- Urgen la cancelación inmediata de las denuncias judiciales emitidas por la SCT, en contra de David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño, Mariano de la Rosa Jimenez y Alberto Patiño de la Rosa, defensores indígenas
- Responsabilizan al presidente municipal Antonino Morales Toledo del hostigamiento y las agresiones
Karen Rojas Kauffmann/
Oaxaca de Juárez.- Luego del encuentro que mantuvieron alrededor de 30 comunidades indígenas, representantes de la asamblea permanente y colectivos sociales en la comunidad de Puente Madera los días 19 y 20 de junio, defensores de la tierra y el territorio que participaron en el encuentro exigieron a través de un comunicado la cancelación inmediata de las denuncias judiciales emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en contra de sus compañeros David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño, Mariano de la Rosa Jimenez y Alberto Patiño de la Rosa, defensores indígenas de la tierra y el territorio de la comunidad Binnizá que pertenece al municipio de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec.
En el comunicado, responsabilizaron a la SCT, al cabildo y al actual presidente municipal de San Blas Atempa y dirigente estatal del Frente Único de Comunidades Oaxacqueñas (FUCO) Antonino Morales Toledo, de la integridad física y emocional de sus compañeros defensores de la tierra y el territorio de Puente Madera.
“Esta denuncia es una clara muestra de la criminalización de la protesta social y las acciones emprendidas por la comunidad Binnizá de Puente Madera en la defensa de su tierra y territorio ante la imposición de un Parque Industrial en tierras de uso común en el paraje de El Pitayal, en el contexto regional de la imposición del Corredor Interoceánico, mediante negociaciones con las autoridades agrarias a puertas cerradas y simulando una serie de consultas a modo”, manifestaron.
Vale la pena recordar que durante el encuentro ‘El Istmo que tenemos, defendemos y queremos es nuestro’, que sostuvieron el fin de semana pasado, los asistentes denunciaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende transformar la región del Istmo de Tehuantepec en “un inmenso corredor de manufactura, ensamblaje y transporte de mercancías en manos del capital estadounidense e internacional, y que al mismo tiempo funcionará como un muro de contención de los procesos migratorios que vienen desde Centroamérica”.
Ahí mismo informaron que el Gobierno Federal pretende instalar 10 parques industriales en Oaxaca y Veracruz, y llevar a cabo la modernización y ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y de las vías del Tren Transístmico; y denunciaron que, se busca instalar a demás, una serie de gasoductos paralelos a las vías del ferrocarril.
“El Corredor Interoceánico es mucho más que un simple tren, es un proyecto de producción y transporte de mercancías que surge de la necesidad de insertar a la región en la relación de producción, circulación y consumo de la naturaleza, energía fósil y mano de obra barata al servicio del capital financiero nacional e internacional”, sentenciaron.
Consultas ‘hechas a modo’
Colectivos organizados, representantes de comunidades y la Asamblea Permanente de Puente Madera, han denunciado en diversas ocasiones que la administración del presidente Andrés Manueñ López Obrador ha intentado justificar la entrega de este territorio mediante una serie de consultas indígenas en las que impera la simulación, los procesos burocráticos y la violación al derecho de la libre autodeterminación, en las comunidades de San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y está por iniciarse una más en Asunción Ixtaltepec.
Para los defensores comunitarios las consultas han servido “como instrumento para el despojo de los territorios”, y denunciaron que la Procuraduría Agraria de Tehuantepec “se encuentra coludida con intereses de diversos grupos políticos y empresariales para despojar a la comunidad de Jalapa del Marqués” para así beneficiar la tala de hectáreas de bosques que sirvan a la siembra de monocultivos de Agave.
Un alcalde peligroso
En junio de 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del gobierno municipal de San Blas Atempa bajo el argumento de que Morales Toledo, de extracción morenista, podría estar vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Días después, las cuentas fueron descongeladas, sin embargo, según diversos expedientes, no es la primera vez que involucran, mediante llamadas anónimas incluso, al edil blaseño.
El 5 de julio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), abrió la carpeta de investigación FED/OAX/SC/0001548/2019, luego que la apoderada legal de PEMEX Logística remitió una denuncia anónima, recibida el 28 de junio de ese año, donde se señalaba que el presidente municipal sustraía combustible de manera ilegal desde un ducto que pasa por su propiedad.
Luego de tres meses de investigaciones, un agente del Ministerio Público de la Federación del puerto de Salina Cruz determinó “el no ejercicio de la acción penal” en su contra, aunque la carpeta quedó en resguardo del archivo temporal, cuyo delito prescribirá en abril de 2034.
