Skip to main content

 

  • Integrantes de 11 comunidades indígenas organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, ganaron un amparo que frena temporalmente las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios; exigen la revisión a fondo de los permisos entregados sin el consentimiento de los pobladores

 

Texto: Karen Rojas Kauffmann /

Fotos: Educa Oaxaca

 

Oaxaca de Juárez.- Tras 15 años de lucha, 11 comunidades zapotecas ubicadas en la región de Valles Centrales , en Oaxaca, obtuvieron la suspensión de plano de concesiones mineras del Proyecto San José, que prohíbe a la Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, se abra paso entre las montañas de sus comunidades.

Con una decisión contundente, Emmanuel Hernández Alva, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, determinó la suspensión “para que las autoridades responsables se abstengan de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad y posesión de los terrenos de régimen agrario, a las poblaciones de mérito, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente guardan y no se les prive o despoje de su territorio”.

La decisión supone que, por orden judicial, ni la Minera Cuzcatlán ni autoridades federales o estatales pueden entrar a sus territorios a promover ningún proyecto minero, ya que las concesiones entregadas por el gobierno federal se encuentran en revisión por el sistema de justicia mexicano”.

 

 

Autoridades municipales y agrarias de los Valles Centrales e integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, denunciaron que la situación más grave se dio bajo el mandato de María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y del delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca José Carlos Fuentes Ordaz, “quienes en pleno proceso de diálogo con las comunidades, determinaron otorgar 10 años de explotación comercial a favor de la empresa minera y promover reuniones con directivos para negociar”, por lo que exigieron al juzgado, la revisión a fondo de las concesiones mineras entregadas sin el consentimiento de los pobladores.

En una rueda de prensa realizada el pasado 3 de abril, los integrantes del frente minero afirmaron que “la Minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente en el país, no cuenta con los permisos ambientales ni la licencia social de las comunidades”, por lo que pidieron al gobierno federal su cancelación inmediata. Además, “la empresa debe ser sancionada de acuerdo con las leyes vigentes por tráfico de influencias y corrupción”, exigieron.

Las autoridades agrarias y municipales de las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Cerro de las Huertas, San Juan Coatecas Altas, San Dionisio Ocotepec, San Martín de los Cansecos, San Nicolás Yaxe y El Llano Sitio Santiago, pidieron que las autoridades estatales garanticen sus derechos territoriales, respeten la suspensión de plano y establezcan las medidas necesarias para el cierre definitivo del proyecto y la operación de la empresa minera en los Valles Centrales de Oaxaca.

 

 

Pidieron también que se acate la suspensión de plano y se establezcan medidas para el cierre definitivo del proyecto y la operación de la empresa canadiense en los Valles Centrales de Oaxaca.

“La compañía minera y el gobierno federal vulneraron nuestros territorios desde la imposición del Proyecto San José, y el otorgamiento de permisos ambientales sin nuestro consentimiento. Han violentado de manera sistemática los derechos territoriales de las poblaciones y nuestra decisión es contundente”, manifestaron.

Finalmente, advirtieron a los inversionistas que la empresa ha ocasionado la división comunitaria y el asesinato de defensores territoriales a través de diversos grupos de choque que han amenazado sistemáticamente a las autoridades locales.

¿A quién beneficia la minería canadiense?

Según un comunicado publicado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, en enero de 2023, Canadá se ha beneficiado más que ningún otro país, de la aurificación de la minería en México. Sin embargo, advierte, “las enormes ganancias de esta explotación no se reportan cabalmente a las autoridades nacionales y contrastan con su ínfima contribución al bien público con escasos empleos y reducidos impuestos”.

De acuerdo con la información de la organización dedicada a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas, “en 2019 los ingresos fiscales de la extracción de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas el 0.13% de la recaudación total del gobierno federal por actividad económica; para 2020 la minería aportó 0.32%; para 2021 el 0.97%, lo que evidencia, además, que muchas empresas mineras que operan en el país se niegan a cumplir con sus obligaciones fiscales”.

Deja una Respuesta