- Además de darles protección, el presidente Juan Carlos García Márquez, habría operado desde comunicación social la difusión de información falsa y criminalizando al joven en medios oficiales, para ocultar que los policías no estaban certificados para portar armas de fuego.
Texto: Antonio Mundaca /
Oaxaca de Juárez. – La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) afirmó que policías municipales de Santa Lucia del Camino cometieron una ejecución extrajudicial contra el joven universitario Diego Ignacio Paz y el presidente municipal Juan Carlos García Márquez los protegió al no realizar ningún procedimiento legal contra la corporación.
De acuerdo a la recomendación 20/2025, iniciada el 31 de agosto de 2024, derivada de las publicaciones de medios de comunicación que señalaron que un joven había sido baleado por elementos policiacos durante un operativo alcoholímetro implementado por órdenes del edil, el joven no se encontraba alcoholizado ni había consumido drogas según lo confirmado por los dictámenes periciales.
La noche de 30 de agosto de 2024, Diego Ignacio Paz y otro joven que lo acompañaba viajaban en un vehículo, cuando uno de los policías les ordenó bajarse del vehículo en el retén. Ante el temor por la actuación prepotente de los agentes de seguridad, Diego evadió el alcoholímetro y dejó el carro estacionado calles adelante. Él y su acompañante trataron de continuar a pie y escapar de los policías; de pronto se separaron y los policías dispararon sus armas y mataron a Diego, mientras que al otro joven lo torturaron encima del techo de una casa, que posteriormente se desplomó, según los reportes periodísticos.
Según la DDHPO, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, difundió información falsa en medios de comunicación y en comunicados oficiales de que los jóvenes se encontraban alcoholizados y no hay ninguna evidencia de que durante su huida atropellaron a un elemento de seguridad pública.
La autopsia reveló que Diego Ignacio Paz recibió dos disparos por la espalda, a la altura de la cadera, y que incluso lo patearon y torturaron pese a que se encontraba herido por los disparos del arma de fuego. Además de que los policías que participaban en el operativo alcoholímetro no estaban certificados ni capacitados, y que, por tanto, primero, no debieron ser contratados, y en segundo, no tenían derecho a portar armas de fuego.
“El Ayuntamiento fue omiso en proporcionar un listado de las personas servidoras públicas que intervinieron en los hechos, ni remitió el informe de todos los superiores y cadena de mando responsables de la planificación y ejecución del operativo de los días 30 y 31 de agosto de 2024 y quienes de manera remota o en el lugar de los hechos supervisaran o realizaran alguna función de mando o control de los elementos policiales que participaron en la persecución y uso de la fuerza”, confirmó el organismo público.
