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  • El instrumento público establece como requisito para fungir como servidores públicos y de elección popular, no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente, y se prevé que la presente reforma  sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.

 

Karen Rojas Kauffmann /

 

Oaxaca de Juárez.-Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a recibir alimentación, así como el de todas las mujeres a una vida libre de violencia, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución de Oaxaca para prohibir que las personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias ocupen cargos públicos y de elección popular.

La propuesta  enviada al pleno por el gobernador Salomón Jara Cruz, el pasado 1 de febrero, fue aprobada este miércoles con 34 votos a favor, y aplicará en los tres poderes del estado y de los órganos autónomos. Se espera que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

La diputada priísta Mariana Benitez Tiburcio, aseguró que con la aprobación de la reforma, se envía un mensaje muy fuerte de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres porque “los delitos de violencia familiar tienen una de las mayores incidencias delictiva en nuestro Estado, tan es así que en 2022 se iniciaron 7 mil carpetas de investigación por violencia familiar en Oaxaca y por violencia sexual manifestada en delitos de violación, abuso y hostigamiento sexual”, detalló.

En medio de la aprobación a la reforma, un grupo de madres organizadas a favor de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, instalaron un tendedero con decenas de lonas, fotografías y datos de deudores alimentarios con el que exhibieron a líderes de organizaciones, servidores públicos y ciudadanos que han evitado cumplir con la obligación de proporcionarles alimentación, salud y educación a sus hijos.

 

Diana Luz Vázquez Ruiz, activista, feminista y principal impulsora de La Ley Sabina y del Tendedero de deudores alimentarios en Oaxaca, celebró la aprobación de la ley y agradeció el impulso y respaldo del gobernador. Las integrantes de Las Constituyentes Feministas, una organización política impulsora de La constitución violeta y la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, agradecieron “a las diputadas que se sumaron para cerrarle la puerta a los agresores sexuales, a deudores alimentarios y a los golpeadores en los cargos públicos”, a través de su cuenta de twitter.

Concepción Rueda, diputada local de Morena, impulsora de la ley y presidenta de la Comisión de Migración en el Congreso del Estado, explicó que ninguna persona que aspire a ser nombrada como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, en el Consejo de la Judicatura, como auditor o sub auditor del Órgano Superior de Fiscalización de Oaxaca, como titular o comisionado de la Defensoría de los Derechos Humanos o del Órgano de transparencia del Estado, y esté condenada por violencia familiar, delitos sexuales o deudoras alimentarias podrá ocupar el cargo.

Tras la aprobación, el gobernador Salomón Jara agradeció al Congreso del Estado por aprobar la reforma constitucional y con ello “garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres”, sin embargo, uno de los escoltas del mandatario oaxaqueño ha sido señalado como deudor alimentario moroso.

Según información publicada en diferentes medios locales derivada de una denuncia hecha en la página de facebook Deudores Alimentarios Morosos Oaxaca, Michael A.V., adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, trabaja como escolta del gobernador por lo que las activistas e impulsoras de la ley exigieron que, en congruencia con la iniciativa presentada por el gobernador, obligue a que el moroso pague la manutención o sea despedido.

Geovany Vásquez Sagrero, titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno de Oaxaca, explicó que el instrumento público establece como requisito para fungir como servidores públicos, no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.

La nueva legislación, dijo, “considera que este requisito es exigible para las personas que deseen postularse como diputados y diputadas locales. También, para que sea extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado”, y enfatizó que se prevé que la presente modificación sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.

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