- El frente contra la minería en Oaxaca denunció que la empresa Cuzcatlán filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, ha violentado la legislación ambiental vigente en el país, no cuenta con los permisos ambientales y la licencia social de las comunidades; desde octubre de 2021 hasta enero de 2023, el proyecto minero opera en completa ilegalidad
Karen Rojas Kauffmann /
Oaxaca de Juárez.- Autoridades municipales y agrarias de los Valles Centrales de Oaxaca, integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, informaron que este mes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), revaluaría la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), mediante la cual extendió por 12 años el funcionamiento de la empresa minera ubicada en San José del Progreso.
Informaron que “mediante tráfico de influencias y diferentes actos de corrupción, la empresa Cuzcatlán logró que la Semarnat otorgara en diciembre de 2021 una extensión de 12 años, a pesar de las evidencias entregadas por las comunidades afectadas por el funcionamiento de la mina”. Sin embrago, el permiso “careció de un análisis técnico profundo, transparencia y falta de legalidad”, por lo que la secretaría del medioambiente decidió retirar la autorización, y desde octubre de 2021 hasta enero de 2023, el proyecto minero opera en completa ilegalidad, denunciaron.
“La empresa Minera Cuzcatlán filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, ha violentado la legislación ambiental vigente en el país, no cuenta con los permisos ambientales y la licencia social de las comunidades, por lo que exigimos al gobierno federal su cancelación inmediata. La empresa minera debe ser sancionada de acuerdo con las leyes vigentes por tráfico de influencias y corrupción”, insistieron.
En un comunicado, la empresa señaló que la reevaluación del permiso que le otorgó la Semarnat, “no afecta las actividades cotidianas de la mina” e indicó que San José cumple las leyes ambientales de desarrollo sostenible, aunque pobladores y autoridades locales aseguran que en dos ocasiones previas, la secretaría del medioambiente ha negado los permisos de operación porque el proyecto “no considera los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales, y no muestra la totalidad de los impactos generados” en el territorio de los Valles Centrales de Oaxaca.
El Frente contra la Minería reprobó también las recientes declaraciones públicas del Gobierno Federal en torno a la “bondad” de los proyectos mineros canadienses. “En el caso de Fortuna Silver Mines se ha comprobado la contaminación irreversible al medio ambiente, además la imposición de la mina ha generado división y violencia en la comunidad donde se asienta el megaproyecto”, detallaron.
Señalaron que la Semarnat no debió extender la autorización para el funcionamiento por 12 años porque no existe ninguna figura legal para extender una MIA, y recordaron que el proyecto Cuzcatlán construyó 75 obras irregulares sin autorización previa de la dependencia.
Finalmente advirtieron a los inversionistas que la minera asentada en San José del Progreso desde 2006, ha ocasionado la división comunitaria y el asesinato de defensores territoriales a través de diversos grupos de choque que han amenazado sistemáticamente a las autoridades locales.
Apoyo a minería desde Palacio Nacional
Diversas organizaciones civiles de México advirtieron hoy que existen decenas de conflictos ambientales, laborales y de derechos humanos con mineras canadienses, lo que contradice comentarios que este mes formuló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia matutina del pasado 19 de enero, López Obrador dijo de las 125 mineras canadienses en el país, sólo dos son responsables de haber generado violencia en las comunidades donde operan, mientras que el Estado, dijo, “debe hacerse cargo por la inseguridad en Guerrero, donde una compañía denunció extorsiones por parte del crimen organizado”.
Las declaraciones del ejecutivo generaron inconformidad y diversas críticas de organizaciones civiles quienes aseguraron que “existen decenas de conflictos por compañías canadienses en México que muestran constantes violaciones de derechos humanos y múltiples impactos ambientales y sociales. Así mismo, la minería continúa siendo uno de los sectores con mayor opacidad y falta de transparencia”, aseguró la colectiva Cambiémosla Ya, quien insistió además en la necesidad de hacer una reforma integral a la Ley Minera para frenar los abusos de estas empresas.
“Es inaceptable y totalmente falsa la afirmación del Presidente de la República cuando dice que la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio y que se cuide el medio ambiente. Por el contrario, la mayoría de las empresas canadienses continúan enriqueciéndose a costa de las violaciones de derechos humanos y la contaminación del medio ambiente”, sostuvo la colectiva de comunidades, organizaciones, personas académicas y ciudadanos interesados en defender los derechos y al medio ambiente de la voracidad empresarial.
Según información publicada en Sinembargo.mx, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), ha reportado 58 conflictos mineros en México, mientras que el Proyecto Goliat de FACSO ha documentado 374 hechos conflictivos reportados en 134 proyectos mineros. El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), de la Universidad de Barcelona, ha reportado 149 conflictos ambientales, de los cuales, 32 corresponden a la actividad minera.
