conferencia de prensa diría al día siguiente del asesinato que la lancha donde viajaba el líder social acribillado presentaba 35 impactos de bala y que a 40 metros de donde quedó el bote se encontraron pedazos de madera donde los agresores apoyaron sus armas. Se puso en marcha el 30 de noviembre del 2005 una operación especial que no dio resultados y que abarcó los territorios de Oaxaca y Veracruz.
DESAPARECE EL COCODRILO
Cinco meses después, el 5 de abril del 2006, Miguel Herrera Lara, ex dirigente de la Coalición de Trabajadores del Campo y la Ciudad (CTCC), además de fundador del Partido Cardenista en Oaxaca, desapareció cuando se dirigía a la ciudad de Córdoba Veracruz, su camioneta fue encontrada en una de las calles de Tres Valles del mismo estado.
Herrera Lara a pesar de integrarse a causas de izquierda nunca fue un político de oposición, señala una reseña del periódico Imagen de Veracruz publicada el 7 de marzo del 2009. Su ascenso político se dio con la llegada al Gobierno del estado de Diódoro Carrasco Altamirano, quien lo cobijo en la región cuenqueña, tiempo en el que el líder social logró ser alcalde de Cosolapa y diputado local por el Partido del Trabajo (PT).
También fue cercano de José Murat Casab. En junio del 2003 fue denunciado por comuneros de Santa María Chimalapa que lo acusaban de encabezar un grupo paramilitar que participó en el conflicto agrario y social que esta comunidad sostenía con la colonia ganadera Cuauhtémoc.
El periódico La Jornada en su edición del 6 de agosto del 2003 lo describiría de esta manera: “Investigaciones posteriores, realizadas por la propia comunidad, ubicaron en la colonia Cuauhtémoc, a un grupo paramilitar fuertemente armado, sostenido por narco ganaderos de ingreso relativamente reciente en la colonia (1997-1998), quienes, mediante la violencia, mantienen hoy el control de la asamblea y del Consejo de administración de la Cuauhtémoc. Los comuneros tienen información de que este grupo paramilitar, encabezado por Miguel Herrera Lara (alias El Cocodrilo, prófugo de la justicia del estado de Veracruz y hoy flamante colono) está al servicio del gobierno de Murat”.
SÍMBOLO DE LA APPO
En medio de la transición de los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteaguado, fue ejecutado el 22 de octubre del 2010 Catarino Torres Pereda, dentro de sus oficinas ubicadas en la Colonia 5 de mayo en el centro de la ciudad de Tuxtepec. Era cabeza del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) una de las primeras organizaciones que conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Torres Pereda fue considerado el primer preso político de dicho movimiento y estuvo 7 meses en el penal de máxima seguridad de La Palma, luego de su detención el 6 de agosto de ese año tras ejecutarse en su contra las averiguaciones 119/2000 y 254 /2004 por los delitos de motín, privación ilegal de la libertad, despojo, robo calificado y robo específico. Durante su proceso se registraron irregularidades y se le mantuvo privado de representación legal por un mes, sostuvo su abogado Jorge Sánchez el 4 de septiembre del 2006.
Codeci informaría un día después de la detención de su líder que los responsables habrían sido policías ministeriales vestidos de civil, los cuales habrían golpeado a Torres Pereda para imputarles delitos del fuero federal por ordenes de la Procuradora General de Justicia del Estado (PGJE), Lizbeth Caña Cadeza, ya que la organización se preparaba con mil simpatizantes para viajar a la ciudad de Oaxaca para iniciar una jornada de movilizaciones.
La última titular de la PGJE del gobierno ulisista María de la Luz Candelaria Chiñas, quien definió el asesinato como un “conflicto regional” ejerció bajo su mandato acción penal contra Manuel Martínez Gutiérrez quien fue acusado de ser el autor material del asesinato de Catarino Torres Pereda que recibió el auto de formal prisión el 19 de noviembre del 2010. Sin embargo dejó abierta la investigación con el propósito de detener a otros posibles responsables.
Cuatro días después de la aprehensión del presunto asesino y de haberse realizado una rueda de prensa para presentarlo a los medios de comunicación, Codeci difundiría un comunicado: “esperamos que ésta no sea una respuesta acelerada y una maniobra mediática de la administración de Ulises Ruiz para dar carpetazo a este asunto, ya que está a unos días de culminar su sexenio”.
Catarino Torres Pereda fue asesinado 8 días después de una reunión de organizaciones sociales con el entonces gobierno electo de Gabino Cué, realizada el 4 de octubre del 2010. Donde las organizaciones sociales oaxaqueñas habían presentado sus demandas tras ayudar al triunfo de la coalición “Unidos por la paz y el progreso” y echar al PRI del poder.
El 22 de octubre del año pasado, con motivo del segundo aniversario luctuoso del líder social, Gaudencio Torres Pereda quien ocupó el lugar al frente de dicha organización movilizaría a dos mil personas para bloquear la frontera entre Oaxaca y Veracruz, exigió el esclarecimiento de dicho crimen y la captura de los autores intelectuales, reclamaría “No es un gobierno del cambio, sino más de lo mismo”.
UN SEXENIO VIOLENTO
Habían transcurrido 54 días del inicio del gobierno de la alternancia en el estado, cuando sufrió la primera baja visible en materia de seguridad en asuntos internos. Mario Emilio Zárate Vásquez dejaba el cargo de director jurídico de la Secretaría General de Gobierno el 24 de enero del 2011, para presentarse ante la Procuraduría General de República (PGR) por su relación con Flavio Méndez Santiago, alias “El Amarillo”, uno de los fundadores de “Los Zetas” y presunto coordinador de operaciones de esa organización criminal en el sureste de México, el cual había sido detenido el 18 de enero del mismo año en Villa de Etla.
“El Amarillo” se había desempeñado en la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Xoxocotlán con el cargo de subdirector de la corporación cuando Zarate Vázquez fue Síndico Procurador y aliado del régimen de Ulises Ruiz Ortiz en el movimiento 2006. Zarate Vázquez después se convertiría en perredista.
Su renuncia se dio tras un inicio de sexenio enrarecido por la muerte de luchadores sociales y políticos en la entidad. El 24 de diciembre del 2010 a semanas de haber tomado el poder el nuevo gobierno fue ejecutado con nueve tiros a quemarropa el dirigente de Antorcha Campesina en la mixteca, Miguel Cruz José en la ciudad de Tlaxiaco.
Cruz José había encabezado una serie de movimientos en el estado para exigir la liberación de 39 campesinos de Santo Domingo Yosoñama que fueron secuestrados por el cacicazgo de San Juan Mixtepec a quienes se les pretendía despojar de una superficie de mil 800 hectáreas de tierra, declaró Guadalupe Orona Urías, dirigente antorchista en el estado de Hidalgo el 17 de diciembre de 2012 cuando el gobierno del estado oaxaqueño todavía manejaba la teoría del “asesino solitario”.
El 13 de enero del 2011 el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Luis Jiménez Mata fue victimado por cinco disparos en la capital del estado. La sombra de conflictos agrarios entre esta comunidad y sus vecinos de Santa María Zaniza surgió como posible móvil del asesinato. Por estos hechos fue detenido Vitaliano Velasco Velasco, de 23 años, un mes después, como presunto autor material.
Su esposa, Gabriela Palacios Torres, iniciaría el 18 de febrero una huelga de hambre con su hijo de 1 mes y 15 días de nacido pidiendo la intervención de gobernador Gabino Cúe sin obtener respuesta “intervenga para que no se cometa una injusticia, las autoridades solo quieren presentar un culpable y quedar bien, Gobernador no dejes que Vitaliano sea el primer chivo expiatorio de tu sexenio”, diría en una carta dirigida a los medios de comunicación oaxaqueños.
EL EFECTO CUCARACHA
El 25 de enero del 2011 la ola de ejecuciones contra dirigentes sociales tuvo de nuevo su epicentro en la zona fronteriza entre Veracruz y Oaxaca. Renato Cruz Morales, líder de la Central Campesina Cardenista (CCC), fue ejecutado con disparos de armas de grueso calibre junto con su escolta Santos Lozano Cervantes en la carretera federal Tuxtepec – Palomares. El Subprocurador regional de la Cuenca, Héctor Joaquín Carrillo Ruíz, que se estrenaba en el cargo, sostuvo que no existía el móvil político y los cuerpos tenían el tiro de gracia.
Francisco Román Sánchez, dirigente nacional de la CCC, al día siguiente de la ejecución de Cruz Morales sostuvo en medios estatales “Renato apoyó por convicción a Gabino Cué, y él está obligado moralmente a dar una respuesta por la presencia que tenemos en la Cuenca, porque le aportamos varios miles de votos”
Recordó que el líder social fue privado de su libertad varias veces y encarcelado, “el estado por su conflictividad por la tierra y el rezago ancestral, exponen mucho a los dirigentes sociales y campesinos y la demanda de Oaxaca está documentada desde hace muchos años y los gobiernos federal y estatal no han podido o no han querido resolverla”. Y lanzó una flecha a las autoridades “no quisiera que los gobiernos federal y estatal estuvieran entre los beneficiarios de estos crímenes”.
El Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, reconocería en medios regionales en julio del 2011 que los municipios de Tuxtepec, Loma Bonita y Acatlán -los tres fronterizos con Veracruz- eran los focos rojos de la entidad por el número de ejecuciones.
Sostuvo de forma contradictoria “En ocasiones sentimos que vamos peor de como estamos y en otras que vamos mejor, pero es un asunto de percepción”. Enfatizaría que existe un “efecto cucaracha” ante el incremento de las fuerzas federales en los estados de Veracruz y Guerrero.
“LO BAJARON”
Bajo ese discurso de “efecto cucaracha” y “la Cuenca: foco rojo de inseguridad” sería asesinado el ex presidente municipal de Tuxtepec, Gustavo Pacheco Villaseñor, el 15 de septiembre del 2011 de siete disparos a quemarropa y resultaría herido su hermano y ex titular del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET) Javier Pacheco Villaseñor.
Un día antes de ser ejecutado, Gustavo Pacheco tuvo una reunión con priistas de Tuxtepec para integrar representantes para una asamblea estatal de un nuevo movimiento dentro del PRI denominado “corriente renovadora” que pretendía desplazar de la dirigencia estatal al entonces diputado federal Eviel Pérez Magaña, el cual había sido nombrado jefe político en el estado por Ulises Ruiz Ortiz, tras la derrota de tricolor en la elección de gobernador del 2010.
“Lo bajaron” dijo su padre, Diego Pacheco Cruz, en las inmediaciones del hospital general donde fue trasladado el cuerpo. Luego de su arribo a Tuxtepec, el titular de la PGJE, Manuel de Jesús López López, en conferencian de prensa sostuvo “No descartaremos ninguna línea de investigación, y el proceso será minucioso desde si fue pasional, alguna venganza porque fue presidente municipal apenas del trienio pasado, algún móvil político, el compromiso es llegar al esclarecimiento total de estos hechos”.
Un mes después la línea de investigación oficial emitida el 15 de octubre por las instancias de seguridad apuntaba como móvil una posible venganza, pero no existía detención de ningún sospechoso a pesar de contar con retratos hablados, placas de automóvil y diversos testigos.
Javier Pacheco, el hermano sobreviviente al atentado, declaró el 12 de julio del 2012 a medios locales que el asesinato había sido de carácter político y estaban detenidos los avances por intereses gubernamentales que incluían a los dos últimos sexenios.
PATRIA O MUERTE
Las últimas elecciones a la presidencia municipal de Tuxtepec dieron un giro a la mitad del proceso electoral con una coalición “Unidos por el desarrollo” integrada por los partidos del PAN, PRD y PT en franca división.
La camioneta del presidente del Consejo Estatal del PRD, Nicolás Estrada Merino, se localizó calcinada el 17 de junio en el ejido Santa Sofía del municipio de Loma Bonita, lo que movilizó a las corporaciones policiacas. El líder de la Organización Democrática de los Pueblos del Papaloapan (ODEPP) desapareció el 15 de junio. Su cuerpo fue encontrado con signos de tortura y tres disparos en la cabeza en la comunidad de Camarón Salsipuedes el 29 de junio.
Estrada Merino era uno de los principales promotores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad. Fue precandidato a la diputación federal por el distrito 01 en el 2012 y precandidato a la presidencia municipal de Tuxtepec, se declaró ganador de la encuesta interna del PRD el 22 de mayo de este año.
Fue operador político del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal, Pesca y Acuacultura, (SEDAFPA) Salomón Jara Cruz, quien lo apadrinó durante varios años apoyando a la ODEEP la cual Estrada Merino fundó en el año 2007 cuando era su suplente en el senado de la república.
El 9 de noviembre del 2011 Nicolás Estrada Merino, en calidad de integrante de la Comisión Política de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD, denunció que había recibido amenazas de muerte de Amador Jara Cruz, entonces presidente perredista en la entidad y su sucesor Rey Morales.
También tuvo un enfrentamiento sistemático con el presidente de la mesa directiva del Consejo Estatal del PRD, Jesús Romero López. El líder asesinado acusaba al dirigente estatal de Nueva Izquierda de querer entregar el partido al senador Benjamín Robles Montoya para apuntalarlo como candidato al gobierno de Oaxaca.
Durante la desaparición de Estrada Merino y con la amenaza en puerta de movilizaciones por la falta de claridad y resultados, el Procurador Manuel de Jesús López López descartó la línea política en el proceso de la investigación
A días de que se efectuarán las elecciones, el Gobernador Gabino Cué y el titular la Secretaria de Seguridad Pública Marco Tulio López Escamilla sostuvieron en el portal de la revista Proceso con fecha del 1 de julio “no es tema de violencia política y mucho menos electoral, es un tema, de delincuencia organizada, todavía no hay detenidos directamente pero se investiga en coordinación con la Procuraduría General de la República, el Ejército Mexicano y la Armada de México.”
Publicado 26 Mar de 2015
