- La diputada local por el Partido del Trabajo, Araceli Cruz Martínez, en un desafío directo a la estructura de la Primavera Oaxaqueña, formalizó la petición de destitución de Jesús Romero López. Lo acusa de ser el principal obstáculo para la paz social y de haber convertido la Secretaría de Gobierno en una dependencia disfuncional frente a la creciente conflictividad agraria y de seguridad.
Gabriela García/
Oaxaca de Juárez.- La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Oaxaca ha lanzado un ultimátum que cimbra los cimientos del Palacio de Gobierno, en lo que podría ser otra fractura más dentro de la coalición oficialista hasta la fecha.
La diputada petista, Araceli Cruz Martínez, sumando la voz de diversos sectores sociales inconformes, solicitó formalmente al titular del Poder Ejecutivo la destitución inmediata de Jesús Romero López como Secretario de Gobierno. El argumento es que el funcionario no solo ha fallado en la tarea de concertación política, sino que su permanencia en la administración jarista se ha vuelto un factor de inestabilidad que pone en riesgo la gobernabilidad del estado.
La legisladora señaló que la política interna de Oaxaca atraviesa una “parálisis operativa“. Según la diputada federal, Romero López ha priorizado la construcción de una narrativa mediática y aspiraciones políticas personales por encima de la resolución de los focos rojos que mantienen en vilo a diversas regiones. Los conflictos agrarios que desangran a la Mixteca y la Sierra Sur, sumados al desbordamiento de la inseguridad en el Istmo y la Cuenca, son citados como pruebas de una gestión que “dialoga pero no resuelve, acuerda pero no cumple”.
Jesús Romero López. Gobierno de Oaxaca
“No podemos seguir administrando el caos con simulaciones. Oaxaca requiere un operador político, no un protagonista de redes sociales”, sentenció Aracely Cruz, con una acción que refleja el hartazgo de las bases que, paradójicamente, ayudaron a llevar al actual gobierno al poder. Esta demanda no ocurre como un hecho aislado, sino como la culminación de meses de fricciones y en los que se se acusa a la Secretaría de Gobierno (SEGO) de haber cerrado las puertas a las organizaciones sociales y de utilizar la estructura estatal para el golpeteo político interno en lugar de la conciliación.
Este acción legislativa coloca al Gobierno del Estado en una postura crítica. Ignorar la petición del PT implicaría validar la gestión de un secretario cuestionado y profundizar la división con un aliado estratégico en el Congreso. Por otro lado, ceder ante la presión significaría reconocer un error sistémico en el corazón del gabinete.
Mientras tanto, la figura de Jesús Romero queda bajo el fuego cruzado de una opinión pública que exige resultados tangibles en un estado donde la paz social sigue siendo una asignatura pendiente y costosa. La moneda está en el aire, pero el mensaje es claro: para el PT, el tiempo de Romero López en la SEGO ha caducado.
