Javier Duarte Ochoa pidió licencia al Gobierno de Veracruz para atender las denuncias en su contra por peculado y enriquecimiento ilícito. Su dimisión irrumpió sin que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto, esté listo. No hay Secretario de la Función Pública y no hay Fiscal Anticorrupción, dos cargos vitales. Aletargada su instalación por su propia complejidad –involucra a siete instancias gubernamentales; además de la sociedad civil– el tiempo para el SNA corre en contra pues el cáncer de la corrupción avanza incontenible en los tres niveles de Gobierno. Los analistas ven que el caso Duarte pudo volverse ejemplar por no quedar impune, pero transcurrirá sin ese fortificado proyecto.
Por Linaloe R. Flores y Alejandra Padilla
Ciudad de México.- (SinEmbargo).– El primer gran caso de presunta corrupción en la presente Administración ocurre sin que esté instalado el Sistema Nacional Anticorrupción, el proyecto propuesto por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para aminorar ese mal que recorre los gobiernos municipal, estatal y federal, daña a la Nación con un 10 por ciento del Producto Interno Bruto y hace brotar escándalos de manera imparable.
Javier Duarte Ochoa anunció que pediría licencia al Congreso de Veracruz para dejar su cargo de Gobernador el 12 de octubre pasado, cuando le faltaban 50 días para concluir su administración. Su justificación fue que quiere estar en posibilidad de atender las denuncias y querellas en su contra por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. “Y Veracruz merece un Gobernador de tiempo completo”, dijo.
Pero, después de cuatro años de Gobierno, Peña Nieto carece del Sistema Nacional Anticorrupción, ofrecido en campaña y prometido en los primeros meses como Mandatario. El Sistema, un gran entramado de órganos que deberán coordinarse, por ahora le hacen falta los más vitales.
La Secretaría de la Función Pública –instancia creada por Miguel De la Madrid, rebautizada dos veces y desahuciada otras tantas– permanece sin titular después de que Virgilio Andrade Martínez renunció el 18 de julio de 2016. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, concebida para castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados moches y la colusión, entre otros delitos de daño a la Nación, simplemente no existe.
Ambas instancias son piezas clave del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin ellas, el proyecto no podrá caminar.Oscar ar Arredondo Pico, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, apunta que las designaciones son lo más importante para echar a andar el andamiaje. “La parsimonia y la tranquilidad con lo que lo están tomando es realmente preocupante. Para nombrar titular en la Función Pública sólo hace falta que el Ejecutivo federal envíe una terna al Senado… Para la Fiscalía hace falta que la Procuraduría General de la República la incorpore en su estructura orgánica”.
Duarte Ochoa no es el único Gobernador postulado por el PRI que en estos momentos enfrenta delitos relacionados con la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la mala administración que se ha reflejado en deudas públicas exorbitantes. Están también César Duarte de Chihuahua; Roberto Borge de Quintana Roo y Rodrigo Medina de Nuevo León.
Ante ese abanico de nombres, todos provenientes de su propio partido, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo el 17 de agosto de 2016: “No voy a meter la mano … Cada uno de ellos tendrá que enfrentar los señalamientos de que son sujetos, tendrán que enfrentar las investigaciones que hoy se están realizando y lo que está comprometido de parte de mi Gobierno es no solapar, no permitir que haya actos de corrupción y que si eventualmente alguien incurrió en un acto de estos que enfrente el peso de la Ley”.
El reloj corre en contra pero para armar por completo el aparato hacen falta el acuerdo de los actores. Son siete. La Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.
El Sistema pretende agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo comité para que actúen de manera coordinada y alineados, por primera vez, con una Política Nacional Anticorrupción.
Para Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, la clave del sistema depende de la coordinación de estas instancias. En el consenso puede estar el avance o el letargo. El Investigador apunta que cada instancia debe hacer su trabajo y luego, aceptar la coordinación.
El caso de Duarte Ochoa se encuentra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. El marco jurídico de esta unidad implica tres fiscalías, una contra el combate a la corrupción, otra de servidores públicos y otra contra la Administración de Justicia. En el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), la plataforma de datos abiertos donde puede revisarse la estructura orgánica de la Administración, no aparecen.
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Aletargado por su propia complejidad, ni los miembros de organizaciones civiles que lo impulsan ni los observadores de la política mexicana ven que el Sistema Nacional Anticorrupción vaya a estar listo antes de 2018, el año en que concluirá la presente Administración y arrancará la siguiente.
Es decir, no será Enrique Peña Nieto quien conduzca las riendas del sistema en contra de los Gobernadores o servidores públicos que ahora enfrentan acusaciones por delitos relacionados con la corrupción cuando justo este ha sido el eje crítico de su gestión que hoy no pasa del 20 por ciento de aprobación, según las encuestas.
“El SNA es como un gran monstruo por complejo”, describe Enrique del Val Blanco, investigador de las políticas anticorrupción en México. “Y esta complejidad ha mandado la imagen de que el aparato para atacar al cáncer de la corrupción está detenido y entonces, no puede hacerse nada. Y el cáncer crece, se ramifica, se vuelve poderoso. No debería esperarse a la instalación del sistema. Ahora mismo se puede hacer mucho con la normativa vigente de la Función Pública. Con esa, Javier Duarte debe ser investigado, por ejemplo”, expresa el también Coordinador de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El sistema se sostiene en siete leyes, promulgadas por el Presidente Enrique Peña Nieto el 18 de julio pasado. Entre ellas está la misma Ley General del SNA –que marca su ruta de instalación– y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la 3de3.
Implica desde la creación de la Fiscalía anticorrupción y un tribunal federal especializado hasta el fortalecimiento de los órganos rectores de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción.
Es como un gigante en cuya cabeza estará un comité coordinador, presidido por un representante de la sociedad civil. Uno de los brazos será el secretariado ejecutivo que a su vez, estará a cargo de la Plataforma Digital Nacional y de las métricas de las políticas anticorrupción.
Después de la comparecencia de 15 hombres y mujeres postulados por instituciones educativas y organizaciones civiles, el Senado de la República aprobó el jueves pasado a los nueve integrantes de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana. A partir de entonces, ya hay nombres y se dio el primer paso pues de esta comisión depende la integración del Comité de Participación Ciudadana.
Se eligió a Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayllón, Antonio Carlos Gómez Espiñeira y Viridiana Ríos Contreras para ocupar los lugares correspondientes a las organizaciones civiles.
Por las instituciones de Educación Superior y de Investigación fueron electos María Elena Morera Mitre, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa.
MUCHAS FISCALÍAS, PERO NINGUNA OPERA
“El Fiscal anticorrupción va a ser la persona más poderosa del país”, describe Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Lo dice porque el nuevo Fiscal deberá tener la capacidad intelectual y legal para conseguir el desmantelamiento de las redes en las que se sostiene la corrupción. Y no bastará –según el ordenamiento legal– con atrapar personajes, habrá que llegar a las cuentas bancarias, las propiedades ilícitas, los prestanombres, todo.
La reforma avalada en junio por el Senado de la República establece que la Fiscalía Anticorrupción será un un órgano de autonomía técnica y operativa. La misma reforma modificó el Código Penal Federal para tipificar los delitos en materia anticorrupción. Considera cárcel de hasta 14 años para diputados federales y locales que exijan tajadas a cambio de agilizar partidas presupuestales. El ordenamiento también incluye sanciones a quienes entreguen algún beneficio a servidores públicos y 12 años de prisión para particulares que mientan sobre su fortuna obtenida por concesiones públicas.
Esa es la Fiscalía planeada en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y será transitoria mientras la PGR logra transformarse en una Fiscalía General Nacional.
Por lo pronto, la PGR ya tiene una fiscalía de combate a la corrupción, creada en 2014, pero también carece de fiscal.
Antes de la revelación periodística de la “casa blanca”, el Presidente Peña Nieto se proponía desaparecer a la Secretaría de la Función Pública para sustituirla por una Comisión Nacional Anticorrupción, como prometió en campaña. En 2013, apenas con unos meses en el Gobierno, publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de la Ley de la Administración Pública para desmantelar a la dependencia. Pero no ocurrió. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados y ahí se quedó en los cajones.
Ante la imposibilidad de la comisión, en 2014, mediante el Acuerdo A/011/14 en el Diario Oficial de la Federación quedó estipulado la creación de una Fiscalía Anticorrupción; pero desde entonces hasta el cierre de este texto, ha carecido de titular.
Algunas de las funciones de esa Fiscalía son solicitar a otros países información específica sobre algún funcionario mexicano bajo investigación, requerir datos de cualquier servidor o ex servidor público de orden estatal o municipal que pudiera estar involucrado en hechos de corrupción y hasta solicitar a las instituciones bancarias información del movimiento de recursos sospechosos, según el Manual de Organización de la PGR.
