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Ignora Murat Hijonosa llamado de organizaciones civiles a transparentar recursos que se usan para combatir Covid-19

Miguel Ángel Maya Alonso

De manera tajante, las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Tojil sentenciaron que es inaceptable que a más de cuatro meses del inicio de la contingencia sanitaria por Covid-19, el Gobierno del Estado de Oaxaca no haya hecho pública la información de los planes, programas o acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos.

No es la primera vez que estás organizaciones hacen el llamado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien ha ignorado los llamados de estas organizaciones y ha gastado en la opacidad los recursos para combatir la emergencia sanitaria.

En total, son 21 estados los que no transparentan la información, por lo que no se puede consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia detallando como mínimo el bien o servicio contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor.

“Aunque con diferentes niveles de información y de apertura de datos entre los 11 estados que sí publican, se han ejercido más de 4 mil 500 millones de pesos (4.583.120.265,68) en contrataciones por Covid-19”, señala Transparencia Mexicana y Tojil.

Es de recordar que apenas el 29 de mayo, las autoridades estatales anunciaron, mediante un comunicado, la adquisición de 150 ventiladores mecánicos, con una inversión de 200 millones de pesos, sin especificar a que empresa de realizó la compra.

En Oaxaca no se cuenta aún con información detallada que permita la rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas a partir de la pandemia, “22 gobiernos estatales y el Gobierno Federal publican información sobre programas y acciones en el marco de la emergencia, aunque no en todos los casos publican reglas de operación, el presupuesto asignado y su avance”, detalla el informe.

Las organizaciones civiles señalan además la ausencia y hasta omisiones de los Congresos en términos de fiscalización, ya que, en la emergencia, los órganos legislativos, entre ellos el de Oaxaca, no han usado su facultad de fiscalización a los poderes ejecutivos en términos de seguimiento al uso de recursos para atender la emergencia y mitigar sus efectos.

“De los 34 órganos legislativos, sólo dos han activado mecanismos de fiscalización. Los congresos de Sonora y Coahuila activaron comisiones de vigilancia. Sonora, además, es el único estado que ha activado una auditoría especial para vigilar los recursos ejercidos por Covid-19”, detalla el análisis.

 

 

 

 

 

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