• Su detención forma parte de un fenómeno de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos sistemático, regional y creciente en México, y que en Oaxaca, ha sido identificado como un modus operandi asociado a detenciones arbitrarias y prolongadas, de acuerdo con expertos de la ONU

Karen Rojas Kauffmann/

Oaxaca de Juárez.- Integrantes de organizaciones y colectivos en defensa de los derechos humanos de Oaxaca exigieron la libertad inmediata del defensor indígena Pablo López Alavez, que permanece desde hace 13 años acusado de homicidio calificado, luego de denunciar la tala ilegal en San Isidro Aloapam, una pequeña comunidad de la Sierra Juárez.

El 15 de agosto de 2010, López Alavez fue detenido de manera arbitraria en las inmediaciones del Río Virgen por un grupo de 15 hombres encapuchados y fuertemente armados. Antes de ser secuestrado, los hombres golpearon al defensor y amenazaron a su familia; luego lo mantuvieron incomunicado durante varias horas hasta que fue entregado a elementos de la policía estatal quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público de Villa de Etla, a 2 horas de su comunidad.

Las y los activistas aseguraron que la criminalización del indígena zapoteco y defensor del medio ambiente “se dio a manos del gobierno autoritario y asesino de Ulises Ruiz Ortiz, quien fue responsable de un sinfín de actos de violencia y asesinatos contra el movimiento social oaxaqueño”. La liberación de López Alavez, coincidieron, “es una deuda pendiente de esta represión priista. Desde la detención arbitraria de Pablo López se han sucedido tres sexenios en Oaxaca, en los que la criminalización de la defensa de los derechos humanos ha sido una constante”, insistieron.

Yolanda Pérez Cruz, defensora y esposa de Pablo López Alavez. Fotos: Consorcio Oaxaca.

Con esta acción organizada grupos de la sociedad civil oaxaqueña, comités de familiares de defensores, presos políticos y ong´s nacionales e internacionales expertas en acompañamiento, documentación y protección a defensores, denunciaron la existencia de un patrón que busca desarticular y deslegitimar el rol o la participación que las y los defensores de derechos humanos tienen en la consolidación de las luchas comunitarias en el Estado, por lo que urgieron a Salomón Jara, “primer gobernador indígena quien se ha comprometido a apoyar a los pueblos indígenas”, se pronuncie por la liberación del defensor zapoteco.

Durante el pronunciamiento recordaron que “hace un año, al menos 142 comunidades de diversos estados del país, 33 organizaciones nacionales e internacionales, expertos y actores internacionales como la Relatora Especial de Naciones Unidas Mary Lawlor, exigimos la libertad de Pablo y reivindicamos su lucha a través de la siembra de cientos de árboles en 10 países del mundo”.

La criminalización de Pablo López como represalia a su labor de defensa de la tierra y el territorio, aseguraron, la ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas a través de la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. “Hoy se hace preciso recordar que los expertos de la ONU han emitido seis opiniones sobre un total de 32 personas defensoras de Oaxaca, que han sido detenidas y criminalizadas por su defensa a los derechos humanos en Oaxaca”.

En un comunicado de prensa, la organización civil Consorcio Oaxaca, que le ha dado acompañamiento legal al defensor comunitario, sentenció que los gobiernos de la 4T tienen no solo la responsabilidad moral y ética, sino la obligación de garantizar el cese a 13 años de arbitrariedades e injusticias cometidas desde gobiernos priistas en Oaxaca contra el defensor defensor indígena Pablo López Alavez.