ZENZONTLE 400
En medio de la polémica de si México ha quedado sometido a Estados Unidos en materia de migración, y si se ha convertido en su policía migratoria en el patio trasero o si México doblegó al gigante económico al hacerlo recular en su intención de elevar los aranceles a los productos mexicanos que llegan al mercado de aquel país, salta otra realidad: el destino de los migrantes centroamericanos en nuestro país.
¿Cuál será ahora la situación que enfrenten los migrantes del sur al pisar suelo mexicano? ¿El despliegue de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, arreciará el maltrato hacia los desplazados por la pobreza y el hambre? Sin duda a México se le viene encima una crisis humanitaria en la frontera sur del país, en medio de este pasaje que el gobierno de la Cuarta Transformación ha querido hacer pasar como un triunfo a través de la legión que maneja en las redes sociales.
Apenas este sábado se anunció el despliegue de 6 mil soldados de la Guardia Nacional en toda la frontera sur, y ya en Tapachula, Chiapas, se han comenzado a alzar voces de defensores de derechos humanos que denuncian una persecución contra los inmigrantes del sur, peor que la que viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Miedo, Aumenta Tarifas de Coyotes
En un recorrido que hizo Zenzontle400 por la frontera de Chiapas con Guatemala se pudo constatar el temor que existe aquí entre los desplazados que entraron sin documentos a suelo mexicano. Las calles prácticamente están desiertas de no solo de centroamericanos, sino también de inmigrantes africanos, mediorientales y del caribe, que utilizan esta frontera para tratar de llegar a Estados Unidos.
Por temor, los más de 15 mil inmigrantes ilegales que, se estima, tiene como población flotante esta ciudad, la más al sur del territorio nacional, se han refugiado en albergues y domicilios particulares. Nadie quiere salir a la calle. Pocos son los que se aventuran a salir en busca de algo para comer para ellos o sus hijos, la mayoría niños de entre 5 a 12 años de edad.
El miedo de los migrantes de la frontera sur, se siente en el aire. No solo es la policía del Instituto Nacional de Migración, la que los persigue y detiene para ser concentrados en la Estación Migratoria de Tapachula, a la espera de su deportación a los países de origen. A la tarea de persecución se han sumado la policía estatal, la policía municipal, la Marina y el propio ejército mexicano.
A causa del arreciamiento de la política migratoria, los grupos delincuenciales de tráfico de personas han incrementado –en este fin de semana-, principalmente del cartel de Los Zetas, sus tarifas de coyotaje. Hasta la semana pasada un viaje por persona para dejarla de otro lado de la frontera norte, tenía un costo de entre cinco a siete mil dólares. Si solo se trataba de dejarla en la frontera del lado mexicano, el costo era de entre 2 mil y 3 mil dólares.
Ahora, desde el sábado hay nuevos precios en el tráfico de personas: si se trata de llevar al migrante hasta cualquier ciudad fronteriza en suelo norteamericano, principalmente de la zona de Tamaulipas, el costo es de ocho a 10 mil dólares. Si el destino es territorio más adentró, la tarifa aplicable puede llegar hasta los 15 mil dólares. A los migrantes que solo pretende llegar a cualquier ciudad fronteriza en Coahuila o Tamaulipas, se les está cobrando, por parte de Los Zetas, entre cinco y siete mil dólares.
Vendrán más Violaciones a DDHH
De acuerdo a Romelia Ortiz, una joven defensora de derechos humanos de migrantes en esta parte de Chiapas, existe temor de que la presencia de la Guardia Nacional incremente los índices, de por si elevados, de violación a los derechos humanos de los migrantes, pues solo entre este sábado y domingo ella pudo documentar la detención arbitraria que sufrieron dos grupos de centroamericanos por parte de funcionarios del INM.
Esta historia no es nueva, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya ha reconocido en diversas ocasiones el maltrato a los migrantes ilegales en México. Apenas el en el 2017 esa instancia emitió la recomendación 68/1027, dirigida al entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, “por violación al derecho humano al trato indigno de las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la estación migratoria de la Ciudad de México”.
No por nada, México se ubica como la tercera región más peligrosa del mundo, en el tránsito de migrantes, apenas superado por la región del mar Mediterráneo y la zona de Sudán, Libia y Egipto, en donde solo en el 2018, fueron 7 mil 765 personas la que fallecieron en su intento por llegar a las cosas europeas, según lo refiere la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo a ese mismo organismo internacional de migraciones, en México, al cierre del 2018, fueron 795 indocumentados transfronterizos los que murieron o desaparecieron, entre los estados de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Puebla, los que habrían estado en tránsito desde Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos.
Pero hay muchos más que son maltratados, amenazados, deportados sin ninguna garantía a sus derechos humanos, reconoció el sacerdote y activista pro derechos humanos Alejandro Solalinde, quien desde el 2017 ha venido señalando el trato que reciben los migrantes por parte de las autoridades migratorias de México, que intentan pasar por suelo mexicano,.
Es un verdadero viacrucis el que viven los migrantes transcontinentales, de Centroamérica y del Caribe, que cruzan por México, con destino a Estados Unidos, ha reconocido el Padre Solalinde, quien lamentó que el gobierno mexicano no predique con el ejemplo, “pues debería tratar a los migrantes en suelo mexicano, como demanda que sean tratados nuestros hermanos ilegales en Estados Unidos”.
El fundador del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, en Ixtepec, Oaxaca, ya en ocasiones anteriores había lamentado la doble moral del gobierno mexicano, al que reconoció como “insensible” ante la crisis migratoria que se vive dentro de territorio mexicano, a la que ahora el Estado ha respondido con un cerco militar que ya se comenzó a traducir en represión y violación de los derechos humanos de los migrantes.
Mientras el gobierno mexicano, a través de la cancillería, ha emitido una postura firme de respeto a las condiciones de trato a los migrantes mexicanos, en donde ha expresado su disposición de poner al alcance de todos los mexicanos en el exterior “los recursos necesarios para que estén siempre preparados, conozcan los recursos legales a su disposición, elaboren un plan de emergencia y, en casos definitivos, tengan un retorno seguro”, en México, el trato a los migrantes apunta en otro sentido.
De acuerdo a la recomendación 68/1027 de la CNDH, se ha reconocido que los migrantes ilegales en México, que son detenido por el Instituto Nacional de Migración, son sometidos a condiciones inhumanas; durante su reclusión en las estaciones migratorias de la ciudad de México, se ha puesto de manifiesto el hacinamiento al ser albergados hasta 672 migrantes en áreas que tienen capacidad para 434 personas.
Ese es el menor de los maltratos que reciben los migrantes ilegales en suelo mexicano, pues Zenzontle400 pudo documentar casos de extorsión, maltrato, vejación que hacen elementos del Instituto Nacional de Migración en la frontera de Tapachula, en donde los grupos más vulnerables son los que provienen de Cuba, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Retorno, Nunca
Martha es salvadoreña. Se vino huyendo de la violencia de su país. A su hijo mayor lo asesinó un policía ligado a la banda de los Mara Salvatrucha, “solo porque no quiso reclutarse en las pandillas”. Entró a México de forma ilegal y desde hace dos años y cinco meses sigue buscando la forma de lograr su residencia legal.
Le ha costado mucho su estancia en México; no solo ha sido el tiempo de espera, ha sido principalmente el pago de sobornos a “policías” (funcionarios del INM) que le ofrecen no molestarla, y no deportarla, a cambio de 500 pesos a la semana. Ella no tiene ingresos propios, pero una parte de lo que recibe en ayuda económica de una organización religiosa, lo destina al pago del soborno.
“Prefiero pagar para que me dejen tranquila”, dice con resignación. Luego, entre sollozos, continúa: “el regreso, nunca”. Sabe que, si la regresan a El Salvador, allá la espera la muerte. “Es como pagar una renta por vivir”, dice serena. No está dispuesta a tirar por la borda todo lo que ha tenido que pasar para llegar a Tapachula.
Cuenta que, para llegar a esta parte de México, luego de cruzar por Guatemala, vivió la indecible: fue secuestrada por la policía nacional de Guatemala, una pandilla de los Mara Salvatrucha la retuvo por dos días hasta que un familiar pago “el rescate” de 200 dólares. En suelo mexicano “los policías” también le cobraron 100 dólares para dejarla llegar al centro de Tapachula.
Cuenta que le fue bien: “a otras mujeres, jovencitas, no solo les cobraron el paso, sino que también las obligaron a pasar la noche” con algunos de sus secuestradores, tanto en Guatemala, como en México. Martha se refugió en un albergue de una organización religiosa, en donde le dan techo, comida y mil pesos al mes, lo que apenas le alcanza para pagar a quienes la extorsionan.
“Nadie los invitó a México”: INM
Lidia es cubana. Ella ingresó a México por la frontera con Belice. Para su fortuna, ella y su novio -Uriel- no han tenido que batallar con el crimen organizado. Nadie los ha extorsionado, pero lamenta el trato despótico que se les brinda en la estación migratoria de Tapachula, en donde a gritos, una oficial del INM les explica “las normas” de su país.
La oficial es altanera. Les grita con voz en cuello cuál es el procedimiento a seguir para lograr un permiso de residencia temporal. Les advierte que todos los solicitantes serán investigados, en conjunto con la embajada de su país en México, “y si no resultan ser quien dicen ser…entonces se van de mi país”, habla como si fuera dueña de México.
Lidia mueve la cabeza, abraza fuerte a su bebé de menos de dos años. Contiene las lágrimas y se traga el coraje. La oficial del INM sigue hablando: les recuerda a los casi 50 cubanos que esperan afuera de la estación migratoria de Tapachula, que “nadie los invitó a México” y por lo tanto se tiene que sujetar a lo dispuesto en las leyes mexicanas, si es que quieren hacer el trámite de solicitud de estancia legal y temporal en México.
La oficial del INM, de no más de uno 1.60 metros de estatura, mira -a través de sus anteojos- con odio a los migrantes; les recuerda, en tono de ordenanza militar, que, dentro de la estación migratoria, durante el plazo que dure el trámite del permiso solicitado, “tendrán que acatar las reglas. Comerán solo lo que se les dé y nadie tendrá derecho a nada”.
“Es como entrar a la cárcel”, dice Lidia casi para sus adentros. Uriel le coloca la mano sobre el hombro izquierdo, como para darle la fortaleza que parece se le escapa por los ojos. El destino es incierto, pero están dispuestos a afrontarlo. “Si esto es México, que es un país amigo ¿cómo será el trámite migratorio en Estados Unidos?”, pregunta Lidia como buscando una respuesta en el reportero.
Ayuda, solo por el Amor al Prójimo
Los servicios asistenciales, los oficiales por parte de los tres niveles de gobierno, para los migrantes ilegales que llegan por la frontera de Tapachula, Chiapas, se encuentran abarrotados. En los albergues temporales del DIF estatal y Municipal, se ha cancelado la ayuda. Ya no reciben a nadie más de los que se atreven a deambulan por las calles de esta ciudad.
Por eso, todos los migrantes que llegan a tocar las puertas de estas instituciones, en solicitud de ayuda humanitaria, son remitidos a otros albergues temporales que son sostenidos por organizaciones no gubernamentales, principalmente de las diversas iglesias que operan en la zona, las que ofrecen asistencia, solo por amor al prójimo.
Son las brigadas de voluntarios de los albergues temporales como las del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Albergue Misión México Dando Amor, Vida y Esperanza, Albergue Belén y del Albergue Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante, las que realizan recorridos por la zona urbana de Tapachula, para entregar agua y alimentos a los migrantes que todavía se atreven a dormir en las calles.
Otras brigadas de voluntarios, como las del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada y Hogar de la Misericordia, van más allá: realizan recorridos por la zona fronteriza de El Talismán, para verificar que las detenciones de los migrantes que ingresan por Guatemala, se lleven a cabo dentro de la legalidad, por parte de los funcionarios del INM y de la Guardia Nacional, en donde los casos más recurrentes de violación a sus garantías es la incomunicación.
A la fecha, se estima que los 15 albergues temporales no gubernamentales que operan en Tapachula, brindan asistencia humanitaria a por lo menos el 30 por ciento de los migrantes ilegales que han llegado en los últimos meses al estado de Chipas, los que de acuerdo a un funcionario del INM pudieran ser más de 17 mil, principalmente de África, Centroamérica y del Caribe.
