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Le dan Gina Dominguez ex vocera de Javier Duarte un año de prisión preventiva

JAIR GARCÍA /LA JORNADA

Al ser señalada como una persona violenta, vengativa, que atacó la libertad de expresión, la ex vocera duartista María Gina Domínguez Colío fue imputada de los delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal y desvío de recursos por 106 millones de pesos en agravio de función pública, por lo cual se aprobó la medida cautelar “necesaria” por un año de prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada durante la madrugada del domingo, se dio a conocer que existen al menos dos carpetas de investigación más en su contra, en las que trascendió se encuentra involucrado el diputado federal y ex coordinador de Comunicación Social Alberto Silva Ramos, donde entre ambos habrían desviado más de 4 mil millones de pesos.

La investigación en su contra es derivada de la denuncia interpuesta por el actual vocero Elías Asaad Danini, quien detectó pagos millonarios a empresas fantasmas y contratos sólo de “saliva”, por los cuales podría alcanzar una pena de hasta 22 años de cárcel.

Sin poder ocultar su enfado por enfrentar la justicia, Gina Domínguez no dejaba de revisar su manicura de salón y constantemente buscaba asesoría de su abogado y hermano, Uriel Domínguez Colío, quien evidenció su falta de dominio en el nuevo sistema penal de justicia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que los delitos presuntamente cometidos por la ex vocera de Javier Duarte de Ochoa quedaron integrados en la carpeta 110/2017, y se detalló que durante su paso al frente de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) ordenó pagos de facturas derivados de convenios publicitarios que sólo fueron de palabra.

Los fiscales indicaron que Gina Domínguez violó la propia Constitución Política de Veracruz, al asignar el pago de supuestos servicios de difusión mediática, cuando no contaba con una partida presupuestal para ello, no hubo contrato de por medio, sin testigos del cumplimiento, además que algunas de las empresas que benefició con recursos millonarios son “fantasmas”, pues el mismo Sistema de Administración Tributaria (SAT) así las ha declarado.

En la explicación de la acusación hecha por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, se enumeraron 35 fechas entre 2011 y 2014, donde Gina Domínguez ordenó a sus entonces jefes administrativos, Mario Villegas y Luis Salgado González, solicitar las órdenes a favor de una docena de empresas (algunas fraudulentas), y posteriormente ella misma exigir a la Tesorería se cumpliera con el pago de dichas facturas.

Algunas de las empresas involucradas son Negocios Serene SA de CV y Morgaver SA de CV, las cuales son consideradas por el SAT fraudulentas. Otras más son Cordom Com, Corporativo Rivera y Nueva Imagen SA de CV, entre otras.

Tales compañías se dedicaron únicamente por instrucciones de Gina Domínguez a reproducir los boletines publicados en el portal web de la Coordinación de Comunicación Social, violando por completo el derecho a la libertad de prensa de poder brindar la independencia de publicar lo que tuviera a bien cada medio.

También se dio a conocer que la ex vocera tanto de Javier Duarte como de Mario Villanueva falseó información pública al rechazar en diversas ocasiones la existencia de convenios publicitarios con los medios de comunicación, cuando ella de manera unilateral los hacía de palabra.

Por no atender al presupuesto de Egresos en cada año, ni por cumplir la normatividad relacionada con la aplicación de recursos públicos, la Fiscalía consideró un detrimento tan solo en la carpeta de investigación 110/2017 un daño patrimonial de casi 106 millones de pesos, en agravio del gobierno de Veracruz.

Testigos temen por sus vidas

Entre los argumentos brindados por la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar la prisión por un año como medida cautelar, es que cuenta con dos testigos, de identidad reservada, quienes la describen como una persona violenta y vengativa, que incluso ordenó mandar a golpear a su ex colaborador Mario Villegas.

Los dos testigos que solamente fueron identificados con los números “1” y “2”, relataron llevar varios años trabajando al interior de Comunicación Social y manifestaron temer por su vida y por la de sus familiares al ser parte de investigación.

Tales informadores relataron que ellos pudieron constatar los abusos cometidos por Gina Domínguez en contra de personas que no le simpatizaban o la contradecían, además que cuentan con todos los datos exactos de cómo ordenaba los pagos indebidos a medios de comunicación.

De igual forma atestiguaron ciertos tratos violentos y vengativos contra el personal a su cargo, así como contra quienes no compartían su forma de pensar. Otro hecho puntualizado por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva, es que cuenta con tres domicilios, uno en el lujoso fraccionamiento de Zoncuantla, uno más en el fraccionamiento residencial Paraíso y un tercero en la colonia Ferrer Guardia de Xalapa, que junto a los recursos presuntamente desviados y por temor a alguna venganza contra los testigos hacían necesaria mantenerla recluida.

“Soy inocente, no tengo observaciones”

En los momentos en que Gina Domínguez Colío tuvo oportunidad de hacer uso de la voz, intentó regañar a los fiscales, pues desde su perspectiva de le acusa por hechos administrativos que están contemplados dentro de la ley, además resaltó que ni la Contraloría General del Estado (CGE), ni el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) le detectaron alguna irregularidad durante su gestión.

Al contrario, remarcó que dichas instancias siempre avalaron su trabajo y en sus cuentas públicas no tuvo ningún tipo de observación. “No entiendo la forma en cómo llegaron a la conclusión de que cometí un delito, porque sólo narraron la forma en que se hacen los trámites administrativos”, agregó.

En un intento por impedir su reclusión al penal en Pacho Viejo, Gina Domínguez dijo ser ella la persona más interesada en colaborar con la investigación, por si existe un delito, se sancione a los responsables, y ofreció su palabra de que no busca extraerse de la justicia, y suplicó por una medida cautelar distinta a la prisión, pero no le fue concedida por la juez Verónica Portilla Suazo.

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